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La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) considera que el Gobierno no ha hecho lo suficiente a la hora de sacar adelante algunas de las reformas más importantes de los últimos meses, que además van ligadas a la recepción de fondos europeos. «Lamentablemente, el balance del proceso de reformas está siendo muy decepcionante. Algunas de las nuevas normas apuntan en la dirección contraria a la que sería deseable, mientras que otras están casi vacías de contenido o se quedan cortas en el despliegue de mejoras necesarias», apunta el organismo en su último boletín de seguimiento de las reformas del Plan de Recuperación.
«Dos de los casos más paradigmáticos y preocupantes de reformas mal planteadas se analizan en detalle en este Boletín y en trabajos relacionados que se recogen en las referencias. El primero es la reforma del sistema público de pensiones, que debería haber tenido como uno de sus objetivos centrales el de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema y ha terminado teniendo el efecto contrario (…) . Algo similar sucede con la ley de vivienda que, buscando en principio paliar el problema de escasez de oferta que padecemos en este ámbito, contribuirá seguramente a agravarlo a través del retraimiento de la oferta de alquiler ante una norma que reduce la rentabilidad e incrementa el riesgo de esta actividad», exponen los autores.
El economista de la Fundación Ángel de la Fuente resalta, en el caso de la reforma de pensiones, que incluso con la subida de las cotizaciones «automática» planeada, el efecto de la nueva ley será «un fuerte incremento del déficit básico del sistema de pensiones durante las próximas décadas», y que su financiación «absorberá buena parte de los ingresos tributarios del Estado, dejando poco margen para otras prioridades de gasto e inversión». Y también aborda otras normas importantes: en el caso de la ley de función pública, valora que en parte podría ayudar a mejorar la eficacia y eficiencia de la Administración, pero al mismo tiempo lamenta que los avances en esta línea sean «excesivamente tímidos». En cambio, sí evalúa de forma positiva la ley de familias, aunque cree que en algunos casos la ley carece de contenido y trata de asegurar «derechos ya garantizados en otras normas vigentes».
La reforma de pensiones necesita «correcciones importantes»
En el caso de la reforma de pensiones, Fedea no entra a adivinar qué sucederá con un posible gobierno de otro signo político, ni tampoco considera que la Comisión Europea pueda rechazar una reforma a la que van aparejados fondos Next Generation. Pero sí asegura que la reforma necesita «correcciones importantes» desde que se aprobó, lo que entiende que pone en cuestión su «lógica», y vaticina que el sistema precisará de una nueva reforma «en pocos años» para evitar que el déficit deje sin margen para acometer otros gastos importantes.
Según sus cálculos, las medidas que recoge la segunda parte de esta reforma generarán ingresos adicionales, pero por un importe muy inferior al que sería necesario para restaurar su equilibrio financiero. Con los últimos cambios -la subida de las bases máximas de cotización, la cuota de solidaridad de los salarios que estén por encima de la base máxima de cotización, el aumento de las pensiones mínimas, las mejoras en la cobertura de lagunas de cotización y en el complemento por la brecha de género- , Fedea estima que el gasto total en pensiones aumentará hasta el 17,8% del PIB en 2050, fecha en la que se habrá jubilado ya toda la generación del baby boom, frente al 15% que el Gobierno estima para la misma fecha, y frente al 13% actual.
En consecuencia, entiende que en esa fecha las pensiones absorberían más del 50% del total de ingresos del Estado. Por eso, entiende que se activaría de forma inmediata la cláusula del MEI que aumenta las cotizaciones sociales, pero aún así entiende que el sistema de pensiones quedaría «con un déficit básico muy importante», del 3,2% del PIB entre 2022 y 2050 y alrededor del 5% en 2050.
«Una ley de vivienda contraproducente»
«La nueva ley de vivienda contempla una serie de instrumentos que, en última instancia, permiten la expropiación forzosa y no compensada de parte del valor económico de propiedades privadas para financiar actuaciones que se consideran políticas sociales». Con estas palabras carga Fedea contra una ley de vivienda que entiende «poco lógica», ya que cree que tendría más sentido costear ayudas a los colectivos necesitados de vivienda que se financien a través del sistema impositivo.
Además, la fundación valora que el esfuerzo por dar contenido al derecho a la vivienda resulta «fallido e incluso contraproducente» al aportar por políticas «que sólo agravarán la insuficiencia de la oferta de vivienda en alquiler». ¿Cómo? Fedea explica que la delimitación de áreas tensionadas y la introducción de controles de precios en esas zonas rebajan la rentabilidad de la inversión en vivienda destinada al alquiler, lo que reducirá su oferta.
Hay que recordar que buena parte de la ley de vivienda quedará sin efectos en la mayor parte de España tras el triunfo arrollador del PP en varias comunidades autónomas como Aragón, la Comunidad Valenciana, Cantabria, Extremadura o Baleares. Será así puesto que estas escalas de la Administración las que tienen transferidas las competencias en materia de vivienda y son libres de aplicar o no la norma, y otras regiones gobernadas por el PP ya han anunciado estar en contra de la misma, sobre todo de la declaración de zonas de mercado tensionado o el límite a la subida del precio de los alquileres.
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