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El Senado de Estados Unidos (EEUU) está a un paso de confirmar a la jueza ultraconservadora Amy Coney Barrett, que fue nominada por el presidente, Donald Trump, para cubrir la vacante que dejó en el Tribunal Supremo la fallecida magistrada progresista Ruth Bader Ginsburg.
Por 51 votos a favor y 48 en contra, la mayoría republicana del Senado aprobó este domingo una moción que inicia una cuenta atrás de 30 horas hasta la votación final sobre Barrett.
Se espera que ese voto se produzca en el pleno del Senado a última hora de la tarde de este lunes (de madrugada en España), y está previsto que salga adelante, por lo que la jueza podría incorporarse al Supremo este mismo lunes o el martes.
Dos senadoras republicanas, Susan Collins y Lisa Murkowski, se opusieron este domingo al voto de procedimiento por considerar que no debe impulsarse una candidatura para un cargo vitalicio en el Supremo en vísperas de las elecciones.
Sin embargo, la segunda de ellas ha confirmado que este martes sí votará a favor de Barrett, y por ahora Collins, que se juega su escaño en los comicios, es la única republicana que ha adelantado que se opondrá a la nominación.
Los conservadores controlan 53 de los 100 escaños del Senado y apenas necesitan 51 votos para confirmar a Barrett; incluso si sólo consiguen 50, el vicepresidente estadounidense Mike Pence podría romper el empate en calidad de presidente del Senado.
La confirmación de Barrett, de 48 años, inclinará a la derecha la composición del Supremo probablemente durante décadas, ya que dejará en la corte a seis jueces de tendencia conservadora frente a tres magistrados progresistas.
Una vez en la corte, Barrett tendrá que decidir si se abstiene de participar en cualquier posible apelación que llegue al Supremo relacionada con los resultados de las elecciones de noviembre, algo con lo que no quiso comprometerse durante sus audiencias de confirmación a pesar de haber sido nominada por Trump.
Los conservadores consideran además que la confirmación de Barrett será una «victoria histórica» para quienes se oponen al aborto, porque la jueza es contraria a ese derecho garantizado en EEUU desde 1973, aunque no ha querido aclarar si votaría para socavarlo.
La nominación de Barrett generó polémica instantáneamente porque se produjo muy poco después de la muerte de Ginsburg, fallecida a mediados de septiembre, y a pesar de que esa jueza progresista dejó escrito que su «deseo más ferviente» era «no ser reemplazada hasta que haya un nuevo presidente» que surgiera de los comicios del 3 de noviembre.
En 2016, cuando otra muerte dejó una vacante en el Supremo ocho meses antes de las elecciones, la mayoría republicana en el Senado ignoró al sustituto que había elegido el entonces presidente Barack Obama y ni siquiera programaron una votación al respecto, con el argumento de que no tenía sentido aprobarlo en un año electoral.
Guerra cultural
Los jueces de EEUU han quedado atrapados en el fuego cruzado de una «guerra cultural», en la que conservadores y progresistas se disputan el alma de la nación y su actitud hacia asuntos como el aborto, los derechos de la comunidad LGTB y la igualdad racial.
«Los jueces están en el centro de la guerra cultural», afirmó en declaraciones a Efe Charles Shipan, profesor de política de la Universidad de Michigan y especializado en el Tribunal Supremo.
En su opinión, los magistrados son quienes abrieron la caja de pandora al aceptar casos judiciales muy controvertidos que se habrían negado a evaluar hace 50 o 75 años por considerar que correspondían a las dos ramas políticas del Estado: el Ejecutivo y el Legislativo.
Sin embargo, los jueces sentían que tenían la obligación de proteger a aquellos a los que la política había fallado y; por eso, por ejemplo, el Tribunal Supremo intercedió en 1954 para acabar con la segregación racial en las escuelas y, en 2015, legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo.
El problema es que los jueces han acabado decidiendo «solo por un voto» asuntos que son «masivas controversias sociales», lo que inevitablemente ha aumentado la polarización en EEUU, explica el analista Ilya Shapiro del Instituto Cato, un centro de estudios de ideología ultraliberal.
El resurgir conservador
Al nuevo papel de los jueces se suma que el Partido Republicano de «manera muy consciente y estratégica» colocó a la judicatura en el centro de la «guerra cultural», en un intento por movilizar a los votantes más conservadores, explicó Shipan.
Esa estrategia es fruto de las consecuencias que tuvo el fallo del Tribunal Supremo que en 1973 garantizó el derecho al aborto.
Surgió entonces un movimiento liderado por la derecha cristiana que forzó al Partido Republicano en 1976 a incluir la oposición al aborto como parte de su ideario y que, poco a poco, ha conseguido erosionar ese derecho en algunos estados, como Texas, donde muchas clínicas se han visto obligadas a cerrar.
De esa forma, el movimiento que se describe a sí mismo como «provida» ha pasado a formar parte de la identidad republicana y, aunque el partido intentó moverse hacia el centro en los años 90 y a principios de este siglo, ha acabado regresando a un extremo de la mano del presidente de EEUU, Donald Trump.
El mandatario necesita el voto religioso para ganar y por eso, tanto en 2016 como en estas elecciones, se ha comprometido a nombrar jueces conservadores que defiendan el derecho a portar armas y se opongan al aborto, al matrimonio igualitario y a la discriminación positiva.
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