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Oscar Blanco | Catalunya encabeza el vergonzoso ranking de los desahucios en el Estado español. Entre abril y junio se efectuaron 2.624, es decir, unos 40 diarios. Por lógica (y por suerte) también existe seguramente el movimiento por la vivienda más organizado y masivo. Además, parece que la Generalitat quiere ponerse líder en represión aplicando la Ley Mordaza con más ensañamiento que en ningún otro territorio contra quien defiende el derecho a tener un techo digno.

Esta semana colectivos del movimiento por el derecho a la vivienda catalán, como el Sindicat de Llogateres, la PAH o los sindicatos de vivienda, denunciaron en una rueda de prensa conjunta delante de la Conselleria de Interior de la Generalitat que acumulan 364 multas desde marzo del 2020 interpuestas por los Mossos d’Esquadra y amparadas en la Ley Mordaza, es decir, la ley 4/2015 de Protección de la Seguridad ciudadana aprobada por el Gobierno Rajoy.

Estas sanciones se reparten por diversas ciudades (Barcelona, Manresa, Mataró…) y 351 de ellas se han levantado contra personas que participaban en concentraciones para evitar desahucios. Según los cálculos de las organizaciones el total de estos procedimientos supone una cantidad acumulada de 206.141 euros por cargos de obstrucción, desobediencia o falta de respeto a la autoridad.

El desahucio en que se identificó y sancionó a más personas (74) fue en octubre de 2020 en la calle Córsega de Barcelona. En su momento ya recogimos en Poder Popular las denuncias del Sindicat de Llogateres en este caso concreto, aunque las multas han continuado llegando durante todo el año.

Esta actuación policial fue previa a las últimas elecciones en Catalunya. Sin embargo, los cambios en el Palau de la Generalitat no han frenado la avalancha de sanciones y de hecho los colectivos han explicado que incluso se han intensificado en los últimos meses después de la constitución del nuevo Govern liderado por Pere Aragonés y con ERC controlando el Departamiento de Interior.

Se da la «paradoja» que los socios del actual Govern, ERC y Junts, votaron contra la Ley Mordaza cuando se aprobó en el Congreso. De hecho, ERC y CiU presentaron incluso recursos de inconstitucionalidad contra la ley y ahora defienden su derogación, pero continúan aplicándola como los alumnos más aventajados. Por este motivo, el portavoz del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonés, calificó su oposición de «pantomima» y exigió que retiren las multas que ya están en marcha y que dejen de utilizar la Ley Mordaza para perseguir al movimiento por la vivienda.

También merece la pena recordar que uno de los acuerdos entre el PSOE y Unidas Podemos al inicio de la legislatura era derogar esta polémica ley y esta promesa, como otras tantas, no se ha materializado. Otra de las reivindicaciones de los movimientos catalanes por el derecho a la vivienda está relacionada con una situación similar: la no participación de los antidisturbios en los desahucios. Este cambio en los protocolos policiales fue uno de los compromisos de ERC para conseguir el apoyo de la CUP a la investidura de Pere Aragonés, pero se ha quedado en el papel.

Aún habría que añadir otros incumplimientos políticos y judiciales para entender lo dantesca que es la situación que denuncian las organizaciones sociales. Por un lado, el Gobierno PSOE-UP ha anunciado, en reiteradas ocasiones, que los desahucios de familias vulnerables estaban suspendidos. Esta moratoria ha sido incompleta en todo momento, los juzgados la han interpretado de forma restrictiva contra las familias en riesgo de quedarse sin casa y se han continuado produciendo desahucios. Los que sí se han suspendido en ningún caso están solucionados. Simplemente se ha echado la pelota hacia delante a la espera de que finalice la moratoria.

Por otro lado, diversos de los desahucios en los que se ha multado a activistas y vecinas incumplían la ley catalana 24/2015. Esta normativa, impulsada por la PAH y otras organizaciones, obliga a los grandes propietarios a hacer alquileres sociales en algunos supuestos a familias vulnerables y a la administración pública a reubicar a las que no viven en pisos propiedad de grandes propietarios. Los especuladores se saltan sistemáticamente esta ley con el beneplácito de la judicatura y ante la inacción de la administraciones públicas que abren escasos expedientes sancionadores. En resumen, las activistas por el derecho a la vivienda suplen la falta de las soluciones efectivas de los diferentes poderes y encima son perseguidas con multas de miles de euros.

La denuncia de los colectivos por el derecho a la vivienda parece estar lejos de frenar la escalada represiva de los Mossos. Este mismo jueves por la tarde el Sindicat d’Habitatge del Raval ha denunciado que un miembro del colectivo, Moha, ha sido detenido por su participación en un desahucio hace cinco meses, ha pasado la noche en comisaría y ha recibido insultos racistas . El mismo día Miguel del colectivo Raval Rebel se ha enfrentado a un juicio donde le piden cinco meses de cárcel por luchar contra el especulació y el narcotráfico. Pese a todo en la rueda de prensa Lidia Soler, de la PAHC Bages, lanzó un mensaje claro: la represión no va a frenar al movimiento.



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