miércoles, mayo 25, 2022
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El ‘vía crucis’ de las inmatriculaciones: 24 años, 35.000 bienes y apenas un millar que la Iglesia reconoce como irregulares

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El ‘vía crucis’ de las inmatriculaciones: 24 años, 35.000 bienes y apenas un millar que la Iglesia reconoce como irregulares

El expresidente del Gobierno José María Aznar y su esposa, Ana Botella, conversan con el entonces cardenal arzobispo de Madrid, Antonio Rouco Varela, en la Nunciatura del Vaticano en Madrid, en mayo de 2003

Raúl Rejón


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Este lunes, la Iglesia católica española ha admitido que inmatriculó indebidamente, al menos, 965 de los 35.000 inmuebles que puso a su nombre entre 1998 y 2015 gracias a la facultad que le otorgó la modificación del Reglamento Hipotecario decretada por el Gobierno de José María Aznar. Además, vendió no menos de 122 viviendas y fincas de las que se había apropiado de esta manera. Aunque en el comunicado conjunto con el Gobierno la Conferencia Episcopal se abre a la «regularización» de estas propiedades, en su informe rebajan el reconocimiento de la apropiación a: «señalar errores» en el listado oficial de sus bienes. Aunque mínimo, es un primer paso que revierte el proceso de más de tres lustros de acumulación de patrimonio que la Iglesia llevó a cabo desde aquel decreto hasta que se cambió la ley para detenerlo.

La Iglesia vendió 122 viviendas y fincas que puso indebidamente a su nombre

Estación I. Una modificación legal casi desapercibida

El 4 de septiembre de 1998, en uno de los documentos normalmente más anodinos del Gobierno, la referencia del Consejo de Ministros, aparecía recogido el acuerdo para la «modificación del Reglamento Hipotecario». El Consejo presidido por José María Aznar (PP) informaba de que pretendía «la adaptación a las últimas reformas legales, acomodación del ejercicio de la función del Registrador a las nuevas necesidades y regulación de figuras carentes de una reglamentación registral actualizada». El Boletín Oficial del Estado publicaba el decreto firmado por la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, el 29 de septiembre, que entró en vigor 30 días después.

No levantó gran interés. De hecho, los colegios de abogados protestaron casi dos meses después contra este texto, pero de manera tangencial. La preocupación de los abogados era la Ley de Enjuiciamiento Civil. En un pleno del Consejo General de la Abogacía de noviembre de ese año se acordó –esencialmente– solicitar una retirada inmediata de esa norma y, por añadidura, impugnar el nuevo Reglamento.

Pero la normativa facultaba a la Iglesia católica, y únicamente a esta institución, para registrar a su nombre inmuebles con la mera firma del obispo de la diócesis donde cayera ese bien como prueba de su propiedad. Así se abrió la puerta a una especie de voracidad inmobiliaria eclesial que se aceleraría especialmente a principios el siglo XXI.

Estación II. 1998-2015, los años de la (masiva) inmatriculación

Con el arsenal reglamentario en la casulla, los obispos españoles se dieron a la inmatriculación. No era necesario hacer publicidad así que, de forma soterrada, miles y miles de inmuebles fueron poniéndose a nombre de la Iglesia católica engordando el patrimonio eclesiástico. Cuando comenzó a conocerse esta operación de registro masivo aparecieron cifras orientativas: se manejó el número de 4.500 propiedades entre 1998 y 2015. A la postre, la realidad era mucho mayor. Siete veces mayor: casi 35.000 inmuebles.

Fuente: Ministerio de la Presidencia

Luego se sabría que este poder se aplicó a casas, edificios de viviendas, garajes, colegios, prados, huertos… pero también a catedrales que eran propiedad del Estado o a la mezquita de Córdoba. Los vecinos de la ciudad andaluza descubrieron en 2009 que, en 2006, el Obispado había puesto a su nombre el templo musulmán construido desde el año 784 hasta alcanzar los 23.400 metros cuadrados durante la época califal. En 1523 se construyó dentro una catedral católica, incrustada en las naves de la mezquita.

