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El Gobierno de España defiende un plan para blindar a la UE frente a grandes riesgos en el que se recomienda “monitorizar y limitar la posesión o el control de empresas extranjeras” sobre compañías europeas de ciertos “sectores estratégicos e infraestructuras críticas”. Una propuesta que llega en plena polémica por la intención de Arabia Saudí de colocarse como principal accionista de Telefónica con una participación del 9,9%, y que para poder completarse aún debe contar con la aprobación del Ejecutivo español. 

A través del documento Resilient EU2030, que será uno de los textos de debate para la reunión informal de los 27 jefes de Estado o de Gobierno en Granada el próximo 5 de octubre, España recomienda que se preserve y fomente la presencia de empresas extranjeras de países “ideas afines”, mientras se trabaja para “limitar de forma gradual el dominio” de aquellos con “con ideas no afines”, en referencia singularmente a países no democráticos. 

En particular, el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez pide poner el foco en la presencia de empresas extranjeras en las compañías de los sectores digital y verde de la Unión Europea, porque suponen “un riesgo para la seguridad y el desarrollo de las industrias nacionales”. Para lograrlo, la presidencia española del Consejo Europeo sugiere utilizar principalmente herramientas regulatorias como el mecanismo de supervisión europea de las inversiones extranjeras directas (IED). 

La propuesta española es un texto de 80 páginas elaborado en colaboración con más de 250 expertos y 80 ministerios de los 27 estados miembros, la Comisión Europea y el Consejo de la UE, bajo la coordinación de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia del Gobierno español. 

‘Operación Telefónica’

El documento fue presentado por Pedro Sánchez en la sede de la patronal CEOE en Madrid el pasado viernes, poco más de una semana después de que se conociera que Arabia Saudí pretende convertirse en el primer accionista de Telefónica. Saudi Telecom, la operadora controlada por el Estado árabe a través de uno de sus fondos soberanos, pretende hacerse con un 9,9% de la mayor teleco española por 2.100 millones de euros.  El régimen saudí es una monarquía absolutista autoritaria que se encuentra en el lugar 150 de 167 países en el índice de democracia del The Economist. 

La de Telefónica se trata de una operación de Estado (la entrada de un grupo controlado por un Gobierno extranjero en el capital de una empresa estratégica para España) y que requiere la autorización del Ejecutivo (el escudo antiopas obliga a pedir permiso si se supera el 5% en una empresa vinculada a defensa y la seguridad nacional, como es el caso de la teleco por sus contratos con las Fuerzas Armadas).

Saudi Telecom ha adquirido una participación directa del 4,9% de las acciones de la compañía española y otro 5% de manera indirecta mediante instrumentos financieros. El grupo saudí sólo podrá ejercer hasta el ‘ok’ gubernamental los derechos de voto correspondientes a esa participación directa del 4,9%, pero tendrá que esperar a recibir los permisos regulatorios obligatorios para obtener los derechos de voto por el paquete restante hasta completar la operación. Desde STC se confirma que no se ha presentado aún la solicitud al Ministerio de Defensa, pero que pretende hacerlo próximamente.

En la presentación de la propuesta Resilient EU2030, el propio presidente Sánchez ya advirtió de que el Gobierno estudiará la operación detenidamente para garantizar que “en todo momento esté a salvo la defensa y la seguridad nacional, entendida en un sentido amplio». “El límite que existe para la inversión extranjera es la protección de nuestros legítimos intereses nacionales», sentenció. 

Riesgos críticos para la UE

La apertura económica de la Unión Europea es ahora objeto de fuertes debates en Bruselas. Los líderes europeos alertan de las prácticas proteccionistas de sus principales competidores, especialmente Estados Unidos y China. El pasado miércoles, durante el debate del Estado de la Unión, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, anunció, sin ir más lejos, una investigación a China por las subvenciones a los vehículos eléctricos.

El documento liderado por España alerta de que, en algunos sectores, la presencia extranjera es casi total: 84% de los servicios digitales en la nube, el 75% del comercio electrónico o el 90% de los sistemas de pago. En cuanto a las infraestructuras, “parte de las esenciales están ya en manos extranjeras: desde la propia red de datos (en la que Telefónica, por ejemplo, es clave en España), pasando por la red eléctrica, los gasoductos, las refinerías, los puertos, aeropuertos o vías férreas”. China tiene participaciones en siete de los 10 puertos más grandes de la UE, recuerda el texto.

