Los descendientes de Francisco Franco tienen un mes para retirar las valiosas propiedades acumuladas durante más de un siglo en el que fue palacio de verano del dictador. El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha dictado una resolución dando este plazo a los descendientes para retirar “las cosas, bienes y objetos” de su interior, con la única excepción de aquellas que eventualmente hayan sido colocadas allí por el Estado tras haber tomado posesión del inmueble. La diligencia, contra la que cabe recurso de reposición, requiere a la Administración para que permita el acceso al pazo de los profesionales que designe la familia Franco para poder efectuar la retirada de los bienes. Además, concede a las partes un plazo de 10 días para decir si están conformes o presentan alegaciones a la petición de los herederos del dictador de declarar no existente el inventario sobre los bienes del pazo y prohibir su divulgación.

La resolución que firma María Elma Monzón ―sustituta de la jueza Marta Canales que ordenó la devolución del pazo al Estado con todos los muebles y accesorios― se produce apenas una semana después de que la Audiencia Provincial de A Coruña revocase el auto firmado por Canales y estimase el recurso de los Franco señalando que el Estado no tiene derecho a ninguno de los objetos porque lo único que había demandado era el derecho sobre una finca catastral. Esta decisión dejaba abierta la posibilidad de que el Estado pudiese reclamar en otro pleito estos bienes. Pero, mientras la Abogacía del Estado estudiaba “las acciones más convenientes” a emprender para evitar un nuevo “expolio”, la jueza de Primera Instancia ha firmado la diligencia autorizando la mudanza.

Los nietos de Franco ya habían dejado claro que pelearían hasta el final por quedarse con todo. El pasado diciembre, el abogado de la familia, Luis Felipe Utrera-Molina, señalaba que no ofrecerían ningún tipo de resistencia a la entrega del inmueble, tras ordenarlo el juzgado. No obstante, cuestionaba ya las intenciones del Gobierno, de la Xunta y de Patrimonio Nacional de elaborar un informe determinando qué objetos pertenecían a las Colecciones Reales Españolas.

“Todos los muebles y enseres que hay en el pazo son de los Franco y eso cualquier jurista lo determinará”, advirtió en aquel momento Utrera-Molina. Y puntualizó que la familia poseía desde hacía años un “inventario detallado” y “facturas y pruebas” de las adquisiciones que Carmen Franco había realizado tras el incendio que en 1978 había destrozado parte del inmueble. “La familia se gastó millones en recuperar el pazo y en muebles y anticuarios”, afirmaba el letrado.

En el inventario de los bienes acumulados en el pazo figuran los cientos de objetos de gran valor recibidos como agasajo por el dictador y su esposa, así como legados de la anterior propietaria del pazo, la condesa de Pardo Bazán (entre otros, 3.200 libros de la que fue su biblioteca personal). Los herederos del dictador podrán quedarse finalmente con todos ellos si no prospera el recurso de reposición pese a que la Xunta iniciase de urgencia el pasado noviembre el expediente para protegerlos como Bien de Interés Cultural junto a los otros 7.000 ejemplares que ya custodia desde 1978 la Real Academia Galega en su sede de A Coruña. Junto a ello, el palacete guarda numerosos objetos de procedencia pública y fruto del expolio, según un informe de Patrimonio Nacional, integrados antes de la Guerra Civil en las Colecciones Reales Españolas.

La resolución judicial responde a la petición realizada por los Franco este lunes tras conocer que la Audiencia revocaba la sentencia que ordenaba el depósito del mobiliario a favor del Estado. Los descendientes del dictador ya han adelantado su voluntad de retirarlos todos, incluidos los declarados como Bien de Interés Cultural (BIC) entre los que se encuentran las estatuas de los profetas Abraham e Isaac del antiguo Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago que los Franco aseguran que compraron a un anticuario y la biblioteca de Emilia Pardo Bazán. No obstante, tendrían que pedir autorización a la Xunta y todo indica que no se la dará, ya que el consejero de Cultura, Román Rodríguez, ha reiterado a lo largo de esta semana que tanto las estatuas como la biblioteca son bienes “de Galicia” y que su intención es impedir que se los lleven.

La líder del BNG, Ana Pontón, ha pedido actuar con urgencia para impedir “un nuevo expolio” de la familia Franco en el pazo. Pontón tilda de despropósito la diligencia auto que permite los Franco vaciar Meirás de los bienes de un inmueble declarado BIC. Junto a ello, Pontón ha denunciado que el auto “es inasumible en términos democráticos” y urge a la Xunta y al Estado a presentar un nuevo recurso para defender la titularidad pública de los bienes muebles que deben formar parte del BIC.

La dirigente nacionalista ha anunciado que el BNG llevará la próxima semana al Congreso una proposición no de ley instando al Estado a presentar nuevo recurso para defender la titularidad pública de los bienes que forman parte del BIC. A la Xunta le reclama que garanticen la integridad de los bienes y a que incoe con urgencia el procedimiento para incluir en el BIC Torres de Meirás los bienes que alberga. “La recuperación del pazo va más allá del edificio, es una lucha por la dignidad colectiva de reparación de las víctimas del franquismo y la expulsión definitiva del franquismo de Meirás”, sostiene Pontón.

La líder del BNG entiende que las últimas decisiones judiciales sobre el pazo de Meirás evidencian la “anomalía democrática” del Estado español que se esté “pagando la factura de una transición que legalizó el franquismo, que blanqueó la dictadura y permitió los privilegios de la familia Franco e instauró la impunidad para los crímenes del franquismo”.



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