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El 29 de diciembre de 1976, militares argentinos secuestraron a Silvia Labayrú, de 20 años y embarazada de cinco meses. Labayrú, procedente de una familia militar e integrante de la organización guerrillera Montoneros, dio a luz el 28 de abril sobre una mesa de la Escuela Superior Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro clandestino de la dictadura que dirigió el país entre 1976 y 1983. Cuando aún se recuperaba del parto, uno de los oficiales le instó a mantener relaciones sexuales con alguno de ellos si quería seguir viva. Lo hizo para sobrevivir, según reveló en el juicio por delitos contra la integridad sexual en la ESMA que comenzó el pasado septiembre. Su desgarrador testimonio ante los tribunales y los de otras víctimas del terrorismo de Estado son difundidos ahora a través de microrrelatos que buscan aumentar la visibilización de los juicios por crímenes de lesa humanidad en curso en Argentina y hacerlos accesibles a distintas generaciones.
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“A menos de un mes de dar a luz, se me acerca el capitán [Jorge] Acosta, me lleva a una salita aparte y me dice que tengo que adelgazar porque estoy muy gorda y porque tengo que poder estar en condiciones físicas mejores, que la mejor manera de demostrarles que yo no los odiaba era que tuviera allí alguna relación con alguno de ellos, de los militares. Tenía que entender que eso formaba parte del proceso de recuperación si quería salir en libertad”, dice Labayrú en el primero de los cortos audiovisuales creados por la Secretaría de Derechos Humanos.
En otro de ellos, Patricia Maciel relata cómo su hermano, de seis años, abría latas de tomates perita, les ponía sal y se los daba a ella para comer, que en ese momento tenía cuatro años, durante los días posteriores al secuestro de sus padres, Herminia Mimí Inchaurraga y José Rolando Pirulo Maciel, en la ciudad argentina de Rosario en 1976. “Abríamos las hojas de vidrio del garaje y nos sentábamos ahí a mirar. Los vecinos tenían mucho temor por lo que había pasado. Ellos sabían que estábamos solos, pero no se acercaban porque tenían mucho temor […] Ellos cuentan que nosotros llorábamos gritando, que llamábamos a nuestros padres”, dijo Maciel ante el tribunal que el pasado agosto comenzó a juzgar crímenes perpetrados por la dictadura en Rosario.
Conmemoración realizada en Buenos Aires en 2013 en memoria de las víctimas y desaparecidos durante la dictadura. En video, uno de los microdocumentales.
“Formamos un equipo transdisciplinar con abogados, artistas, poetas, ilustradores… con el objetivo de transmitir a la gente lo que sucede en la sala de audiencias de una manera atractiva y que también puede servir para trabajarlo en otros ámbitos, como las escuelas”, afirma el jefe de gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos, Nicolas Rapetti, en su despacho, situado en uno de los edificios de la ex ESMA, hoy reconvertida en espacio de memoria.
Algunos microrrelatos difunden juicios en curso, cuyas audiencias pueden seguirse online a través de la web, y otros resumen algunos ya concluidos, como la condena a dos exdirectivos de la automotriz Ford por considerarlos cómplices de los militares en el secuestro y tortura de 24 obreros, en la que fue la primera condena a dos ex altos cargos de una multinacional por este tipo de crímenes.
Más de mil condenados
Las complicidades civiles y la violencia sexual son algunas de las nuevas temáticas surgidas en los juicios por delitos de lesa humanidad que Argentina reanudó en 2006 tras derogar las leyes de obediencia debida y punto final. Desde entonces se han dictado 250 sentencias en las que han sido condenadas 1.013 personas, según el último informe de la Procuradoría de crímenes de lesa humanidad.
“Es un proceso inédito en el mundo y recibimos fiscales de Alemania y de otros lugares que vienen a ver lo que está pasando acá y nos enorgullece, pero hay también aspectos de los que no estamos orgullosos, como la demora que tienen las causas”, admite Rapetti.
En promedio, el veredicto de los juicios por crímenes de lesa humanidad tarda casi diez años. El freno de toda Argentina al inicio de la pandemia de covid-19 repercutió también en estos juicios, que al final, como los demás, se reanudaron de forma virtual. “Hubo una discusión sobre qué hacer al principio entre víctimas, familiares, abogados y organismos de derechos humanos porque había la necesidad de estar presentes en la sala de audiencias y acompañar, pero después acordamos entre todos que no los podíamos suspender, entre otros motivos, porque se están muriendo tanto las víctimas como los represores”, señala Rapetti. El final de cada microrrelato recuerda esa carrera contrarreloj porque se haga justicia: “Los juicios no pueden esperar, las víctimas tampoco”.
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