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Europa ha comenzado su cuenta atrás. La Comisión Europea (CE) asume que Rusia puede dejar sin gas a varios países de la Unión Europea en los próximos meses. Las consecuencias, por tanto, pueden ser catastróficas y Alemania y Países Bajos dan por hecho que tendrán que reducir drásticamente su consumo de gas. El cierre de los gasoductos provocará el cierre parcial de la Industria y, previsiblemente, menos horas para caldear hogares y edificios.
La CE pidió esta semana reducir un 15% el consumo del gas desde septiembre a marzo, a la vez que insistió en la necesidad de “ser solidarios entre los países” integrantes de la Unión Europea. Pero, España, que no ha eludido a los valores europeístas de solidaridad y ayuda a los vecinos, no considera una buena idea el frenar el uso de la materia prima.
Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra de Transición Energética, dijo que “hay que buscar fórmulas que no deterioren la posición de nuestros sectores industriales, porque llevan muchos años pagando un premium para tener garantizado el gas.
Y este es un esquema que es compatible con reducción de consumos por eficiencia, por alternativas en el cambio de combustible o en la electrificación. Pero requiere un trabajo, una implicación interna y no una imposición o una selección de sectores más o menos importantes a los ojos de terceros y sin participación del Gobierno y de la sociedad española”, remarcando su posición frente a Europa.
Pero no todos los países están en la misma situación que España. Las reservas de gas en Alemania y Holanda no llegan, ni de lejos, a las exigencias de la Unión Europea, cifradas en el 80%. Así, las potencias ya están en emergencia energética y contemplan un plan para frenar el uso del gas.
El protocolo germano contempla una interrupción del suministro o una demanda extraordinariamente alta que puede solventarse aún en el mercado. De haber escasez, el Estado asumiría los mandos y decidir quién sigue recibiendo gas y quién no. Ciudadanos particulares, hospitales o centrales de gas que suministren electricidad tendrían preferencia frente a las empresas. La industria alemana, por tanto, sería la gran perjudicada de un hipotético boicot ruso.
España, con protocolo
Al igual que el resto de países, España cuenta con su protocolo. Un plan que data de 2019 y que caduca el año que viene. Desde el Ministerio de Transición Energética se insiste que este plan sigue vigente y que “Bruselas pide avanzar sobre este documento”.
El sistema gasista español, categoriza las situaciones operativas, en las que se puede encontrar atendiendo a los valores de las variables de control utilizadas para su determinación en seis niveles.
En el primero de ellos se declara cuando pueda producirse un suceso susceptible de provocar un importante deterioro de la situación del suministro de gas y de desencadenar el nivel de alerta o de emergencia. En el último de ellos, según se recoge del plan, será el Gobierno quien decida la limitación o la modificación del gas, así como establecer obligaciones especiales o suspender los derechos de acceso a las instalaciones por parte de terceros. Al igual que en el resto de países, hospitales, centros de personas dependientes o industria esencial tendrían prioridad de acceso frente a los demás.
Llegados a este punto, se abre la cuestión de si España puede rebajar un 15% el consumo de gas durante seis meses. La respuesta es clara: sí. Fuentes del sector energético explican a este periódico que “no es complicado llegar a ese porcentaje”, pero el precio es muy alto.
Las mismas voces indican que ese porcentaje implicaría el cierre temporal o parcial de muchas industrias y repercutirá en la facturación y, por tanto, en los puestos de trabajo. “No es buen momento para acometer un recorte de producción porque eso conlleva a más desempleo en una época incierta por culpa de la inflación”, remarcan. No obstante, desde el sector energético se explica que la Industria es la más sencilla de controlar debido a que se le pueden “poner restricciones claras de uso de gas”.
Además, narran que el sector servicios como hostelería, restauración o venta al cliente (centros comerciales y tiendas) también podrían tener un control. “Bastaría con elaborar una ley de regulación de temperaturas para ahorrar”, sentencian.
La otra pata de la mesa que sujeta la reducción de dicha materia prima es el consumo en los hogares. Las fuentes energéticas inciden en que “bajar un grado la calefacción o dos grados el aire acondicionado supone un ahorro descomunal en términos de todo el país”. No obstante, asumen que vigilar a 47 millones de personas es una “tarea imposible”. “No es posible obligar a la población a poner el aire acondicionado o la calefacción a un determinado dígito porque esto no se podrá comprobar de ninguna manera”, arguyen.
En definitiva, España podría ahorrar un 15% de gas durante seis meses, sin embargo, si la economía no quiere sufrir los ciudadanos deberían asumir dicho papel. Con todo, el Ministerio de Transición Energética ya trabaja para presentar a Bruselas una nueva propuesta y evitar las restricciones que propone la Comisión Europea. En concreto, Teresa Ribera pedirá saltarse la normativa triplicando los envíos de gas hacia los países más dependientes.
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