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Por primera vez, en la historia electoral mexicana, las 32 entidades federativas que integran la República concurrirán con la elección federal en la misma jornada. El próximo 6 de junio se elegirán a 500 diputados federales, a los titulares de 15 gubernaturas, 30 congresos locales y 30 entidades renovarán sus ayuntamientos. Más de 3 mil cargos de elección popular a nivel local. Pero si sumamos el número de diputados locales federales y se consideran las sindicaturas y regidurías, más los cargos auxiliares de los municipios el total de cargos a elegir, locales y federales, asciende a 21 368. Todo un reto. Su importancia coyuntural se explica por varios procesos ocurridos en los últimos tres decenios:

En primer lugar, se debe dejar constancia que estas próximas elecciones son la inmediata consecución de un proceso electoral de cambio que se inicia en 2015 y tiene su mayor éxito electoral hace tres años. El desastre institucional provocado por los gobiernos priistas y panistas de 1988 a 2018, se frenó y se contuvo con el triunfo de una organización especial: MORENA, una joven organización partidista que, en solo cuatro años de existencia, convenció a millones de ciudadanos, no solo para alcanzar el poder político nacional, sino para iniciar una transformación profunda del país, en los ámbitos políticos, económicos y sociales, como no se apreciaba en décadas.

Los mexicanos tienen mucho interés por estas elecciones. Sus resultados, una vez concluida la jornada electoral del 6 de junio próximo, pueden convertirse en el escenario que obstaculice de manera definitiva e imparable el proyecto más destructor y nocivo de la historia económica, política y social reciente: el modelo neoliberal. Un modelo que desde 1989 es impulsado por la dupla partidista PRI- PAN y que tuvo como único fin el desmantelamiento del Estado Nacional y la entrega de la economía a los grandes poderes trasnacionales. Entre 1989 y 2018, ese proyecto y su aplicación, provocó en nuestro país, el modelo ideal para el enriquecimiento grotesco de una minoría de políticos y pseudoempresarios corruptos que apostaron a la desigualdad social y empobrecimiento de los mexicanos. Muchos de ellos, hoy día, están ingresando gradualmente a los reclusorios para ser procesados por delincuentes.

En 2018, se debe reiterar, culminó en el plano político electoral un sistema de apariencias pluralistas sustentado en los acuerdos y acomodos políticos del binomio PRI-PAN, que tuvo como invitado y comparsa menor en 2012 al PRD. Lo único que prevaleció desde 1989, cuando iniciaron su alianza los dos primeros, fue la modificación de leyes electorales que permitieron a los organismos partidarios con registro, alcanzar un tipo de financiamiento público millonario pero que nunca alteró el modelo, de competencia, ni de alternancia política. En esos años, entre las élites del PRI y PAN se acordaron y definieron de manera autoritaria los escasos triunfos opositores. Estos se reconocieron solo por una decisión conveniente para priistas y panistas. En 1994, como buenos aliados se repartieron el Senado; construyeron acuerdos para alternarse en la presidencia de la república, y especialmente fueron cómplices, junto con un sector empresarial poderoso, para detener a los verdaderos opositores del 2006 y 2012.

De la corrupción y deterioro económico sufridos por nuestro país, se han conocido múltiples hechos desde 1989. Pero lo que también importa destacar ahora, es que esos aliados corruptos construyeron una institucionalidad electoral a modo, a la que hemos venido criticando desde hace años. Los cambios constitucionales y legales impulsados en materia electoral por el binomio PRI-PAN y su aliado el PRD, esa triple alianza partidista nunca tuvieron como fin la creación de un organismo electoral independiente y libre. El IFE, ahora INE, ha estado en manos de un Consejo General integrado por consejeros designados por los bloques parlamentarios en las Cámaras, en las que siempre el PRI y el PAN tenían el control de la mayoría, y, en consecuencia, los designados consejeros fueron y son dóciles a esos partidos. Después de varias reformas, poco se ha avanzado en materia electoral. Se sigue practicando en México la reforma básica, insustancial, la que se orienta exclusivamente a modificar los criterios y formas de acceso al poder, no a la construcción de las reglas en el ejercicio del poder.

