Caso Mozote | Juez Guzmán concluye visitas a sedes militares sin lograr acceder a ningún archivo

El juez del proceso penal por la masacre de mil salvadoreños en El Mozote en 1981, Jorge Guzmán, concluyó este jueves con las visitas programadas a seis sedes de la Fuerza Armada para inspeccionar archivos relacionados con la matanza sin lograr tener acceso a los documentos por el bloqueo a la diligencia judicial.

Como en las cinco ocasiones anteriores, hoy le fue negada la entrada al Destacamento Militar Número 4 de Morazán, a 208 kilómetros al este de la capital, donde pretendía llevar a cabo la inspección.

Al negársele la entrada, el juez Guzmán preguntó a un militar, que no se identificó, que de ¿dónde viene la orden?, a lo que el uniformado respondió simplemente que «se debe solicitar la información al Ministerio de Defensa».

«Como efectivos militares no están obligados a obedecer órdenes ilegales», manifestó el juez.

David Morales, uno de los abogados defensores de las víctimas de la masacre, dijo a periodistas que con esta acción el presidente Nayib Bukele y el ministro de la Defensa Nacional, Rene Merino Monroy, nuevamente «incurren en los delitos de actos arbitrarios, incumplimiento de deberes y desobediencia a una orden judicial».

Señaló que los militares que han negado el acceso al juez de la causa penal «también caen en el delito de encubrimiento porque están favoreciendo a quienes han cometido un delito».

«La Fuerza Armada ha cerrado las puertas a la justicia. Está protegiendo a los responsables del asesinato de más de 1.000 personas, la mitad de ellos niños, lo que no tiene sentido en un país que firmó la paz hace 30 años (…) esto deja en entredicho la voluntad de cumplir las obligaciones de derechos humanos del actual Gobierno», agregó.

Las otras sedes militares que bloquearon el acceso al juez son: el Estado Mayor de la Fuerza Armada en San Salvador, la Primera Brigada Aérea en la central localidad de Ilopango, la Segunda Brigada Aérea en el central municipio de San Luis Talpa, la Fuerza Aérea y la Tercera Brigada de Infantería del departamento de San Miguel (oriente).

Más de una docena de mandos militares retirados son procesados por crímenes de guerra y de lesa humanidad por esta matanza, considerada como la mayor masacre de civiles registrada en Latinoamérica en el siglo XX.

El caso, en el que más de cuarenta personas han testificado, estuvo cerrado por más de 20 años por una ley de amnistía y su reapertura se dio tras una anulación de este beneficio jurídico en 2016 por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema. Se espera que la causa sea elevada a juicio a finales del año.