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El fondo estadounidense Blasket Renewable Investments LLC ha activado una cláusula que declara a España en «impago técnico» después de que el Gobierno todavía no haya abonado los laudos pendientes por los recortes a las primas a las energías renovables, según informó Bloomberg.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos han explicado a EFE que la decisión del fondo de inversión estadounidense tendrá respuesta en el «ámbito adecuado» y han defendido que la posición de España está «muy bien asentada» y el conflicto no tiene nada que ver con la deuda del Estado.

La decisión del fondo se ha producido después de que España no haya logrado llegar a acuerdos en diferentes laudos por el recorte de las primas a las renovables, que suman cerca de 1.000 millones de euros, según ese medio.

La cláusula activada por el fondo de inversión Blasket, con sede en Delaware (EEUU), supone que estas emisiones de deuda pública, concretamente cuatro por valor de 910 millones de euros, deben ser reembolsadas inmediatamente a los acreedores, junto con los intereses correspondientes.

Las fuentes consultadas del Ministerio de Asuntos Económicos dijeron a EFE que el problema se remonta a los laudos en inversiones en renovables provocados por las medidas adoptadas en 2012 y 2013 por el Gobierno del PP de Mariano Rajoy (2011-2018), que motivaron demandas millonarias en el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), una institución dependiente del Banco Mundial (BM).

Las medidas adoptadas por el Gobierno del PP recortaban las primas a las renovables que había puesto en marcha el Ejecutivo socialista anterior, dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero y que a su vez también había recortado.

En 2013, en concreto, se aprobó una reforma legislativa que redujo la rentabilidad prevista por numerosas instalaciones renovables, y hubo inversores internacionales que acudieron a las cortes de arbitraje internacional para denunciar a España. Se presentaron entonces 51 arbitrajes en distintos tribunales, la mayoría de ellos ante el CIADI, ante el que reclamaban en total unos 10.000 millones de euros. «Ha sido un proceso largo en el que España lógicamente ha defendido sus intereses», aseguran dichas fuentes.

Asimismo, recuerdan que la base jurídica de las reclamaciones dentro de la Unión Europea (UE) quedó excluida, ya que los estándares de protección de las inversiones están asegurados por la normativa europea. Esto, según las fuentes, ha hecho que la legalidad de los argumentos de España haya quedado «muy refrendada».

Este mismo fondo provocó que a finales de marzo un tribunal del Reino Unido congelara, tras su petición, las cuentas de Instituto Cervantes en Londres y de una oficina de comercio exterior de la Generalitat de Cataluña.

A principios de abril, el Tribunal Superior de Londres dio a Blasket -que lleva los intereses de empresas holandesas incluidas en las denuncias- la posibilidad de embargar activos soberanos españoles si no se resarcían las órdenes de pago del laudo, concedido por la CIADI, según informa CIAR Global, la revista de Arbitraje para la Comunidad Iberoamericana, que precisa que la orden judicial no es definitiva y puede ser impugnada.

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Por su parte, el Tribunal de Apelaciones de EEUU por el circuito del Distrito de Columbia decidió, según los documentos jurídicos a los que EFE ha tenido acceso, las fechas en que España y Blasket tendrán que presentar sus alegaciones.

España «podrá presentar escritos consolidados de apertura y réplica» a finales de mayo y a mediados de julio, mientras que el fondo estadounidense lo hará a finales de junio, siendo los resúmenes finales en agosto, aunque el mismo tribunal advierte de que por el receso del verano «es improbable» que las apelaciones se aborden antes de septiembre.

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