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La demanda de publicidad de las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica tiene ya un largo recorrido.
El 9 de febrero de 2017, la coordinadora Recuperando registra en el Congreso de los Diputados dos iniciativas parlamentarias. Una de ellas demanda que el Congreso recabe el listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia católica al amparo del derogado art. 206 de la Ley Hipotecaria.
El 4 de abril de 2017, la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados aprueba una PNL, por la que se reclama al Gobierno que, en el plazo improrrogable de seis meses, elabore un estudio en el que se recojan todos aquellos bienes que desde 1998 han sido inmatriculados a favor de la Iglesia católica.
El 25 de abril de 2017, el Ministerio de Justicia solicita al decano-presidente del Colegio de Registradores la relación de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica a partir de 1998. Esta solicitud es finalmente atendida el 5 de febrero de 2018. Es decir, el Gobierno dispone de la información solicitada sobre las inmatriculaciones desde primeros de 2018. Es más, nos consta que también dispone del listado de las realizadas con anterioridad.
El 2 de agosto de 2018, el Gobierno del PSOE responde a una pregunta parlamentaria en los siguientes términos: «El Ministerio de Justicia se encuentra en estos momentos procesando los datos para la realización del listado de bienes inmatriculados y se prevé que una vez finalizado se proceda a su publicación», ocultando que dispone de ese listado desde el mes de febrero.
El 25 de octubre de 2018, la portavoz del Gobierno anuncia que el tema de las inmatriculaciones estará presente en la reunión prevista con el Vaticano. El tema ha entrado en la agenda del Consejo de Ministros y de las relaciones del Gobierno con el Vaticano.
El 14 de octubre de 2019, la web maldita.es publica las comunicaciones mantenidas entre el Ministerio de Justicia y el Colegio de Registradores. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno informa de que el listado de las inmatriculaciones realizadas entre 1998 y 2015 alcanza las 34.984 fincas y adopta una resolución por la que se compromete a entregar a maldita.es el listado solicitado. Pero el Ministerio de Justicia no sólo incumplió los compromisos adquiridos, sino que, en lugar de entregar el listado, presentó un recurso contencioso administrativo contra la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para seguir manteniendo ocultas esas inmatriculaciones.
En los últimos días del Gobierno del PSOE, con un destacado protagonismo de Carmen Calvo y Dolores Delgado, se produce un cambio significativo en su postura tras sus contactos con Roma y con la Conferencia Episcopal. El laissez faire vaticano ante la exhumación de los restos del dictador, el tratamiento fiscal de los negocios eclesiales, las leyes de educación y de eutanasia son monedas de cambio con las que la Iglesia ha chantajeado con éxito primero al Gobierno del PSOE y después al de coalición. Son los peajes de unas negociaciones secretas desarrolladas sin transparencia e ignorando al Parlamento.
El punto 5.11. del Acuerdo del Gobierno de coalición estipula: «Haremos las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia basadas en el privilegio de inscribir en el Registro de la Propiedad bienes a partir de simples declaraciones de sus propios miembros». No era un mal comienzo.
Sin embargo, la realidad no ha aportado más que reiteradas noticias de la inminente publicación de un listado. Curiosamente, la fuente de estas noticias apunta al episcopado. Resulta curioso que en las últimas semanas estén siendo los obispos los que dan publicidad a sus inmatriculaciones. El Arzobispado de Toledo ha informado de haber inmatriculado 294 bienes inmuebles en el periodo 1998-2015. La Diócesis de Burgos reconoce 2.480 inmatriculaciones en el mismo período. Anteriormente lo habían hecho los titulares de varias diócesis catalanas
Por otra parte, después de estar en primera línea de la agenda de las relaciones entre el Gobierno y la Iglesia, el tema de las inmatriculaciones desaparece incluso en la reunión de Sánchez con el Papa.
El Gobierno podría haber pactado en secreto la impunidad de las decenas de miles de bienes inmatriculados como moneda de cambio en las negociaciones con el Vaticano. No parece muy coherente con lo afirmado por Pedro Sánchez en el discurso de investidura: «realizaré las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido inmatriculados indebidamente por la Iglesia».
Los colectivos patrimonialistas agrupados en la coordinadora Recuperando estamos trabajando en una propuesta de solución que se presentará a los grupos parlamentarios y al Gobierno en las próximas fechas.
Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro
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