Alejandro Conde | El pasado sábado 15 de abril los transeúntes y visitantes de la turística ciudad costera de Sitges tuvieron un pequeño sobresalto al ver aparecer la concurrida manifestación encabezada por la pancarta “La Caixa o la vida: por un VPO sin abusos ni especulación”. Se palpaba en el ambiente la sorpresa de un público más habituado a las típicas ruas y celebraciones, no faltó alguna con cara de susto y otro más bien de excitada curiosidad como si se tratara de una divertida y folklórica anécdota que enriqueciera la narración de sus vacaciones. 

La marcha recorrió los lugares más emblemáticos de la población, desde la calle Primer de Maig (malconocida como carrer del Pecat) hasta la icónica “punta de Sitges” en la plaça del Baluard desde donde se desplegó una pancarta gigante en defensa del derecho a la vivienda y finalizó en el l’Hort de Can Falç con parlamentos de inquilinas afectadas.

Bajo el lema “Destapem LaCaixa” la manifestación fue convocada por un grupo de inquilinas de 14 promociones de vivienda de protección oficial propiedad de CaixaBank en Catalunya con el apoyo del Sindicat de Llogateres y el respaldo de unas sesenta organizaciones con el objetivo denunciar la especulación de la obra social La Caixa y reclamar un nuevo modelo de vivienda pública y la regulación de los precios del alquiler.  Y de hecho, la concentración vino precedida del anuncio el día anterior por parte de ERC y Bildu de un acuerdo con el gobierno respecto a la nueva Ley de Vivienda. Acuerdo que ha sido duramente criticado por el Sindicat, al incluir una regulación “llena de agujeros y que no impedirá que los precios sigan creciendo sin límite”. Por tanto, no faltaron los chascarrillos y las tertulias en las que se discutía los entresijos del citado acuerdo y en las que imperaban los interrogantes y el escepticismo. 

Se calcula que más 2.500 familias están afectadas por el acoso, las cláusulas abusivas y las extorsiones con las que la entidad bancaria está expulsando a las inquilinas de los pisos de VPO de la Obra Social de La Caixa construidos en Catalunya entre 2002 y 2012. Se trata de una série de promociones de vivienda por las cual la entidad bancaria se benefició de subvenciones públicas millonarias – también de transmisiones de suelo público mediante la cesión o venta a precio favorable- con la excusa de ofrecer durante un período limitado un precio de alquiler regulado. 

De hecho, en su informe “Vivienda de desprotección oficial” el Sindicat de Llogateres recoge los casos de los bloques de la obra social en Sitges, Salou y Cornellà y en este demuestra que la entidad bancária amortizó la práctica totalidad de la inversión de la promoción de los bloques en tan solo diez años tan solo con los ingresos del alquiler social. Es decir, se disfrazó de causa solidaria el uso lucrativo y expolio de recursos públicos. Y es que, las cifras son demoledoras: según el mencionado informe, la entidad habría recibido un beneficio neto de 18,9 millones de euros con la recaudación del alquiler social en el periodo regulado tan solo en las tres promociones recogidas en el estudio. Datos que hacen más perversos, si cabe, los planes de reconvertir estos bloques en vivienda de renta libre con los que seguir acrecentando la especulación inmobiliaria (y además sobre suelo originalmente público). 

El objetivo de protesta era reclamar que las viviendas protegidas ya construidas “se utilicen para resolver las necesidades del derecho a la vivienda de la clase trabajadora y los sectores populares del país así como que las nuevas promociones de vivienda pública se diseñen para garantizar su función social y no el enriquecimiento privado además de que sean coherentes con la necesidad de la transición ecosocial y el equilibrio territorial”.

Los movimientos sociales de la ciudad y del conjunto de la comarca del Garraf recibieron con los brazos abiertos la convocatoria a nivel de Cataluña del Sindicat, un poco desde la resignación y el complejo que supone que sus reivindicaciones puedan ser frivolizadas en un municipio donde parece que todo está relacionado con el glamour y la purpurina. Nada más lejos de la realidad y es que el incremento de las rentas de alquiler supone a la práctica la expulsión de sus vecinas con la frustración vital que eso conlleva en sitios donde además de los lazos familiares hay un arraigo social y cultural de pertenencia muy fuerte. 

Y es que en este sentido Sitges tampoco es un lugar casual. Se trata de uno de los 60 municipios considerados “mercado de área tensa para la aplicación de la contención de rentas del alquiler” para los cuales era efectiva la Ley catalana de regulación de precios anulada el marzo del año pasado por el TC. En la turística localidad de 31 mil habitantes y situada a 40km de Barcelona, el precio del alquiler ha subido un 37,86% en tan solo diez años (de los 795€ de media el 2012 a los 1.096€ de media el 2022) en una ciudad en la que se estima (y aún a la espera del último recuento que hace INE cada década) que al menos 1 de cada cuatro viviendas son de alquiler. 

Jetza Alcázar, que fue inquilina desde los inicios en las viviendas de la Obra Social en Sitges (133 pisos entre tres bloques) lo resumió así: “La sitgenas no hemos escogido donde nacer, ni somos responsables de este nivel de precios. Las sitgetanas no podemos independizarnos en condiciones y se nos expulsa de la vila que nos ha visto nacer en favor de los que vienen de fuera con la cartera llena y que no tienen más vínculo con la localidad que el reclamo publicitario de la marca Sitges.”  

En el fondo de las críticas está la histórica política de vivienda española que ha supuesto que en España el parque público de vivienda ronde como máximo entre el 1-2% del total, cuando por contra en los países europeos homologables se encuentra entre un 15-25%.    

Una situación que no es casual y es que hablamos de la privatización planificada y sistemática en todo el Estado del suelo público tanto en la dictadura como en democracia. Planificación que podríamos poner como origen la célebre declaración de intenciones del ministro de vivienda franquista Jose Luis Arrese: “Queremos un país de propietarios y no de proletarios”. El objetivo era claro, impulsar la derechización de la sociedad española mediante la perversión del derecho social de la vivienda hasta convertirlo simplemente en un bien de mercado. Una política que mutó del desarrollismo en el periodo franquista a la burbuja inmobiliaria en el democrático y es que un informe reciente de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona concluye que de los 582.517 pisos públicos construidos en el area metropolitana de Barcelona entre 1960 y el 2021, actualmente tan solo se conservan 72.501 y el 2030 solo quedarán 36.470.
En lugares como Sitges las conclusiones son claras: no solamente se vulnera el derecho a una vivienda y se provoca el exilio forzado o la precarización. Sino, que además se alinea a la clase trabajadora para la cúal el elemento de distinción de clase a veces ya no es tanto la renta como si la propiedad. Una explotación patrocinada con dinero público y es que como se gritó en la manifestación: “La Caixa ens roba i el govern col·labora.”