Redacción | Más allá de las cúpulas de CCOO y UGT crece cada día un sindicalismo que apuesta por ensanchar e impulsar las conquistas desde el conflicto en lugar de las negociaciones y las cesiones desde los despachos. Éstos sindicatos han rechazado la reforma laboral acordada por el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, la patronal y los sindicatos de CCOO y UGT.

En un manifiesto impulsado por los sindicatos vascos ESK, ELA y LAB, junto al sindicato gallego CIG, el sindicato asturiano CSI, el sindicato andaluz SAT, así como los sindicatos CUT, Intersindical catalana, valenciana y canaria entre otros, afirman que “el acuerdo alcanzado en el marco del diálogo social entre el Gobierno, los sindicatos CCOO y UGT y la patronal CEOE, no deroga ni la reforma laboral del 2012 ni tampoco la reforma laboral del 2010 del Gobierno de Zapatero”. En opinión de los firmantes una de las principales razones de este resultado se encuentra en “la prioridad del gobierno de atraer a la patronal al acuerdo, le ha otorgado a esta última el derecho al veto, y la falta de presión y movilización de los sindicatos firmantes ha derivado en una Reforma Laboral hecha a medida de los intereses de la patronal”.

Entre las consecuencias concretas que este nuevo marco legislativo tendrá para todas las trabajadoras y trabajadores del Estado, los firmantes destacan que “no se contemplan medidas para corregir la estatalización de la negociación colectiva impuesta por las reformas laborales de 2010 y 2012”. En paralelo califican como “muy grave” que no se modifique la normativa en materia de despidos. Marco que viene usando la patronal de manera continua para despedir a las trabajadores y trabajadores de manera unilateral. Empleándolo como mecanismo de chantaje y amenaza para precarizar aún más las condiciones de quienes mantienen su empleo.

Desde los sindicatos firmantes señalan como central el sometimiento de esta nueva Reforma Laboral al marco impuesto por la Unión Europea y lo que consideran como “chantajes para poder acceder a los Fondos Europeos”. Fondos públicos que tanto organizaciones sindicales, políticas como Anticapitalistas y movimientos sociales como Ecologistas en Acción han señalado como “dinero público para financiar y salvar a las grandes multinacionales y que nada tienen que ver con las necesidades de las mayorías sociales”.

En consecuencia las organizaciones sindicales que impulsan este manifiesto consideran que “la no derogación de la Reforma Laboral y los continuos incumplimientos de sus promesas por parte del gobierno del Estado, dejan en evidencia los límites del marco del diálogo social y del marco político del Estado español” y como conclusión ante lo que consideran que “si el gobierno más progresista del Estado español no tiene capacidad para derogar la Reforma Laboral, ni de hacer políticas en beneficio de la clase trabajadora y las clases populares, queda claro que el único camino para un cambio de modelo, también para la clase trabajadora del Estado, es el ejercicio del derecho a decidir de los pueblos.”

En las últimas horas otras organizaciones políticas como Adelante Andalucía se han sumado al rechazo de la nueva reforma laboral y reclaman un nuevo marco legislativo que mejore las condiciones laborales actuales de las trabajadoras y trabajadores y refuerce su capacidad de conquistar más derechos para la mayoría social.