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397 votos a favor, 85 en contra, 196 abstenciones. Ese es el resultado final de la resolución del Parlamento Europeo contra Marruecos por utilizar a los menores migrantes como arma de presión contra España, un Estado miembro de la UE.

Esta resolución, votada en Estrasburgo este jueves por los cuatro grupos principales del Parlamento: populares, socialistas, liberales y verdes, deja en evidencia que la UE apoya a España en este conflicto y no cambiará su postura sobre el Sáhara Occidental.

Para Europa la situación creada en Ceuta en el mes de mayo, ciudad en la que Marruecos permitió entrar miles de personas, entre ellas cientos de menores, es “injustificable” y no concuerda con la cooperación en el ámbito de la migración. Además, la mayoría de las personas migrantes que cruzaron ilegalmente eran ciudadanos marroquíes; y para el Parlamento europeo “un movimiento tan grande de personas difícilmente puede considerarse espontáneo”.

La resolución deplora en particular “la participación de niños, menores no acompañados y familias en el cruce masivo de la frontera entre Marruecos y la ciudad española de Ceuta, poniendo claramente en peligro su vida y seguridad”, y lamenta “el empeoramiento de la crisis política y diplomática, que no debe poner en tela de juicio las relaciones estratégicas, multidimensionales y de vecindad privilegiada entre Marruecos y la UE y su Estado miembro (España)”.

Las relaciones entre la UE y Marruecos se basan legalmente en el Acuerdo de Asociación de 2000. Además, es considerado un vecino cercano, un socio privilegiado de la UE en el ámbito de la cooperación política y económica, de la cooperación comercial, técnica y al desarrollo. De hecho, Marruecos es el tercer mayor receptor de fondos de la UE en el marco de la Política Europea de Vecindad.

Finalmente, el texto de la sentencia reitera “la posición consolidada de la UE sobre el Sáhara Occidental, que se basa en el pleno respeto del derecho internacional de conformidad con las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el proceso político liderado por Naciones Unidas para lograr una solución negociada que sea justa, duradera, pacífica y mutuamente aceptable para ambas partes”.

Países árabes y africanos

El gobierno marroquí no ha reaccionado por el momento a la condena del Parlamento europeo. Sí lo había hecho el jefe de la diplomacia y ministro de Exteriores, Nasser Bourita, la víspera a la resolución europea. Dejó claro que es una cuestión “bilateral, entre España y Marruecos”, y acusaba al gobierno de Madrid de “europeizar” la crisis que no había terminado el 1 de junio con la salida del secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali. Para Marruecos “es algo más profundo. Una pérdida de la confianza”.

Rabat está sorprendido ante la resolución, que llega después del gesto del rey Mohamed VI de ordenar el retorno de los menores marroquíes no acompañados que se encuentran de forma irregular en Europa. Aunque para volver al país tienen que estar “debidamente identificados”.

Mientras los estados europeos defienden que Ceuta y Melilla son españolas y “la frontera externa de la UE”, Marruecos acude de nuevo a los países árabes y africanos para que le apoyen frente esta posición a favor de España.

Los Parlamentos árabe y africano confirmaron su solidaridad con Marruecos y pidieron al Parlamento europeo que no se involucre en una crisis bilateral que puede resolverse mediante el diálogo.

Acuerdo de Pesca

La crisis podrá acrecentarse con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre un recurso presentado por el Frente Polisario referente al Acuerdo de Pesca que incluye aguas del Sáhara Occidental.

A España le podría ocurrir con el Acuerdo de Pesca, lo mismo que a Alemania con el Acuerdo de Hidrógeno Verde, firmado en junio de 2020 y que Rabat congeló debido a la crisis diplomática bilateral que arrastran desde el mes de marzo por “jugar (Alemania) un papel negativo para cuestiones estratégicas para Marruecos”.

En todo caso, hay quien ya pide directamente en las redes sociales el “no por la renovación del Acuerdo de Pesca con España”.

El Acuerdo de Pesca Sostenible entre la UE y Marruecos existe desde hace más de 30 años, y ha ido renovándose desde 1988 a través de sucesivos acuerdos bilaterales y de protocolos de implementación. En 2019 se firmó el último por cuatro años, que permite a los armadores de la UE ejercer su actividad en aguas situadas fuera del bloque europeo mediante el pago de una “compensación financiera para el acceso” (208 millones de euros).

Prescindir de este acuerdo afectaría directamente a España, ya que gran parte de la flota son pescadores españoles.

Cooperación con la UE

Las relaciones de la UE-Marruecos se remontan a 1963. Sin embargo, la subida al trono del rey Mohamed VI tras el fallecimiento de su padre, Hassan II, en 1999, marcó un cambio en las relaciones con Europa.

En 1987 intentó unirse a las Comunidades Europeas, pero su solicitud fue rechazada por los ministros de Asuntos Exteriores ya que no consideraron a Marruecos como un país europeo

Sin embargo, estas dos últimas décadas, Marruecos se implicó en una mayor cooperación, comprensión y colaboración con el continente vecino. Así encabeza la lista de socios que se han beneficiado del apoyo financiero.

En el año 2000 entró en vigor el Acuerdo de Asociación y un lustro después, la adopción del Plan de Acción, como parte de la Política europea de vecindad. La migración irregular y el terrorismo se convirtieron en temas primordiales, ensombrecidos siempre por la cuestión de los derechos humanos.

Además, está la política de vecindad para estrechar las relaciones políticas, con la cumbre de la UE-Marruecos y todo un engranaje de mecanismos de consulta en el ámbito ministerial.

El punto de conflicto principal es la disputa territorial. Ceuta y Melilla, considerada por Marruecos “ciudades ocupadas”. En 2006, ya se vivió una crisis diplomática porque Marruecos negó la entrada desde Ceuta de un paquete de ayuda español con coches patrulla para luchar con la migración irregular. Y el último episodio fue la tensión militar en la isla de Perejil, en 2002.



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