Afirma que es el texto propuesto desde el Ejecutivo es una «bomba de relojería» y una «ajuste de cuentas» de un bando frente a otro

SANTANDER, 15 Abr. (EUROPA PRESS) –

El PP ha registrado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria, postulando su devolución al Gobierno autonómico (PRC-PSOE) porque, a su juicio, es es una «bomba de relojería» y un «ajuste de cuentas de un bando frente a otro», y ha propuesto que, en lugar del texto del Ejecutivo, los grupos de la Cámara elaboren uno nuevo de consenso que pueda ser aprobado por unanimidad.

Así lo ha planteado este jueves, en rueda de prensa, el portavoz del grupo popular en el Parlamento, Íñigo Fernández, quien ha explicado que el PP, tras oír a los expertos que han comparecido en Comisión parlamentaria, esta «más preocupado» y tiene «muchas más dudas» con esta ley y le genera «mucha inquietud».

Los ‘populares’ abogan por la redacción por parte de los grupos de la Cámara (PP, PRC, PSOE, Cs y Vox) de un nuevo texto ya que creen que el hecho por el Ejecutivo tendría que «cambiarse entero».

Y es que, a su juicio, el texto propuesto por el Gobierno, «no es una ley para reparar a las víctimas» sino que es «enaltecer» a las víctimas de un bando (las represaliadas por los franquistas) y «arrinconar» a otras (las ajusticianas por el bando republicano); es «reabrir heridas», «reproducir la división» y es «sectarismo».

«Esta ley es Pablo Zuloaga en estado puro. División, crispación, radicalidad, enfrentamiento y sectarismo en estado puro», ha afirmado Fernández, quien también ha afirmado que, a juicio del PP, esta ley supone «adoctrinamiento escolar» al prever, según ha indicado, la creación de unas «enseñanzas específicas dictadas» desde la Consejería de Zuloaga sobre este periodo historico, con planes formativos para profesores y con el objetivo de que éstos «vuelquen» estos contenidos en sus alumnos.

Sin embargo, para el PP «lo más grave» de esta ley es que se plantee crear una Comisión de la Verdad que, en su opinión, es para «echarse a temblar» en la que «supuestos expertos desginados a dedo por Zuloaga van a decir a Cantabria lo que sucedió en aquellos años y qué fue verdad y no», imponiendo «una versión y una verdad oficial».

Fernández ha señalado que, con ella, Zuloaga «se atreve a decir qué es la verdad», a «erigirse como juez» y a establecer «sanciones administrativas y multas» para quien no se atenga a esta «verdad oficial».

Además, también considera que esta ley promueve la creación de una red de asociaciones de Memoria Histórica con «carga ideológica» por parte, no de todas las víctimas, sino de aquellas que defendieron la legalidad de la República.

También ha tildado de «deplorable» la exposición de motivos en la que se quiere «hacer creer» que la Guerra Civil fue una lucha del «pueblo cántabro» en la lucha por sus libertades cuando –ha dicho– «no hubo nada de eso».

Por todos estos motivos, pide que el texto actual se devuelva al Gobierno y se haga uno nuevo promovido desde los grupos del Parlamento. El PP ha mostrado su disposición al «diálogo» y a la búsqueda de «consensos» para aprobar una ley que haga justicia con todas las víctimas, no «única y exclusivamente» con las de una parte.

A su juicio, esta «ley de víctimas» debe servir para la reparación a través de la identificación de todas ellas, de la localización de los lugares donde fueron ajusticiadas y de sus restos, facilitando cuando sea posible la recuperación de los mismos para devolvérselos a sus familiares.

El portavoz popular también ha criticado el momento en que se está tramitando esta norma y ha censurado que, en plena pandemia, con una vacunación que «no acaba de arrancar» completamente, y tras haber registrado la comunidad cientos de muertos, de estar la economía regional «hundida», los trabajadores en ERTE o en paro, los autónomos en cese de actividad, el PSOE y Zuloaga –de cuyo departamento parte la norma– tenga como «prioridad» la Memoria Histórica.

«No oigo a nadie por la calle preocupado de la Memoria Histórica», ha afirmado el portavoz popular, que considera que la gente y la comunidad tienen ahora «otras necesidades».



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