La renovación de muchos cargos no sería un problema mayor en una democracia sólida. Sin embargo, el proceso comicial del próximo mes de junio se realiza en un país que nunca ha sido ejemplo de elecciones libres, justas, equitativas. México no es un modelo de organización institucional imparcial. Por ello, sin causar extrañeza, llama mucho la atención la omisión de las autoridades hacia la campaña negra que los viejos aliados y sus mecenas empresariales, han venido sosteniendo en los medios tradicionales de comunicación en contra del partido mayoritario, MORENA. Sin pudor alguno, la triple alianza partidista, sigue dilapidando recursos económicos para los que no hay control ni vigilancia, más aún, cuando recientemente se ha dado a conocer que reciben financiamiento del gobierno estadunidense. La renovación electoral del 2021, incidirá en el fortalecimiento del federalismo, la división de poderes y el régimen municipal. Como quedó demostrado en las últimas elecciones federales y locales recientes, el nuevo organismo mayoritario seguirá obteniendo posiciones políticas significativas: es favorito para obtener la mayoría de gubernaturas; conquistar nuevamente la mayoría de las diputaciones federales en disputa; obtener los principales ayuntamientos y consolidar su fuerza política en la mayoría de los congresos locales. Una organización joven, incipiente, creciendo y renovando los cuadros políticos de un país que no configuraba ya nuevos espacios propicios al ejercicio de las virtudes cívicas en el quehacer público, desde hace décadas.

Los cambios que se impulsan desde el gobierno nacional, incidirán en la decisión que tomarán millones de ciudadanos. Esto es más evidente por la irracional campaña contra el titular del ejecutivo federal que realizan PRI-PAN-PRD. La confusión y deslealtad política de estas organizaciones hace evidente su pasado y presente: no son organizaciones independientes. Dejaron desde hace tiempo de ser formaciones de miembros y militantes y pasaron a ser organizaciones de cuadros vinculados a la corrupción y a los intereses económicos autoritarios y conservadores. Representan lo peor de un sistema democrático plural: la partidocracia. Si en un tiempo PAN y PRD se vieron como medios imprescindibles para hacer una realidad la democracia representativa, hoy solo se les ve como negociadores de pactos y acuerdos facciosos, en contra de la mayoría de sus electores y favorecedores de los intereses antinacionales más retrógrados.

Las campañas electorales del 2021, son ejemplo de una realidad compleja. Las elecciones intermedias de diputados federales, en la mayoría de las ocasiones, no tenían importancia. Hoy la tienen gracias a las campañas negativas de la trinca conservadora, que pretende obstaculizar el ejercicio parlamentario de MORENA y sus aliados en las cámaras; campaña negativa que provocará una mayor participación ciudadana. Las 15 gubernaturas se disputan sin el ruido altisonante que acapara a diario el ejecutivo federal; los triunfadores de ellas, estarán convencidos que son tres años donde tendrán que negociar democráticamente convenios y presupuestos con la federación, no con la partidocracia de donde algunos provienen. El régimen municipal se reformulará, pues si algo ha venido cambiando desde los años ochenta, es precisamente la vida municipal, que gradualmente se ha enriquecido con la presencia de la pluralidad política en todos los ayuntamientos del país. Nuevos tiempos corren para la renovación de los congresos locales, que siempre se han utilizado como arma del gobernador en turno (Tamaulipas, dixit).

El mosaico de pluralidad que saldrá de las próximas elecciones, descansa en el respeto inédito que el gobierno federal tiene hacia los procesos electorales. No ocurre en ellas lo que a lo largo del tiempo fue práctica común en México: intervención autoritaria del gobierno federal en turno. Por primera vez en cien años, no prevalece la fuerza material y preeminencia de un partido del gobierno para cometer fraudes. Los derechos individuales y sociales se respetan de manera inobjetable. No más falsificación de resultados, no más imposiciones. Él país se está transformando.

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