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Palma fue la primera ciudad de Europa en prohibir el alquiler turístico en viviendas plurifamiliares. La iniciativa partió de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma que presentó la primera Iniciativa Popular en el Ayuntamiento, aprobada en el pleno de julio de 2017. El eco de la noticia llegó hasta el New York Times, que pregunto a la Federación vecinal: «¿Saben ustedes con quien se están metiendo?» En septiembre de 2021, el TSJIB emitió una sentencia favorable al recurso presentado por la patronal HABTUR. Ahora el Tribunal Supremo avala la prohibición. Podemos felicitarnos por haber llegado tan lejos, pero mejor guardar los fuegos artificiales para cuando se habiliten medidas suficientes para hacer realidad la sentencia.

El Consell de Mallorca solo cuenta con 15 inspectores para cerca de medio millón de plazas hoteleras y el alquiler ilegal que se extiende impunemente por la ciudad, impacta en el precio de la vivienda y es uno de los factores que han provocado la situación de absoluta emergencia habitacional que sufre la población residente. Con un salario medio es tan imposible comprar como alquilar; crecen las comunidades de autocaravanas y hasta de coches vivienda; Palma pierde población, mientras se anuncian alquileres vacacionales directamente en Alemania, se evaden impuestos y se emplea mano de obra en condiciones de sobreexplotación laboral. La lucha vecinal es útil, pero está lejos de alcanzar sus objetivos. La resignación no es opción. Que siga.

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