Todo ello supone un doble reto. Por un lado, para la seguridad nacional. En el caso de Telefónica, la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha advertido que estudiará el movimiento con “total seriedad”. El Resilient EU2030 advierte contra la posibilidad de que las empresas extranjeras puedan “conseguir acceder a datos sensibles” o, incluso, poner “a Estados miembros unos contra otros” para poder conseguir sus objetivos geopolíticos y económicos. Un riesgo que es especialmente importante en los sectores digitales, porque pueden ser desactivados “en cuestión de segundos”. Además, la presencia de empresas extranjeras supone un reto para el propio desarrollo industrial de la Unión Europea. 

Pero el documento alerta también contra una oleada excesiva de proteccionismo. Apunta a que la apertura a las empresas extranjeras ha creado más de 24 millones de empleo en la UE (el 16% del total), porque han servido de catalizador de las inversiones y la innovación, han fomentado un ecosistema de pequeñas y medianas empresas a rebufo, y han permitido la formación y la adquisición de experiencia de los trabajadores europeos. Solo con Estados Unidos, la UE tiene un superávit comercial de mercancías por valor de 150.000 millones de euros, alega el documento. 

Pedro Sánchez ha hecho del concepto de “autonomía estratégica abierta” una de las claves de su presidencia del Consejo de la UE (un semestre en el que España lidera centenares de reuniones para hacer avanzar los distintos dossieres abiertos de la Unión). El concepto de “autonomía estratégica” fue lanzado por primera vez por Emmanuel Macron hace un año, para pedir que las políticas de Bruselas fueran encaminadas a proteger la las economías europeas y reindustrializar la UE. La presidencia española ha añadido el concepto de “abierta”, para reflejar los aspectos positivos de la apertura, y evitar que se convierta en una soflama proteccionista. 

Asegurar las materias primas estratégicas

El proyecto de “autonomía estratégica” presentado por el Gobierno pone el foco en la necesidad de reequilibrar las relaciones económicas con China (país al que dedica uno de sus nueve capítulos). Le considera un socio esencial de la UE y rechaza “desacoplar” la economía europea de la china, a pesar del empuje en ese sentido desde Washington, pero pide que se “mantengan y refuercen” los mecanismos de la Comisión para “reducir los riesgos derivados” de la dependencia de la llamada fábrica del mundo. En este contexto, el Alto Representante para la política exterior de la UE, Josep Borrell, ha anunciado un viaje a China a mediados de octubre para aboradr el asunto.

La lección aprendida durante la pandemia primero (desabastecimiento de productos sanitarios y otros provenientes de China) y con la guerra de Ucrania después (desconexión del gas y petróleo rusos) ha llevado a los líderes europeos a pedir la diversificación de fuentes de abastecimiento de materias primas. 

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El Resilient EU2030 entra en el detalle de los materiales y fuentes de aprovisionamiento claves para el desarrollo de la industria europea. Se trata de sustituir a proveedores o materias primas inseguras por otras fiables. 

Se propone como algo crucial reducir, por ejemplo, la dependencia de las tierras raras, como el disprosio o el terbio que se usan en las redes de transmisión de datos, porque provienen de forma predominante de China. En el sector de las tecnologías de la información, se pide impulsar el reemplazo del platino, que se usa en los servidores y bases de datos, por capacitadores cerámicos que emplean electrodos basados en níquel. Se sugiere acelerar la transición hacia las baterías de estado sólido o de ion de sodio para ir reemplazando poco a poco a las de litio o níquel. En el sector agroalimentario, se destaca que la mayor parte de las proteínas de plantas que se usan para alimentar al ganado provienen de soja que se importa de Brasil o de Estados Unidos. Y que se pueden sustituir por cultivos de legumbres, algo que además permitirá agrandar el potencial agrícola europeo. Otra opción es sustituir esas proteínas vegetales importadas por algas, insectos o microbios producidos en la UE. Se espera que en 2030, la producción de insectos para alimentar animales en la UE alcance el millón de toneladas, y la de algas ocho millones de toneladas.

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