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En Comú Podem, Compromís, EH Bildu, BNG, Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Cat, PNV, la CUP y Más País han suscrito una proposición de Ley Orgánica presentada este miércoles en el Congreso de los Diputados por integrantes de CEAQUA, la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina que investiga los crímenes del franquismo. En ella solicitan un cambio para incorporar al Código Penal el principio de legalidad desde una perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Penal Internacional. Con ello se eliminaría uno de los principales obstáculos –no el único– para investigar los crímenes del franquismo y del posfranquismo, algo que llevan tiempo demandando familiares de las víctimas y organismos internacionales de derechos humanos.
En los últimos cuatro años se han registrado más de 100 resoluciones judiciales en España que han negado la posibilidad de investigar y enjuiciar los crímenes cometidos durante la dictadura y la transición. Uno de los elementos que se usa en esas resoluciones judiciales es la invocación del principio de legalidad penal, reconocido como derecho fundamental en la Constitución. Usando este principio esas resoluciones indican que como los crímenes de lesa humanidad no estaban tipificados ni incorporados en el Código Penal hasta el año 2004, no pueden aplicarse a conductas anteriores a esa fecha y por lo tanto quedan exentos de investigación y juicio los crímenes del franquismo.
«La propia Constitución incluye los tratados internacionales»
Jacinto Lara, abogado en la querella argentina y presente en el Congreso junto con integrantes de los nueve partidos que han suscrito la iniciativa legislativa, ha explicado a elDiario.es que «con esta proposición tratamos de modular conforme al Derecho Internacional de Derechos Humanos y conforme al Derecho Penal Internacional ese principio de legalidad que están interpretando de forma estricta los tribunales españoles. No hay que atender a cuándo se incorpora ese tipo penal en nuestro Código Penal, sino que hay que atender al tipo internacional, porque estamos hablando de crímenes que internacionalmente ya estaban penados y tipificados como crímenes de lesa humanidad».
Diversas asociaciones que integran CEAQUA subrayan que el poder legislativo tiene que enviar un mensaje inequívoco a los tribunales españoles para que integren de forma natural el Derecho Internacional de Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional.
Señalan además que la propia Constitución española así lo establece en el artículo 96.1 y en el 10.2. El 96.1 indica que «los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno», y el 10.2 establece que «las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España».
«Lo que tratamos con esta iniciativa hoy es revertir un modelo de impunidad que es absolutamente disconforme e incompatible con un Estado democrático y derecho», ha indicado Lara.
Conforme a lo que piden organismos internacionales
Los suscriptores de esta proposición insisten también en que lo que solicitan está en la línea de lo que demandan diferentes organismos internacionales, incluido el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, «que viene requiriendo al Estado español una interpretación del ordenamiento jurídico interno conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Penal Internacional, porque además hay un mandato constitucional que así lo establece».
En declaraciones al pie de la escalinata principal del Congreso, los demandantes han expresado su deseo de que esta iniciativa sea tomada en consideración e introducida en el debate parlamentario, «que sea debatido en las Cámaras, porque hay que acabar con este modelo de impunidad, es ya muy tarde pero estamos a tiempo aunque sea de forma extemporánea».
Lara ha querido subrayar también que «cuando un tribunal dicta una resolución de las características mencionadas, rechazando la investigación y juicio de estos crímenes, se está incurriendo de forma sistemática en una gravísima ilicitud de carácter internacional. Esto hay que reconducirlo y modificarlo para que el Estado español asuma la obligación internacional de investigar y enjuiciar los crímenes del franquismo y la Transición».
Felisa Echegoyen, integrante de la asociación La Comuna, Presos y Presas del franquismo, ha recordado que esta iniciativa ya fue presentada en el Congreso en 2017, y ha señalado «la importancia de romper con esa impunidad que ampara tantos crímenes».
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