No, el gobierno no ha prohibido los desahucios

Redacción | Tres desahucios el mismo día notificados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Vallecas en el barrio, centenares de desahucios programados en un par de semanas Barcelona y decenas todos los días que pasan desapercibidos en todo el Estado.

Y es que a pesar de la propaganda, el Boletín Oficial del Estado (BOE) es muy tozudo y demuestra como la realidad contradice al Gobierno y los desahucios siguen en marcha. El Real Decreto-Ley 30/2020, aprobado el pasado martes 29 de septiembre por el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, no prohíbe la ejecución de desahucios ya sean estos por causa hipotecaria o de impago de alquiler. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca en un comunicado que emitió ayer, 30 de septiembre, denuncia que sencillamente “la suspensión de los desahucios decretada es mentira” y la portavoz del Sindicat de Llogateres, Alex Francés, lo considera «una farsa total». La realidad es que medida puesta en marcha por el Gobierno solo afecta a la situación de aquellos contratos de alquiler bajo el régimen de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) a partir del 1995 y que sean capaces de demostrar que su situación de impago esta directamente vinculada  única y exclusivamente con la crisis económica derivada del covid-19. Alex Francés explica que «la mayoría de inquilinos en situación de impago a raíz del coronavirus aún no han recibido ni la demanda y, por tanto, aún están muy lejos de tener una fecha de desahucio».

No han sido pocas las reuniones con el
Gobierno y  los avisos que desde las
organizaciones del movimiento a la vivienda se han llevado a cabo ante la más
que insuficiente medida puesta en marcha por éste desde el inicio del estado de alarma. Según fuentes del propio Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ) se han realizado un total de 1.383 desahucios  entre el día 4 y el 30 del pasado mes de
junio del presente año,
“a pesar de estar
teóricamente prohibidos” como señala la
PAH.

Entonces, ¿de qué habla el Gobierno cuando afirma que ha “prohibido los
desahucios”? Solo han sido y siguen prohibidos aquellos desahucios derivados de
“contratos de arrendamiento sujetos a la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos
(LAU), en los que la persona arrendataria acredite ante el Juzgado encontrarse
en una situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida como
consecuencia de los efectos de la expansión del COVID-19”, es decir, estado de alarma o ERTE. Y lo cierto es que
durante el estado de alarma si se ha vivido un descenso notable de los
desahucios pero no a causa de las medidas puestas en marcha por el gobierno
sino porque los juzgados han permanecido cerrados, así de sencillo. Con lo cual
los desahucios, así como el resto de actividades judiciales se han visto
detenidas. Actividad que finalmente se ha puesto en marcha el pasado 4 de
junio, día en el que como hemos señalado antes se comienzan de nuevo a
contabilizar desahucios, reactivando todos los procesos anteriores.

Es el caso de la ciudad de Barcelona,
donde desde el inicio de septiembre se suceden una gran cantidad de señalamientos
de desahucio día tras día. Solo en esta ciudad se calcula que el número de
desahucios acumulado supera los seiscientos. Francés del Sindicat de Llogateres
expone que «esto está provocando que se produzcan centenares de desahucias
en su mayoría de familias vulnerables que se quedan sin ninguna alternativa
habitacional digna en medio de una emergencia sanitaria» y añade que otras
medidas de vivienda del «Escudo social» tampoco están siendo
efectivas: «los grandes propietarios se niegan a hacer quitas y sólo
acceden a moratorias, así que muchas familias van a tener que empezar a pagar
esos aplazamientos propios cuando no van a recuperar los ingresos perdidos los últimos
meses y en muchos casos no pueden hacer frente ni al alquiler que tenían
antes».

Como era de esperar, dentro de esta
regulación puesta en marcha por el Gobierno quedan excluidos aquellos casos de
habitabilidad fruto de ocupaciones. Dado que es necesario presentar para
recibir la cobertura del RD aprobado por el Gobierno, la acreditación del
contrato de alquiler o hipoteca. Excluyendo así a aquellos sectores de la
sociedad más afectados por la burbuja inmobiliaria y la crisis social y económica que vivimos.

En el mismo comunicado hecho público
por la PAH se denuncia “es una aberración, que hablen de
escudo social, pero hayan dejado totalmente desprotegidas a las familias
hipotecadas”, dado que no se prorroga la moratoria puesta en marcha
para estos casos ante los efectos de la crisis derivada del covid-19. Y es que
como señalan desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca “un auténtico escudo social en este tema, sería una exoneración de
los pagos. Pero una vez más, se sigue desprotegiendo a la gente para seguir
dando trato de favor a los bancos”. Así mismo señalan que “los
próximos desahucios son responsabilidad del gobierno progresista,
además de la angustia que ya tienen las familias las cuales cada día están más
en precario”.

Alex Francés argumenta que «el
Sindicat de Llogateres pensamos que el gobierno tiene que poner en marcha de
inmediato tres medidas para afrontar realmente la situación»: primero
apunta a «la paralización de todos los desahucios sin una alternativa
habitacional sea cual sea el origen del proceso de lanzamiento»; segundo
«extender la regulación de precios de los alquileres recientemente
aprobada en Catalunya al resto del Estado para evitar que los precios abusivos
sigan subiendo y hacer que empiecen a bajar para adecuarse a los ingresos de
las familias» y «por último pero no menos importante – puntualiza-
aumentar el gasto público en vivienda social para hacer crecer el parque público
de viviendas en alquiler» y poder cubrir las necesidades sociales acabando
con la emergencia habitacional.