María Eugenia García Nemocón y Katherine M. Tirano | El pasado 28 de abril se convocó en Colombia un paro nacional de rechazo popular a la reforma fiscal impuesta por el ministro Carrasquilla y el presidente Iván Duque- delfín de Álvaro Uribe y del Centro Democrático – que sigue sus políticas de expolio de lo público a través de privatizaciones, corrupción generalizada, falta de políticas sociales que garanticen los mínimos derechos de sanidad, educación y vivienda. En pocas palabras, no hay garantías para la vida digna.

En medio de la peor pandemia que se ha vivido en muchos siglos a nivel mundial, en América Latina, donde los modelos de desarrollo de los estados se han visto imbuidos de una voluntad neo liberal, extractivista y altamente perjudicial para el cuidado de la vida en cualquiera de sus formas; la crisis socio-sanitaria fue la gota que rebasó todas las capacidades de aguante que históricamente ha marcado el carácter de la persona media en esta región. Colombia no es la excepción a todo ello.

Tras la firma de los acuerdos de paz en el año 2016, Colombia vio renacer la esperanza de reescribir su historia. Nada más lejos de la realidad. Iván Duque ha hecho todo lo posible por desmontar los acuerdos de paz, existiendo además una práctica que criminaliza la protesta social, la denuncia de violaciones de derechos humanos, así como la defensa de los territorios, objeto de despojo y expolio por parte de corporaciones multinacionales, empresas nacionales con el apoyo de los gobiernos locales y nacional. Es así como el reporte de asesinatos desde la firma de los acuerdos de paz asciende a 1088 asesinados entre líderes/as y defensoras de derechos humanos[1].

El modelo económico colombiano es un modelo fallido. Depende de la extracción de minerales y petróleo, del expolio de los territorios, de la capacidad de endeudamiento de la gente y, cómo no podía ser de otra manera desde hace más de 30 años: de la explotación del mayor mercado que encontró un país como el nuestro: la exportación de cocaína. Sin embargo, en tiempos de cólera, la economía del país depende como nunca, de la fuerza de trabajo y la capacidad de esfuerzo de las clases populares para levantarse cada día a rebuscarse el pan de manera informal. La informalidad es la marca Colombia y la pandemia, por si acaso no nos había quedado claro, lo ha puesto sobre la mesa (vacía).

¿Qué sucede cuando la capacidad de aguante de la población se pone en tensión? Cuando salir a vender empanadas, camisetas, lavar carros o transportar alimentos no se puede ¿qué le queda al pueblo? ¿Qué pasa cuando un gobierno se burla continuamente de su gente, la manipula, la estrangula y la pone a decidir entre el virus y el hambre? Pues que gana el hambre. El hambre siempre.

En este ambiente de inequidad, injusticia social, impunidad y criminalización, se sucede esta protesta generalizada, convocada por el Comité del Paro y apoyada por todos los sectores sociales, en respuesta al embate de la reforma fiscal que no sólo precariza mucho más las clases populares, sino que no grava a las grandes corporaciones, empresas y capitales, pero si a la canasta familiar, básica para el sustento.

Ante las movilizaciones y el paro continuo la respuesta del gobierno fue la represión desmedida en todo el territorio colombiano, el despliegue del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) y la militarización del país. No hay dialogo ni consulta a los sectores afectados que son la gran mayoría de la población. Resultado de tamaña violencia estatal se resume hasta las 10 a.m. hora local del 3/04 en lo siguiente:

  • 1181 casos de violencia policial
  • 142 víctimas de violencia física por parte de la policía
  • 26 casos de homicidios por parte de la policía
  • 761 casos de detenciones arbitrarias
  • 216 casos de intervenciones violentas por parte de las fuerzas públicas
  • 17 casos de agresiones en ojos
  • 56 casos de disparos con armas de fuego por parte de la policía
  • 9 víctimas de violencia sexual
  • 56 desapariciones en el contexto de las movilizaciones

Este era el panorama en el momento indicado, pero sabemos que las cifras continúan en aumento.

El 3/05, el presidente Duque ante la presión de las movilizaciones decide retirar la reforma fiscal, diciendo que, si bien no está en cuestión la necesidad de una reforma, sí se puede llegar a consensuar los mínimos para configurar una nueva propuesta. Habría que preguntarse con quienes quiere llegar a consenso porque lo que no entiende el presidente y su séquito, es que lo que los movimientos indígenas y todos los sectores populares (campesinos, comerciantes, transportistas, estudiantiles, mujeres y jóvenes de todo el país) quieren, no es sólo el retiro de la reforma fiscal; quieren la renuncia del presidente y su ministro: “¡que se vayan Duque y Carrasquilla!” Es el reclamo del pueblo colombiano que no aguanta un minuto más.

Paralelamente a esta reforma fiscal, está también la reforma de la salud, la reglamentación de la consulta previa, reforma de las pensiones, las fumigaciones con glifosato como política anti-drogas, la corrupción generalizada, la ausencia total de políticas sociales que garanticen los derechos básicos, la continuidad del despojo y el extractivismo en gran parte del territorio, en detrimento de sus poblaciones (en su mayor parte son campesinado, indígenas y afro-descendientes) y de los ecosistemas y de todas las vidas asociadas.

La situación de hartazgo de la población ha llegado al límite y es así como la respuesta está en las calles, la protesta, el paro y el cuestionamiento a un gobierno y a un modelo de estado que es de unas minorías de poderosos con privilegios que, si no saben lo que cuesta un huevo, mucho menos lo que cuesta la vida de una persona, ni en sueños llegarán a entender a la población empobrecida, por eso es que la respuesta ante sus peticiones es la violencia policial y militar.

Desde nosotras, la población migrante en el estado español y otros países europeos, estamos también movilizándonos y denunciando la violencia del estado colombiano que atenta contra todos los derechos humanos, con concentraciones, movilizaciones y campañas en redes sociales.

Apoyamos tanto el paro como la protesta social y pedimos la renuncia de Carrasquilla y Duque, que se reviertan las medidas de ataque social, no solo las que se están adelantando sino las que han propiciado la privatización de los servicios públicos. Cese del extractivismo y las políticas de venta del territorio a las grandes corporaciones, la implementación real de los acuerdos de paz y la garantía de la protesta y la movilización social sin criminalización y violencia de las fuerzas armadas y que cese su impunidad.

El pueblo colombiano continúa hoy en la calle. La respuesta de Duque no puede ser la violencia, el militarismo y la muerte.


[1] http://www.indepaz.org.co/pazparaliderar/





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