Tribunales.- AMPL.-El exdirector de DeSevilla achaca las incidencias a las «demoras» del Ayuntamiento al pagar

Asegura que la Fundación ‘DeSevilla’ renunció a la ayuda 98/08 en connivencia con el Interventor municipal pero él lo niega

SEVILLA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) –

El Juzgado de lo Penal número once de Sevilla ha acogido este lunes la primera sesión del juicio promovido contra el exdirector general de la extinta Fundación ‘DeSevilla’ Miguel López Adán (IU) por un presunto delito de fraude de subvenciones en su gestión al frente de la citada entidad del Ayuntamiento hispalense, extremo por el cual la Fiscalía reclama para él cuatro años y medio de cárcel bajo la premisa de que el acusado habría utilizado las ayudas municipales para «actos partidistas y fines particulares del partido».

Mientras en su escrito de acusación, recogido por Europa Press, la Fiscalía asegura que el acusado utilizó la fundación como «un instrumento» de IU, entidad que entonces cogobernaba junto al PSOE el Ayuntamiento de Sevilla, López Adán ha expuesto que tras haber ostentado el cargo de director de área en el Consistorio, el que fuera delegado municipal no electo de Economía Juan Carlos Vázquez (IU) le propuso dirigir la Fundación de Sevilla, extremo que realizó entre 2007 y julio de 2011, cuando fue cesado tras desembarcar el PP en el gobierno local.

Carlos Vázquez, recordémoslo, estuvo investigado en esta causa junto al ex primer teniente de alcalde del Ayuntamiento hispalense y concejal de concejal de Relaciones Institucionales Antonio Rodrigo Torrijos (IU), hasta que el juez instructor del caso decidió excluirles del procedimiento judicial.

En cualquier caso, López Adán ha manifestado que es «incierto» que en la sede de la fundación hubiese «ningún cartel de ninguna formación política».

En paralelo, mientras la Fiscalía le achaca una «muy deficiente» gestión de la entidad y un «absoluto descontrol» en materia contable, avisando de un «desequilibrio patrimonial de 1.510.617 euros», López Adán ha defendido que dados los «problemas» suscitados por la llevanza «externa» de la contabilidad, la fundación optó en 2009 por un «control interno» incorporando a una profesional en la materia y un sistema de «contabilidad analítica» que diferenciaba expresamente cada uno de los programas y proyectos de cooperación al desarrollo promovidos por la entidad en base a las aportaciones del Ayuntamiento de Sevilla y de sus empresas municipales.

Durante su comparecencia ha pesado especialmente el expediente correspondiente a la subvención nominativa 98/2008 recibida por la fundación de manos del Ayuntamiento, para 13 proyectos de cooperación con países en vías de desarrollo, una ayuda a la que acabó renunciando tras haber contado con 742.500 euros –el 75 por ciento del total de la misma– desde el 16 de diciembre de 2009.

López Adán ha desgranado diversas incidencias con relación a la gestión de dicha subvención municipal, señalando que fue solicitada la ampliación de los plazos de ejecución y justificación de la misma, porque el dinero no fue entregado por el Ayuntamiento hasta «un año después» de ser concedida la ayuda, cuando ya no restaba «tiempo» para ejecutar algunas de las actuaciones. Tal es así, según el acusado, que sólo fueron concluidas «algunas» de las actuaciones abarcadas por dicha subvención, aunque las acciones ejecutadas fueron «palpables».

LAS «DEMORAS» DEL AYUNTAMIENTO

Al respecto, ha argumentado que las «demoras» del Ayuntamiento a la hora de aprobar las justificaciones presentadas respecto a las ayudas concedidas a la entidad desencadenaban reparos de la Intervención municipal en contra del pago de nuevas ayudas a la entidad aunque las mismas hubiesen sido concedidas, un «retraso imputable» al Ayuntamiento que según ha dicho sucedía constantemente.

Eso sí, ha defendido que la adquisición de un horno incinerador para un cementerio de La Habana (Cuba), extremo abarcado por esta ayuda, no llegó a ser financiada con cargo a la misma ni tampoco con cargo al Ayuntamiento porque por incidencias administrativas no era posible hacerlo. Así, ha asegurado que la incineradora fue comprada mediante «fondos privados» de terceros cosechados por Carlos Vázquez, asegurando que la factura relativa a la misma fue «incorporada por error» a la contabilidad de la fundación pero no «sustentaba un gasto real» y por ello se solicitó excluir dicho documento de las cuentas de la entidad.

López Adán sí ha admitido «talones nominativos» a algunos empleados y ha defendido diversos de los gastos que le reprocha la Fiscalía, como uno de una empresa de seguridad que según ha dicho respondía a la vigilancia de las instalaciones, defendiendo la voluntad e «interés real» de ejecutar la subvención 98/2008.

En ese sentido, ha negado que mediase una intencionalidad prefijada de usar tal ayuda para saldar deudas de la entidad con relación a actuaciones de subvenciones diferentes, si bien ha admitido que algunos conceptos de programas correspondientes a otras ayudas fueron abonados con cargo al dinero de la 98/2008 en el marco del «mecanismo de compensación» interna gracias al cual se paliaban los «importante retrasos» del Ayuntamiento a la hora de entregar a la fundación las subvenciones que previamente le concedía, por la incidencia de las justificaciones.

EL DINERO DE VÁZQUEZ

En esa misma línea, ha explicado que la extracción de 34.000 euros de las cuentas de la entidad responden a que por la incidencia ya descrita, la fundación no contaba con liquidez para afrontar los gastos de un programa de becas para estudiantes saharauis, con lo que Carlos Vázquez consiguió dicha cuantía de entre terceros, de «gente de las ONG», y cuando hubo fondos dicha cuantía fue extraída de las cuentas de la fundación para reponer el dinero recibido, según ha asegurado.

En ese sentido, Miguel López Adán ha negado cualquier «manipulación de factura» o que borrase los archivos del ordenador con el que contaba. «Los datos de la contabilidad estaban en el servidor y en mi vida accedí a él», ha aseverado.

En cuanto a la decisión de renunciar finalmente a toda la subvención municipal 98/2008 al completo, ha explicado que tal extremo se encuadra en una operación acordada con el Ayuntamiento para «reequilibrar» las cuentas de la fundación mediante una aportación extraordinaria de fondos municipales que compensase la renuncia a la citada ayuda, maniobra que según ha dicho no era «perjudicial» para la entidad.

Es más, ha asegurado que la renuncia a la ayuda fue una «solución» alcanzada en conversaciones con el interventor municipal y Carlos Vázquez, si bien a la hora de testificar, el citado habilitado nacional, José Miguel Braojos, ha manifestado de su lado que él no intervino en dicha decisión.

Braojos ha asegurado además que el Ayuntamiento «suele ser ágil» a la hora de resolver las justificaciones que se le presentan, achacando a la fundación un «problema» en la materia porque «se le rechazaban facturas». Así, ha negado toda «falta de diligencia» por parte del Consistorio. No obstante, ha admitido que las facturas eran rechazadas por motivos formales y no por falta de ejecución de las partidas.

Además, ha admitido que en las entidades municipales era común el principio de la «caja única» a la hora de gestionar los fondos recibidos desde el Ayuntamiento, diferenciando entre las cantidades concretas asignadas a cada asunto y el dinero líquido como tal.