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En el País Vasco los centros concertados absorben a prácticamente la mitad del alumnado. En muchos casos se trata de centros vinculados a órdenes religiosas.
La futura ley vasca de educación incluye controles para detectar cobros a las familias. Establece que la enseñanza sea gratuita en ambas redes. Se primará el euskera y se exigirá un nivel B2 en euskera, inglés y castellano al alumnado.
Supondrá un cambio profundo en el actual modelo educativo vasco. La futura nueva ley de Educación que en fase de anteproyecto ha aprobado el Ejecutivo de Iñigo Urkullu pretende actualizar la norma aprobada en 1993 y que se ha quedado desfasada en multitud de aspectos que ahora se quieren actualizar. El anteproyecto que entra en fase de consulta pública y que en otoño comenzará su tramitación en el Parlamento Vasco incorpora novedades importantes como la prohibición del cobro de cualquier tipo de cuota a los centros concertados, la enseñanza laica, un modelo plurilingüe que tenga el euskera como eje o el final de la segregación educativa por razones socioeconómicas o de género.
El objetivo es que la nueva ley entre en vigor el próximo año y se dé un periodo de dos cursos al sistema educativo para su completa implantación. Uno de los cambios más significativos es el relativo al sistema de modelos lingüísticos que ha regido hasta ahora. Desde hace casi tres décadas el sistema educativo oferta a las familias la posibilidad de matricular a sus hijos e hijas en un ‘modelo D’, íntegramente en castellano y el mayoritario en la actualidad, en un ‘modelo B’, bilingüe euskera-castellano, o en un ‘modelo A, en castellano con el euskera como asignatura.
Con la nueva ley se quiere implantar un modelo «plurilingüe» que tenga el euskera como eje central de la enseñanza. De este modo se pretende que la presencia en la actividad cotidiana y las relaciones en los centros docentes tenga mayor presencia. El objetivo es que los alumnos culminen con un nivel avanzado, el B2, de conocimiento de las dos lenguas oficiales en Euskadi, además de un tercer idioma, preferentemente el inglés.
Escolarización gratuita, pública y privada
Otro de los grandes cambios que pretende implantar la futura ley de Educación vasca afecta de modo directo a la red concertada. En el País Vasco los centros concertados absorben a prácticamente la mitad del alumnado. En muchos casos se trata de centros vinculados a órdenes religiosas. El cobro de cuotas, en ocasiones encubiertas o poco transparentes, quedará expresamente prohibida en la nueva norma. Se establecerán mecanismos de control a los centros que quieran seguir percibiendo financiación pública para detectar cualquier tipo de cobro a las familias. Se busca que la escolarización sea gratuita no sólo en la red pública sino también en la concertada, por lo que será prohibido el cobro de cuotas.
De esta manera, la educación pasará a ser gratuita desde los 3 años en Euskadi, ya que la red de guarderías también será gratuita y se prohibirá cualquier tipo de cobro a los centros que perciban financiación pública.
Asimismo los centros que reciban financiación con fondos públicos tendrán prohibida la segregación por sexos o por razones socioeconómicas. Se fomentará una escolarización de ambas redes bajo los principios de la diversidad y la igualdad de oportunidades en aras a una adecuada convivencia en la sociedad vasca.
Enseñanza laica
El anteproyecto, que se sustenta en las bases aprobadas el pasado mes de abril en el Parlamento Vasco con el respaldo de todos los partidos a excepción del PP y Vox, apela a la necesidad de respetar la diversidad de creencias en la sociedad vasca. Por ello, la enseñanza tanto en los centros públicos como concertados deberá ser laica. Sin embargo, sí se señala que se deberá incluir un conocimiento básico sobre las diferentes manifestaciones religiosas y el respeto a todas ellas.
El anteproyecto también contempla que se establecerán procedimientos únicos de matriculación para ambas redes para poder asegurar la igualdad de acceso y elección de centros, evitando así la concentración de alumnado en situación de vulnerabilidad. Por último, se establece una intensificación de los procedimientos de evaluación del sistema docente, del profesorado y del alumnado en aras a una mejora progresiva de la calidad educativa.
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