David Gómez Ruiz | El nuevo bono alquiler joven anunciado por el Gobierno de coalición PSOE – Unidas Podemos constituye la enésima transferencia de dinero público al mercado privado inmobiliario: directa, como lo fue la Renta Básica de Emancipación puesta en marcha por el Gobierno de Zapatero en 2007; de impacto residual y no exento de contradicciones, como aquella, pues excluirá a la inmensa mayoría de potenciales personas perceptoras y puede conllevar un cálculo inflacionista de los precios por parte de los propietarios; y, sobre todo, políticamente inútil, pues mantiene inalterada la lógica que perpetúa el problema social de la vivienda, que es el acaparamiento por parte de grandes tenedores, bancos y empresas inmobiliarias, los grandes procesos de especulación de precios asociados a éste y la ausencia de parque de vivienda pública o social en alquiler digno de tal nombre. No parece, por otro lado, que el tenor anunciado por la futura Ley de Vivienda vaya a tener un efecto significativo sobre esta realidad, y es normal cuando se considera a la vivienda a la vez como un derecho social y un bien de mercado, como hace este gobierno.

Lo anterior no debe sorprendernos, la tibieza y ambigüedad de las políticas sociales de los gobiernos social-liberales es una constante histórica. Ante la crisis de acceso a la vivienda, el gobierno progresista renuncia a poner fin real a los desahucios y a garantizar el acceso generalizado a un bien básico como es la vivienda porque descarta la confrontación con los grandes tenedores de vivienda, que implicaría un plan de expropiación de viviendas vacías de bancos y fondos buitre para ser destinadas a parques de vivienda pública o social, y la limitación del precio de los alquileres.

En este contexto, tratar de aterrizar la realidad del problema de la vivienda desde el plano general de las tendencias sociales (extremas dificultades de emancipación habitacional de la juventud, el hecho de que aproximadamente 1/3 de la población deba dedicar más de la mitad de su sueldo al pago del alquiler o el amplio abanico de violencias que implica la experiencia de búsqueda de alquiler para las clases populares) al plano micro, cotidiano y terrible de las personas y familias burgalesas en riesgo de desahucio de su vivienda, puede resultar complicado, no pretendemos saturar toda la información, pero haremos algunos apuntes.

Según los datos del CGPJ, tanto a nivel Castilla y León como en Burgos los casos de desahucios por impago del alquiler se han ido incrementado en los últimos años, sobre todo en comparación con los casos de desahucio por hipoteca. Frente a esta realidad, la respuesta de los gobiernos municipales ha sido y es insuficiente.

Se trata de una cuestión de impotencia política derivada de (1) la falta de recursos dentro de sus competencias (a veces también la inercia tecnocrática de algunos técnicos municipales: “no se puede, no se ha hecho nunca”); (2) la falta de una voluntad política real (se rechazan proposiciones nada sospechosas de radicalidad como la de la creación de una oficina municipal de alquiler de vivienda vacía presentada por Imagina Burgos en 2018), cuando no la indulgencia o complicidad con los procesos especulativos locales (como en el caso del abandono/venta de los terrenos del Parque de Artillería para la especulación inmobiliaria) y, a menudo, (3) el efecto de la correlación variable de ambos factores.

En este contexto, la actuación de los y las profesionales de los Servicios Sociales municipales se ha visto abocada, por la insuficiente ratio profesional/habitante (saturación de tareas), infrafinanciación (insuficiente dotación presupuestaria implica magras prestaciones sociales) y planificación institucional, a una función de “apagafuegos” que impide o dificulta al extremo cualquier trabajo previo de prevención de la exclusión social o de promoción de la autonomía y desarrollo comunitarios. De este modo, habiéndose renunciado previamente, desde la instancia política institucional, a confrontar la lógica de la vivienda como un bien de mercado y sin los recursos suficientes para hacer frente a este tipo de situaciones de emergencia, frente a un desahucio, los servicios sociales municipales no pueden ofrecer soluciones o alternativas eficaces ni garantizar, en su caso, ni una información y asesoramiento adecuados durante el proceso (espacio cubierto en la medida de sus fuerzas por PAH Burgos) ni un realojo digno y adecuado para personas y familias.

El proceso suele desarrollarse como sigue: llega a los servicios sociales municipales la notificación judicial de un caso de desahucio, la persona o familia afectada solicita al Juzgado la suspensión (aplazamiento) del desahucio alegando encontrarse en situación de vulnerabilidad social y el Juzgado eleva solicitud de informe acreditativo de la situación de vulnerabilidad social al CEAS de aplicación; este informe es elaborado por las Trabajadoras Sociales de base del CEAS y sirve (no siempre) para aplazar (sólo aplazar) el desahucio. A partir de ese momento, los servicios sociales municipales pueden (1) proponer una prestación económica de urgencia social vinculada al pago de la entrada a un nuevo alquiler, con suerte podrá añadírsele el importe de una o dos mensualidades; (2) cuando el desahucio es ya inminente, aprobar una prestación económica de urgencia social vinculada al pago temporal (15 días, a veces 15 días más si se logra hacer fuerza suficiente, por ejemplo, a través de PAH Burgos) de un alojamiento alternativo, de un hostal o de una pensión, o una plaza (igualmente temporal) en un albergue; y/o (3) la derivación, previa inscripción en el registro único del Ayuntamiento, al parque municipal de viviendas de alquiler social del Ayuntamiento de Burgos.

