Lorena Cabrerizo | Rhimo y su marido llegaron hace más de cuatro años a nuestro país. Tras su paso por Barcelona, recalaron en la localidad madrileña de Arroyomolinos. Engañados por mafias que operan en el sector inmobiliario con total impunidad, adquirieron una vivienda de propiedad pública sobre la cual ya pesan dos órdenes de lanzamiento que, finalmente, han sido paralizadas gracias a la presión de la PAH de Móstoles y a la labor de concejales de izquierdas del municipio.

Apenas dos semanas después de la última
tentativa, y a pesar de las medidas extraordinarias puestas en marcha con
motivo de la pandemia, Rhimo revive la amenaza del desahucio este jueves 9 de
julio. Abandonada por su marido y con dos hijos de 18 meses y de 4 años, la
administración municipal no ha emitido señal alguna de paralizarlo, a pesar de
que el desalojo supondría dejar a la intemperie a una familia monomarental que
sobrevive gracias a la renta mínima de inserción. Las únicas opciones que le
ofrece el consistorio no sólo son inviables económicamente (como pagar un
albergue cuyo coste supera los ingresos que recibe), sino que suponen añadir a
la vulneración del derecho a la vivienda, la conculcación de los derechos de la
infancia.

Hay que recordar que la ONU ya ha condenado al Estado español en varias ocasiones por motivo de desahucios sin alternativa habitacional y con presencia de menores de edad. Y es que, como se ha denunciado muchas veces, los impactos negativos sobre la salud física y psicológica, así como en términos de exclusión y desarraigo social que generan los desahucios en niños y niñas, son inaceptables en un país que firmó y ratificó la Convención de los Derechos del Niño hace tres décadas.

Inmersos
en una crisis que será, con casi total seguridad, la más grave tras la Gran
Depresión, el caso de Rhimo es uno de los miles de desahucios que
veremos en los próximos meses. Desahucios que, a pesar de las intencionadas
palabras de la Vicepresidencia
Segunda de Derechos Sociales para prorrogar su paralización, se han reactivado
y ya vuelven a formar parte de esta “nueva-vieja normalidad”.

Por
eso es imprescindible que la presión social no baje la guardia y continúe
paralizando esta lacra mientras se exige que la vivienda sea considerada como
bien esencial y salga de los circuitos de la especulación inmobiliaria. Acude
este jueves 9 de julio a las 8:30 a la calle San Javier 11 de Arroyomolinos
para impedir que Rhimo y sus dos hijos se queden en
la calle.




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