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Redacción | Un
pequeño respiro, sin duda, asegurar que por unos meses la gran parte de las
familias vulnerables puedan permanecer en sus casas es un alivio. Dicho esto,
las sombras que presenta el nuevo decreto del Gobierno de coalición saben a
nuevo subsidio a la banca, los grandes tenedores de vivienda y los fondos
buitre. El estado beneficiando de nuevo a los mismos que se rescató en la
crisis de 2008 con más de 62.000 millones de euros, una vez más lo público al
servicio de lo privado.
En primer lugar la aprobación de este decreto por parte del
Gobierno reconoce que hasta ahora
no se habían paralizado los desahucios. Como el movimiento de
vivienda, así como otras organizaciones sociales, organizaciones políticas y
medios como el nuestro veníamos denunciando, día a día se expulsaba a familias
de sus casas. Con este nuevo decreto se incluye en la suspensión temporal de
desahucios a todos los hogares que cumplan una serie de condiciones y puedan
justificar su condición de vulnerabilidad. La novedad principal es que se
incluye a las situaciones que no derivan directamente de la crisis del
covid-19.
La condición impuesta por el Gobierno de coalición a la
paralización de los desahucios es clara, la compensación
a todos los propietarios con dinero público. Si al cabo de tres
meses no se ha habilitado una alternativa habitacional, el propietario podrá
solicitar al Estado una compensación en base al precio de alquiler que marca el
mercado en esa zona. A esto se le incluyen también gastos corrientes que el
arrendador pueda demostrar que ha estado cubriendo él. El procedimiento es por tanto el siguiente: el propietario
denunciará ante el juzgado la situación de impago, el juez solicitará a los
servicios sociales el informe que acredite la situación de vulnerabilidad de la
familia, si en tres meses no se ha ofrecido una alternativa habitacional a
dicha familia, el propietario solicitará la compensación; todo esto en un
margen de 5 meses, pues el nuevo decreto solo esta vigente mientras dure el
estado de alarma, es decir, hasta el 9 de mayo del 2021. La previsión es que a
partir de esa fecha se produzca una avalancha de desahucios que se vienen
acumulando durante estos meses, como ya
sucedió en junio tras el fin del confinamiento.
Como denuncian desde el Sindicato de Inquilinas de Catalunya en un reciente informe que han presentado analizando este Decreto, a propósito de la transferencia de recursos públicos a los propietarios “se ha aprovechado la paralización temporal de desahucios para que el Estado regale más dinero a los fondos buitre, que es lo que estos llevan exigiendo desde que empezó la pandemia”. Pues la principal justificación del Gobierno para imponer este subsidio a los bancos y propietarios, es el miedo ante un posible “alud de demandas por daños patrimonial”. Pero la verdad es que “estas demandas no habrían tenido ningún tipo de recorrido” como mencionan desde el SI de Catalunya. Ante la actual bajada de precios del alquiler y de la venta fruto de la crisis abierta por el Covid-19 muchos propietarios mantienen los pisos vacíos. Y desalojar a una familia, como desde el Sindicato de Inquilinas apuntan “no quiere decir que inmediatamente empiecen a cobrar una renta por ese piso: pueden pasar muchos meses hasta que lo alquilen de nuevo. Por lo tanto, no hay ninguna necesidad de compensar con dinero la paralización temporal de los desahucios”.
Como siempre que el Gobierno aprueba una nueva ley es
imprescindible atender con lupa la letra pequeña. En este caso, es importante
analizar quién serán los responsables de encontrar la famosa “alternativa
habitacional”. Como han dejado claro desde el ejecutivo, ésta no podrá ser un
hostal, sino una vivienda digna, pero lo cierto es que la responsabilidad de
esta búsqueda recae sobre la administración local, si tenemos en cuenta que
apenas cuentan con un 1,7% de vivienda pública “esta medida es un brindis al
sol” como señalan desde el Sindicato de Inquilinos de Catalunya.
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