El problema añadido fue que Dolores nunca recurrió contra esa sanción. No porque no quisiera: «Nos engañaron. Fuimos a un graduado social que no movió ningún papel». El plazo venció sin que se formalizara el recurso. La afectada primero denunció por estafa al profesional que no interpuso el recurso. Fue archivada porque el juez entendió que no había engaño. Ahora, su nueva representación legal ha interpuesto una demanda por negligencia profesional al dejar agotarse el plazo.

Tras ser desahuciados de su vivienda en 2011, Dolores y su marido se hicieron con la finca. «Pusimos un contenedor para guardar nuestras cosas», recuerda. Acondicionaron la finca para pasar tiempo con sus cinco hijos y sus doce nietos. «Si no, dónde nos metemos». Uno de sus vecinos le denunció. «Aquí está todo lleno de obras ilegales y el Consell no hace nada», se queja.

Disciplina urbanística enumeró hasta 25 irregularidades. Algunas provocan las quejas de la propietaria, como las que afectan a unos depósitos de agua de plástico colocados sobre unas piedras. «Si no podemos tener agua, ¿cómo regamos? Todo el mundo tiene depósitos como estos y no pasa nada». Ante la falta de recurso, la sanción se ha convertido en firme y está en vía ejecutiva, lo que implica embargos en la nómina del propietario. También una orden de demolición de todos los elementos ilegales y la restitución de la finca a su estado original. «Que se queden con ella si quieren, pero que esto acabe», ruega.