La reforma hipotecaria que introdujo el Gobierno Aznar fue aplicada por la Iglesia para registrar a su nombre, al menos, una treintena de catedrales por una tasa de 30 euros cada una. Los edificios habían pasado a formar parte del Tesoro Artístico Nacional, tal y como había establecido el Gobierno republicano en 1931. Además de la mezquita cordobesa, se inmatriculó la Seo de Zaragoza, la catedral del Buen Pastor de Donostia o la Giralda de Sevilla. Con ese movimiento, aunque muchos de esos templos continúan siendo restaurados con dinero público, los beneficios de las visitas y las colectas van a nutrir las arcas eclesiásticas.

Estación III. 2015-2017: el cambio de la ley; el inicio de la lista

El furor inmatriculador se frenó en 2015 porque se modificó la ley Hipotecaria de manera que la Iglesia perdió las facultades que le había ampliado el Ejecutivo de PP de Aznar en 1998. La Iglesia no podría inscribir más bienes. El listado se paraba tras 17 años de registrar a un ritmo medio de más de 2.000 inmuebles al año.

Pero el Gobierno, entonces liderado por Mariano Rajoy (PP), no estaba interesado en saber cuánto había inmatriculado la Iglesia. Echaba balones fuera al aducir que ese asunto era cosa de los registradores de la propiedad (el gremio al que pertenecía por oposición el propio Rajoy).

La presión no se detuvo, ya que el Congreso de los Diputados surgido con el multipartidismo pudo aprobar una proposición no de ley que instaba al Gobierno a conocer cuál era el listado y tratar de recuperar los bienes. La correlación de fuerzas parlamentarias que sacó adelante esta propuesta era la que permitiría el triunfo de la moción de censura contra Rajoy un año mas tarde.

Sin embargo, en noviembre de aquel 2017, el Ejecutivo dio, algo, su brazo a torcer: «Desde el Ministerio de Justicia, de acuerdo con sus competencias, se están impulsando las actuaciones necesarias (…) en lo relativo a la elaboración de un estudio en el que se recojan todos aquellos bienes que desde 1998 han sido inmatriculados a favor de la Iglesia Católica», contestaba por escrito a una pregunta parlamentaria. Con todo, el plan gubernamental era tener una lista que meter en un cajón ya que insistían en que las inmatriculaciones «son plenamente válidas». El plan Rajoy era: «No se entiende procedente realizar ninguna acción». Pero la moción de censura de 2018 lo cambió todo.

Estación IV: un nuevo Gobierno se entera de que son 35.000 inmatriculaciones

Tras la investidura como presidente del Gobierno de Pedro Sánchez con el apoyo de la izquierda en junio de 2018 y las victorias electorales socialistas de 2019, el listado fue conformándose, ahora sí, con la idea de que los dueños pudieran reclamar los inmuebles irregularmente inmatriculados.

La nómina llegó en febrero de 2021, en plena pandemia de COVID-19. El Gobierno de coalición había identificado 34.900 inmuebles puestos a nombre de la Iglesia entre 1998 y 2015 con la mera firma de un obispo gracias al reglamento de 1998. La cifra era mucho mayor que lo estimado hasta el momento (y no incluye las inmatriculaciones realizadas desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978 que grupos como Europa Laica consideran, también, fuera de la ley).

La mayoría de estos inmuebles se habían registrado con, únicamente, «la fe de la autoridad eclesiástica correspondiente». Había unos 20.000 que correspondían a templos o dependencias anexas y otros, casi 15.000 se incluían en el epígrafe de «otros usos». Ahí había de todo: solares, viviendas, locales, plazas de garaje, huertos, fincas… Castilla y León y Galicia son las comunidades autónomas donde la Iglesia pudo registrar más bienes gracias a la ley modificada por José María Aznar, como se puede comprobar en este mapa.

El Gobierno, eso sí, recordó que las inmatriculaciones se habían hecho según la ley que regía entonces, aunque ahora podrían revisarse y que hipotéticos dueños legítimos tuvieran la posibilidad de reclamar. El listado se remitió al Congreso.

Estación V: la Iglesia admite en 2022 un 2,7% de errores

Casi un año después de conocerse e listado, la Iglesia ha admitido que puso a su nombre casi 1.000 inmuebles sin derecho. El Gobierno mandará la relación a la Federación de Municipios y Provincias para que los legítimos dueños puedan reclamar. Son un 2,7% de todas las inmatriculaciones detectadas. Además, los obispos han reconocido que un grupo de 122 bienes entre viviendas y fincas, no solo fueron registrados indebidamente sino que, además, los vendieron. El Gobierno afirma que tendrán que indemnizar a los titulares.