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Los centros educativos concertados son negocios privados, casi siempre religiosos, que se financian con dinero público y que promueven el clasismo y la discriminación

El pasado 7 de abril arrancó la campaña de la Renta de 2022. Como todos los años, los españoles tributaremos al Estado en relación con nuestro trabajo y los ingresos obtenidos; se trata de la contribución de los ciudadanos para mantener el soporte económico de lo público. Todos aportamos nuestro granito de arena para financiar, en teoría, las necesidades colectivas.

Y digo “en teoría” porque todos sabemos que con el dinero de todos también se financian negocios privados, entre otros eso que llaman “conciertos”. Los centros educativos concertados, por ejemplo, son negocios privados, casi siempre religiosos, que se financian con dinero público, y que, además, promueven el clasismo, el elitismo y la discriminación, lo cual es un disparate que sólo pasa en este país. Y todos sabemos también de las andanzas que corren los dineros de todos según sea la honradez o la indecencia supina de aquellos que ostenten el poder. Todos sabemos de presupuestos inflados, de amiguismos, de puertas giratorias, de contratos amañados, de comisiones multiplicadas por mil, etc. y etc.; y esos mismos, curiosamente, suelen ser los que hablan de valores y ponen a caer de un burro a los que intentan hacer las cosas medianamente bien. En fin ¡qué país de dios!

En ese contexto es inevitable ser consciente de que los neocon y los lacayos de las élites son adeptos a saquear las arcas públicas para engrosar los bolsillos privados, y de que la renta que pagamos los españoles por nuestro trabajo no recae del todo, ni mucho menos, en el bien común, y muchísimo menos después de que se haya asolado el país con las privatizaciones. A pesar de lo cual, es obvio que el motor económico de cualquier sociedad proviene de los impuestos; impuestos que pagan al Estado empresas, trabajadores y ciudadanos, en calidad de renta por el trabajo y en calidad de tributos de todo tipo.

Sin embargo, hay una excepción, una llamativa, enorme, paradójica, espectacular excepción que a mí al menos me resulta increíble que muchísima gente no sólo no tenga en cuenta sino que ni siquiera perciba. Se trata de los únicos españoles que no tributan, que no hacen renta, que no pagan IBI a pesar de ser los mayores propietarios del país de bienes inmuebles después del Estado. Me refiero a la Iglesia Católica. Es curiosísimo y enormemente contradictorio que la organización más rica del país, y una de las más ricas del planeta, no solo no tribute sino que, además, se lleve una parte del dinero que tributan todos los demás, pobres y ricos, buenos y malos, privilegiados y desfavorecidos. Y teniendo en cuenta, además, que recaba dinero del Estado por otros diversos medios, por ejemplo, a través de la asignación multimillonaria que reciben todos los años de los PGE.

La organización argumenta que todo ello es a cambio de ofrecer cobertura espiritual a los ciudadanos. Y en este punto habría que apuntar que la espiritualidad de las personas es, o debiera ser, libre, y no impuesta; y que vivimos en un país en el que, supuestamente, todos podemos, o deberíamos poder basar nuestra espiritualidad en la creencia o increencia que nos venga en gana, porque, además, como dijo Gandhi, la verdadera espiritualidad no milita en ninguna ideología, es decir, en ninguna religión. Otra es que ofrezcan rituales y creencias a las que se nos ha hecho adeptos desde la infancia; pero nada de eso, en realidad, tiene que ver con la verdadera espiritualidad.

Considerando todo lo cual, tendríamos que saber y tener muy en cuenta que las famosas casillas de los impresos de la renta son un mecanismo más de la Iglesia para engrosar sus ingresos. Que los católicos que se sientan identificadas lo tienen fácil. Pero hay muchas personas que no saben que no hay mucha diferencia en tachar la otra casilla, la de fines sociales. Porque el dinero que se deriva de tachar esa casilla recae también, en buena parte, en la Iglesia católica, ya que tiene registradas en el Registro  un gran número de  asociaciones de supuesta ayuda social. Y digo “supuesta” porque la Iglesia católica no tiene obligación alguna de rendir cuentas al Estado ni a los ciudadanos del fin y el uso del dinero que recaba, y de hecho no lo hace.

En mi opinión, no se trata de ser o no persona afín o practicante del credo cristiano, de ser o no creyente, se trata de sentido común y de un mínimo sentido de lo que es o no democrático, y sobre todo de lo que es o no  justo o abusivo. Los españoles que defendemos la asepsia confesional del Estado, los que creemos que las creencias no pueden mezclarse con las razones de Estado, los que queremos una sociedad tolerante y justa, en la que la diversidad sea la norma y no un pecado, NO tachamos ninguna casilla en nuestra renta, según aconsejan en sus campañas Renta 2022 asociaciones como MHUEL o Europa Laica. Damos por hecho que la espiritualidad es algo absolutamente personal y privado, y que la obra social no puede quedar en manos de curas ni monjas, sino en manos de profesionales acreditados, y, por supuesto, bajo la responsabilidad y el control del Estado.

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