La comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Liduvina Escobar, presentó ayer una demanda de amparo ante la Sala de lo Constitucional en contra del presidente de la República, Nayib Bukele, por suspenderla del cargo que tiene en dicha institución.

En dicha suspensión, también se le prohibió a la comisionada a medios informáticos de la institución.

En la demanda que presentó la comisionada argumenta los actos arbitrarios realizados en dicho procedimiento administrativo. Según la demanda, la manera en que se realizó el inicio de la remoción del cargo, se ha afectado el correcto funcionamiento, objetividad y legalidad de las actuaciones de la institución. Esto lo dice por el comportamiento de uno de los titulares del IAIP, que propicia el conocimiento de información no definitiva de manera ilegal contraviniendo el ordenamiento jurídico u oponiéndose a los procedimientos ordenados por el presidente de la República.

Esta demanda es por el inicio del procedimiento administrativo de remoción que inició la institución el pasado 23 de abril por orden del presidente de la República.

En la demanda también aclaró que el IAIP es una institución autónoma y que quienes la conformen deben mantener su autonomía y que no deben mantener relación con las represiones del Órgano Ejecutivo. Enfatizó que en lo que se deben fijar es en la aplicación que dicha institución hace con la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP)

«Yo creo que es necesario realizar este tipo de acciones para generar un precedente, que del ejecutivo no puede inferirse en el quehacer institucional. Espero que la demanda pueda admitirse de manera rápida y que la sala pueda valorar todo los argumentos planteados», aseveró.

Para Escobar, la medida cautelar que solicitó el presidente de suspenderla del cargo es desproporcional a los señalamientos que se le están realizando y que es una medida que no tiene sustento legal.

En el documento, la abogada de la demandante, Bertha de León, aclara que la remoción de su representada es por la inconformidad del presidente con el ejercicio de sus atribuciones legales del cargo de la comisionada, «las cuales no están supeditadas y no dependen de la anuencia o injerencia del Presidente de la República, ni de ningún otro ente obligado», dicta la demanda.

Los argumentos del presidente Bukele para suspender del cargo a la comisionada Liduvina e iniciar el proceso de remoción fue por el «probable cometimiento de actos que afecten el funcionamiento del IAIP e incumplimiento de sus funciones». Este aviso le llegó a la comisionada después días después que ella había denunciado que estaba siendo aislada, bloqueada y acusada falsamente por los demás comisionados del IAIP.

«Para mí este proceso (de remoción) no es sorpresa. Lo que viene es a confirmar una relación de algunos comisionados que están en el pleno del IAIP con Casa Presidencial. Esto es porque yo he venido haciendo una serie de denuncias de actos de hostigamiento y de acoso, pero de colegas del pleno, no del gobierno. La reacción de hoy es a mi posición marcada a favor del respeto a la Ley de Acceso a la Información Pública», dijo en su momento Escobar.

La comisionada también había denunciado a los comisionados Ricardo Gómez, Roxana Soriano y Luis Javier Suárez por buscar desacreditarla.

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