La Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor el 21 de octubre, ya ha comenzado a aplicarse. Así, se han activado los procedimientos para cumplir, por ejemplo, su artículo 38.3, que establece que los restos mortales de dirigentes franquistas no pueden permanecer inhumados en lugares preeminentes de acceso público distintos a un cementerio. Esto afecta, de forma inminente, a la tumba del general Gonzalo Queipo de Llano en la basílica de La Macarena de Sevilla —la hermandad asegura que será en noviembre—. O a los restos del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, en el Valle de los Caídos, ahora llamado de Cuelgamuros —la familia no pondrá problemas, como sí ocurrió con la exhumación de Franco—. Hay otros casos similares, como los de los militares Jaime Milans del Bosch y José Moscardó, enterrados en Toledo. En noviembre de 2016 ya fueron exhumados los restos de los generales Mola y Sanjurjo en Pamplona.

La ley involucra a todas las administraciones públicas en la reparación del honor de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, e impone el compromiso de evitar cualquier acto de exaltación, enaltecimiento o conmemoración de las violaciones de derechos humanos cometidas durante el franquismo. En el Gobierno central, es la Secretaría de Estado de Memoria Democrática la que centraliza las tareas, resumidas en el siguiente esquema.

La ley también regula los llamados “lugares de memoria democrática” con una función “conmemorativa y didáctica”. Además del Valle de Cuelgamuros, cuyo proceso de resignificación comenzó con el traslado de los restos del dictador, son también lugares de memoria por su carácter simbólico de la represión el Fuerte de San Cristóbal, en Navarra, y el llamado Palacio de la Cumbre de San Sebastián, sede del Ministerio de Asuntos Exteriores durante las estancias veraniegas de Franco en la ciudad. A estos enclaves se unen otros previos a la Guerra Civil, como los vinculados a la “larga tradición liberal y democrática que surge en las Cortes de Cádiz con la Constitución de 1812″. El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, los enumeró en el Congreso. Son los que aparecen en el siguiente mapa.

Una de las principales novedades de la ley es que la Administración General del Estado asume el proceso de búsqueda de personas desaparecidas durante la guerra y la posterior dictadura, tarea a la que se destinará el 60% del presupuesto total asignado a la partida de memoria democrática. El siguiente mapa muestra las exhumaciones ejecutadas en España entre los años 2000 y 2019.

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Otro aspecto de la ley que ya ha empezado a aplicarse es la revocación de distinciones, nombramientos, títulos y honores institucionales, condecoraciones y recompensas que hayan sido concedidos o supongan la exaltación de la guerra y la dictadura. El pasado jueves, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, anunció el inicio del procedimiento para retirar la Medalla al Mérito en el Trabajo a Francisco Franco y a otros nueve represores. Y antes de eso ya fueron anuladas de manera automática, el mismo día de la entrada en vigor de la norma, todas las sentencias dictadas por tribunales franquistas y 33 títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1978.

La extensa norma trastoca otras muchas materias, como la judicatura (se crea un fiscal especializado en el Tribunal Supremo), la educación (se tienen que incluir en los libros de texto escolares contenidos que expliquen la represión durante la dictadura franquista), el callejero (en aquellos nombres de vías que hagan referencia a la sublevación militar, la dictadura, sus dirigentes o participantes en el sistema represivo) o incluso quién puede obtener la nacionalidad española. Las embajadas y consulados de España ya han comenzado a informar de los requisitos que deben cumplirse para obtener la nacionalidad, una opción de la que se podrán beneficiar miles de descendientes de españoles exiliados.

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