Este proceso, además de estigmatizante (no olvidemos, por otro lado, que a menudo hablamos de unidades familiares o de convivencia con menores a cargo) no resuelve el problema de base y está plagado de contradicciones, véase dificultades, adicionales.

Sin ánimo de ser exhaustivas:

En primer lugar, muchas personas y unidades familiares o de convivencia desconocen o no tienen la capacidad de iniciar este tipo de procesos, altamente burocratizados y digitalizados, por lo que, en algunos casos, y pese a la moratoria anti desahucios para personas y familias en situación de vulnerabilidad social aprobada por el Gobierno (en vigor hasta el 28 de febrero) son desahuciadas sin defensa.

En segundo lugar, las personas racializadas, sobremanera las de etnia gitana, encuentran grandísimas dificultades para alquilar en el mercado privado, por lo que la prestación de urgente necesidad vinculada al adelanto de un nuevo alquiler es “eficaz” sólo en un número muy reducido de casos.

En tercer lugar, aunque la concesión de las prestaciones económicas de urgencia social no está limitada al crédito presupuestario anual destinado por el Ayuntamiento a esta partida, éstas no pueden tener carácter indefinido ni habitual, lo que en la práctica puede traducirse en que, independientemente de la situación de necesidad, sea difícil que se aprueben dos en un mismo año para una misma persona o familia.

En cuarto lugar, las personas migrantes en situación administrativa irregular no pueden acceder (a excepción de quienes hayan sido reconocidas como refugiadas, figuren como solicitantes de asilo o dispongan de autorización de estancia por razones humanitarias) a prestaciones de ingresos mínimos como el IMV o la RGC, por lo que, en ocasiones, ante la imposibilidad de hacer frente al pago del alquiler reciben dos o más prestaciones de urgencia social sucesivas por ese concepto, lo que contradice, como hemos dicho, el principio de la prestación y las ubica en una situación de excepcionalidad permanente.

En quinto lugar, somos las mujeres quienes en mayor medida sufrimos estas violencias porque somos mayoritariamente nosotras quienes nos movilizamos para dar cobertura a las necesidades de la unidad familiar en caso de urgencia, y por tanto somos nosotras quienes demandamos y acompañamos mayoritariamente la apertura de estos procesos y las propias prestaciones sociales.

Luego, el Juzgado suspende temporalmente el desahucio para que el Ayuntamiento, a través de sus Servicios Sociales, ofrezca entretanto una alternativa, pero no existe una alternativa real más allá de las ya expuestas.

Y es que, por un lado, no existen recursos habitacionales específicos públicos de urgencia, más allá del Albergue Municipal para Personas Sin Hogar gestionado por Cáritas, lo que hace que el proceso implique habitualmente una transferencia de dinero público a negocios privados (hostales), donde familias con menores a cargo aguardan en habitaciones con literas. Y por el otro, el recurso lógico, que es el parque municipal de viviendas de alquiler social puesto en marcha en 2016 para ofrecer alojamiento temporal a personas y familias vulnerables afectadas por desahucios, cuenta con no más de 30 viviendas, para una ciudad de 175.000 habitantes, de las que la inmensa mayoría están ya habitadas. Y maneja, además, sus propias contradicciones, que han sido señaladas y denunciadas recurrentemente por la PAH, por ejemplo, la falta de transparencia del proceso adjudicatorio y la insuficiente labor de seguimiento y coordinación, no olvidemos que actualmente el Parque Municipal de Viviendas dispone de 6 viviendas vacías pendientes aún de formalización de contrato con las familias.

Así que, concluimos, es complejo, pero a la vez muy sencillo: una minoría peligrosa y organizada de grandes empresas inmobiliarias, bancos y fondos buitre se está enriqueciendo de forma escandalosa en Burgos y en todas partes a través del acaparamiento y especulación con la vivienda vacía, a costa de los derechos de la mayoría social e implicando un aumento de desahucios por impago de alquiler.

Frente a ello, las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Burgos y las reformas planteadas por el gobierno progresista sobre el sector de la vivienda, son manifiestamente insuficientes y nos condenan a un callejón sin salida, caro e inútil, de temporalidad y transferencia de dinero público al mercado privado.

Por ello, creemos es el momento de avanzar de forma decidida para darle una vuelta real y estructural a la crisis de acceso a la vivienda, y la movilización social y democrática es una herramienta útil para avanzar, conquistar derechos y restar poder económico y político a esa minoría de acaparadores, especuladores y rentistas.

De este modo, frente al cinismo y permanente chantaje de los fondos buitre, desde Anticapitalistas iniciamos hace unos meses la campaña https://decidamostodo.org/ en la que exigimos al Gobierno de coalición de PSOE y UP que tome la iniciativa y convoquen un referéndum que permita que sea la ciudadanía quien ofrezca una decisión democrática sobre el problema de la vivienda, posibilitando un debate real entre quienes hoy ven aumentadas sus cuentas de beneficio, en la sombra y sin ningún tipo de escrúpulo, y quienes vemos en ello conculcado nuestro derecho a una vivienda digna.





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