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VALLADOLID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) –
La secretaria de Memoria Histórica de la Comisión Ejecutiva Autonómica (CEA) del PSOE de Castilla y León, Beatriz García, critica que el Gobierno de Castilla y León no hace aportaciones a la ley, sino «ataques cargados de soberbia, emitidos con la clara intención de crear división y de poner trabas a los objetivos que vertebran esta ley».
Tras escuchar las aseveraciones del señor Igea en calidad de portavoz de la Junta de Castilla y León, García le recuerda que la Ley es fruto del diálogo del Gobierno con una pluralidad de colectivos políticos, sindicales y de la sociedad civil, cuyas aportaciones han sido tenidas en cuenta.
«El diálogo siempre es necesario para lograr consensos, pero quizá el Ejecutivo de Mañueco no esté acostumbrado a este procedimiento por la falta de práctica», explica García a través de un comunicado remitido a Europa Press.
La dirigente socialista lamenta que el portavoz de la Junta considere que la actual propuesta solo reconozca a las víctimas del bando republicano, pero se niegue a reconocer que el franquismo ya homenajeó a las víctimas del bando sublevado.
García recuerda que durante la Guerra Civil, provocada por un golpe de estado contra el régimen democráticamente establecido de la II República, hubo víctimas en ambos bandos, muchas de ellas inocentes.
Por eso, García vuelve a incidir en que el PSOE condena todos los crímenes de guerra cometidos, protagonizados por uno y otro bando. Sin embargo, «no por ello vamos a dejar de buscar la verdad, la justicia y la reparación de los cientos de miles de víctimas que sufrieron los ataques contra los derechos humanos a lo largo de 40 años de dictadura franquista».
«Durante esta negra y dura etapa la cruel represión solo se cebó con las personas ligadas al bando republicano, es decir, con los vencidos y vencidas. En esta ley, además, se le dedica una especial atención a la doble represión que sufrieron las mujeres, un aspecto novedoso de este texto que valoramos especialmente», añade.
En segundo lugar, incide, «y muy a pesar de que el señor Igea no quiera reconocerlo», las víctimas de guerra del bando rebelde fueron reparadas por el régimen de Franco, que impuso desde sus inicios una poderosa política de memoria totalitaria que, por un lado, excluía, criminalizaba, estigmatizaba e invisibilizaba radicalmente a las víctimas del bando derrotado en el conflicto fratricida. Y, por otro lado, reparaba a las víctimas del bando sublevado y a sus familias, agrega.
Siguiendo esta línea, continúa García, el régimen ordenó la exhumación de un gran número de fosas comunes con apoyo estatal y metodología científica; erigió monumentos conmemorativos y panteones por todo el país; estableció fechas conmemorativas y se nombraron municipios, infraestructuras, calles y avenidas en honor de personajes impulsores del golpe de Estado, de la dictadura o de hechos considerados gloriosos por el régimen franquista; otorgó pensiones y trabajos públicos a los excombatientes y a los familiares de los ‘caídos por Dios y por España’, entre otras actuaciones.
Sin olvidarse, añade, del proyecto memorial más importante de la dictadura que no es otro que el Valle de los Caídos, monumento que gracias a esta Ley tendrá una «justa resignificación democrática».
García señala que Igea critica que la ley establezca un tiempo cerrado de vigencia -desde el Golpe de Estado de 1936 hasta la aprobación de la Constitución- y que se hayan dejado fuera los crímenes de ETA.
«Con esta crítica el señor Igea parece minusvalorar la aprobación de la Constitución Española de 1978 que marcó un antes y un después en la historia de España, ya que permitió que la paz, la democracia, la convivencia, el consenso y los derechos y libertades se impusiesen frente a un pasado oscuro de totalitarismo, dictadura, represión y crímenes contra los derechos humanos», puntualiza.
Por otra parte, a su juicio, los comentarios del portavoz de Mañueco parecen dar a entender que la justicia española en tiempos democráticos no ha condenado a los terroristas etarras con la suficiente contundencia.
«Si esa es su opinión, puede hacerlo constar en las instancias judiciales que considere, pero no utilizar esta argumentación para tratar de reducir la violencia ejercida por la dictadura franquista contra cientos de miles de españoles, y que la democracia española debe de condenar de forma contundente», concluye.
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