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SEVILLA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) –

El portavoz del grupo socialista de Cultura y Patrimonio Histórico, Javier Fernández, ha criticado la «parálisis» de más de dos años a la que el Gobierno andaluz «está sometiendo» las políticas de memoria histórica y democrática «por no molestar a la ultraderecha», y ha alertado de que «la inacción también es una forma de incumplir la ley».

En una nota de prensa, Fernández ha insistido en la «falta de acción» en estas políticas «solo para contentar a los socios de ultraderecha del Gobierno andaluz» y ha detallado que en la Junta «llevan tres presupuestos sin cumplir: la ejecución en 2020 fue del 17 por ciento, con un 40 por ciento en estudio y trabajos técnicos». «Lo único que han hecho estos dos años y medio ha sido pagar lo que ya estaba comprometido y contratado por el anterior gobierno socialista», ha recalcado.

«Prueba de ello es el rechazo por los grupos de derechas a la Proposición no de Ley (PNL) defendida esta semana por el Grupo Socialista en comisión parlamentaria para instar a la Junta a que se ejecuten los presupuestos y se completen las partidas con los recursos del Ejecutivo de España», ha añadido.

Según Fernández, «con su voto en contra a esta iniciativa junto a la ultraderecha, PP y Cs dejan clara su negativa a garantizar una mayor colaboración con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), tanto para
exhumaciones, ya que existen recursos estatales para tal efecto, como para investigación y difusión en colaboración activa con los ayuntamientos de los
hallazgos e investigaciones que generen los trabajos de exhumación de fosas entre la población».

El portavoz socialista ha reprochado al Gobierno andaluz la «falta de compromiso con las víctimas y con el movimiento memorialista que sigue esperando justicia, verdad y reparación», como marcan las directrices de organismos internacionales en la línea de Naciones Unidas.

Desde el PSOE-A recuerdan que el Gobierno central ha destinado a Andalucía
507.813 euros, de los que 428.294 se destinarán específicamente a la localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas en fosas
comunes durante la Guerra Civil y la dictadura.

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