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ANRed | Entre el 9 y el 10 de septiembre la Policía Nacional Colombiana asesinó a 17 jóvenes en manifestaciones. Esta brutalidad no responde a manzanas podridas o intolerancia social, como pretende instalar el gobierno de Iván Duque. Según el registro de la ONG Temblores, entre el 2017 y el 2019 hubo al menos 639 homicidios, 40.481 hechos de violencia física y 241 casos de violencia sexual cometidos por la fuerza pública en Colombia. “Nos están matando”, advierten mientras se preparan para grandes movilizaciones el 21 de septiembre.
Pese al Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con el cual “las FARC se comprometieron a entregar todas sus armas a las Naciones Unidas, a no incurrir en delitos como el secuestro, la extorsión o el reclutamiento de menores, a romper sus vínculos con el narcotráfico y a cesar los ataques a la Fuerza Pública y a la población civil”, la violencia en el país se mantiene. Tanto los ex miembros del Secretariado de las FARC como las organizaciones sociales colombianas denuncian que el Acuerdo no se cumple y que, por el contrario, han aumentado las bandas paramilitares, el narcotráfico y la represión. “Como hemos vivido en guerra, el método de lucha de la beligerancia y de la violencia ha sido muy mal visto. A raíz del Acuerdo de Paz, y la desmovilización de las guerrillas, al gobierno se le acabó la excusa de la guerrilla que le permitía justificar su accionar bélico”, dicen extraoficialmente y sostienen que en las ciudades se ha instalado un miedo generalizado.
A su vez, este mecanismo de desarme ha permitido una vuelta a la calle de parte del pueblo colombiano, que tuvo al paro del 21 de Noviembre (21N) del año pasado como una de sus expresiones más recientes. Esa masividad espontánea parece ser un indicador de que hay un movimiento que empieza a estructurarse por abajo, en un país que lleva 50 años de gobiernos abiertamente de derecha y tiene la tasa de desempleo más alta en países de la OCDE.
Brutalidad policial y paraestatal, un
fantasma que recorre latinoamérica
En Chile, Argentina, Ecuador o Colombia, los
registros de abuso policial vienen creciendo al ritmo de la crisis económica y
del florecimiento de tendencias de ultraderecha, que se caracterizan por ser
profundamente racistas y anti-feministas. A diferencia de los países del sur,
Colombia estuvo en guerra durante los últimos 30 años: la presencia de las FARC
y del ELN como guerrillas activas mantuvo una cronología de mucha violencia y
la excusa de combatirlas permitió la militarización de las ciudades y las
comunidades rurales, con una fuerte injerencia de los Estados Unidos en la
tarea. La creación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) es un ejemplo de
ello. De hecho, es el país del Sur más famoso en el mundo por capacitar
policías para el Caribe o para África.
Jaider Fonseca tenía 17 años y es uno de los asesinados por balas de plomo la noche del 9 de septiembre. Su caso se suma a la larga lista de víctimas en manos de la Policía, que acumula ocho denuncias diarias por abuso tan sólo durante el 2020, la cifra más alta en los últimos 15 años. “Desde que tuvo un hijo comenzó a trabajar como domiciliario y a rebuscar sustento con trabajos que pudieran realizar siendo menor de edad”, dicen los amigos de Jaider en la crónica colectiva Tres monólogos acerca de cómo murió un joven en plena protesta. “Precisamente por eso estaba manifestándose esa noche, porque estaba cansado de que la Policía nos robara, nos golpeara, de que quisieran hacer todo al antojo de ellos y no como en realidad lo dicta la ley”, sentencian.
La
crisis económica que sumió al país en un exponencial aumento de la pobreza, la
brutalidad policial y las excusaciones del gobierno encendieron la mecha. Luego
de acusar a las organizaciones sociales de montar una supuesta campaña de
difamación a la policía, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, tuvo
que pedir perdón “por cualquier violación a la ley en que haya incurrido
cualquiera de los miembros”. Por su parte, el presidente uribista Iván Duque
visitó a los policías heridos en las manifestaciones en una clara muestra de
apoyo al aparato policial frente a las reciente manifestaciones. Esto tampoco
es nuevo. El saldo represivo de la gestión de Luque es estremecedor: en sólo
dos años, 229 defensores de derechos humanos han sido asesinados. El Instituto
para el Desarrollo y la Paz – INDEPAZ confirmó que entre las víctimas hay
66 indígenas, cinco afrodescendientes, 106 campesinos ambientalistas y 33
excombatientes de las FARC-EP. La ola de violencia se completa con las 230
personas asesinadas en las 57 masacres perpetradas por grupos paramilitares en
el 2020.
El lunes 21 de septiembre se espera un paro nacional total y movilizaciones por todo el país.
Publicado originalmente en la Agencia De Noticias Redacción ANRed: https://www.anred.org/2020/09/17/nos-estan-matando-el-grito-de-los-jovenes-ante-la-brutalidad-policial-en-colombia/
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