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La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha convocado a las tres patronales bancarias –AEB, CECA y Unacc– el próximo 29 de junio (salvo cambio de planes, apenas una semana antes del inicio de la campaña electoral) para analizar el grado de cumplimiento del plan para ayudar a hipotecados en apuros que el Gobierno y el sector pactaron el pasado otoño, así como de los planes para mejorar el acceso a los servicios financieros de los mayores y en la España rural, según confirman diversas fuentes a este diario. La cifras de solicitudes y concesión de las medidas de alivio hipotecario están siendo muy inferiores a las previstas inicialmente, con lo que en el sector se teme que el Ejecutivo quiera aprovechar para lanzar algún mensaje o medida de presión, si bien su margen de actuación se ve limitado por la cercanía de los comicios.
En la primera reunión de seguimiento de los tres códigos de buenas prácticas acordados el año pasado por Economía y la banca, celebrada en marzo, el ministerio dejó la puerta abierta a modificar el plan de las hipotecas. «En el mes de junio se realizará una evaluación del código de buenas prácticas de alivio hipotecario para identificar posibles mejoras y, en particular, revisar los umbrales de aplicación a la luz de la evolución de los tipos de interés, los salarios y otras variables relevantes», apuntó en una nota de prensa.
La inclusión de la posibilidad de que se modifiquen los criterios que deben cumplir los potenciales beneficiarios enojó a la banca, ya que no fue pactada. En abril, de hecho, la presidenta de la patronal AEB hizo público el rechazo del sector a reabrir el plan. «Es esencial que el acuerdo se cumpla, que no se cuestione, que no se pongan cambios que generen incertidumbre o expectativas que afecten a la cultura de pago», defendió Alejandra Kindelán, quien en particular reclamó «no generar incertidumbre hablando de cambiar las condiciones y los umbrales».
Resultado incierto
Tras la convocatoria de las elecciones generales, la banca pensó que Calviño no le iba a llamar finalmente a la reunión, ya que las cifras del plan hipotecario van a ser bajas y la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero -reclamada por los otros participantes en el anterior encuentro: las asociaciones de mayores y la de consumidores Asufin- ha decaído pocos días antes de ser aprobada debido a la disolución de las Cortes. El hecho de que finalmente le haya convocado a la sede del ministerio en plena precampaña ha provocado inquietud en el sector. «Nos tememos alguna sorpresa, aunque su margen de actuación es bajo por las elecciones», apuntan fuentes financieras.
Tras la aprobación del plan en noviembre, el Gobierno apuntó que podría beneficiar a «más de un millón de hogares vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad» por el alza del euríbor. En privado, eso sí, reconocía que era una estimación de los beneficiarios potenciales, no de los previsibles. En abril, en esta línea, el Banco de España calculó en unos 200.000 los hogares que realmente es esperable que finalmente se beneficien de las medidas. El ministerio argumentó entonces que la economía, el empleo, la inflación y la renta de las familias estaban evolucionando mejor de lo previsto en noviembre gracias a la política económica del Ejecutivo, y no es descartable que ahora vuelva a esgrimir argumentos similares.
Soluciones alternativas
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Entre enero y principios de marzo, las entidades apenas recibieron unas 9.000 solicitudes de adhesión al plan hipotecario. El Banco de España -que desde el principio se ha mostrado partidario de centrar la ayuda en los hipotecados más vulnerables- está recopilando de los bancos información actualizada para que pueda ser utilizada de cara a la reunión del 29 de junio. Según fuentes del sector, la cifra solo aumentará hasta llegar a algunas pocas decenas de miles. La economía, argumentan fuentes bancarias, está yendo mejor de lo previsto y la morosidad o los problemas de pago no acaban de llegar.
Además, un porcentaje muy relevante de las solicitudes son rechazadas por no cumplir los requisitos (por ejemplo, por ser para una segunda residencia). Para evitar dar una imagen distorsionada, la banca también está recopilando datos sobre a cuántos de los hipotecados a los que se rechaza la solicitud las entidades les están ofreciendo una solución independiente y alternativa de las previstas en el código de buenas prácticas.
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