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La Plataforma Gambogaz —nombre del cortijo que la ciudad de Sevilla regaló al general franquista Gonzalo Queipo de Llano― no ha perdido el tiempo. El mismo día en que ha entrado en vigor la Ley de Memoria Democrática, ha remitido una carta a la Hermandad de la Macarena exigiendo la salida de los restos mortales del militar, que lideró el golpe de Estado de 1936 en Andalucía, de su basílica en la capital de la comunidad. La misma misiva ha sido enviada a la Secretaría de Estado para la Memoria Democrática, a la Junta de Andalucía y a la Oficina de Memoria del Ayuntamiento hispalense para que, “como administraciones públicas, garanticen que se cumpla nueva norma”, explica Lourdes Farratell, miembro de la entidad.
El hermano mayor de La Macarena, José Antonio Fernández, ha indicado a este diario que no tiene constancia de que haya llegado ninguna petición y recuerda que siempre se ha manifestado conforme con cumplir lo que diga la ley. “Aunque entre los 17.000 hermanos hay distintas sensibilidades sobre la exhumación, en lo que sí están de acuerdo es en que hay que cumplir la ley”, asegura.
Fernández, no obstante, prefiere esperar a que el Gobierno —que ya avanzó que solicitaría la exhumación de Queipo de Llano (nacido en 1875 en Tordesillas, Valladolid, y fallecido en 1951 en Sevilla)― le notifique la petición de manera oficial, aunque, no descarta que, para evitar más revuelo, iniciar los trabajos motu proprio. “Posiblemente lo haga yo antes”, sostiene, aunque también advierte de que no será a muy corto plazo. “Este fin de semana sale la Virgen del Rosario y no voy a tener la basílica levantada con cientos de personas entrando y saliendo”, dice sobre una de las devociones más importantes de la hermandad, junto con la Macarena.
El hermano mayor asegura, también, que la familia del general golpista “tiene la mejor disposición” para que los restos de su antepasado salgan de la basílica. Este diario ha tratado sin éxito de contactar con Gonzalo Queipo de Llano, el nieto del militar, que hace unas semanas, cuando trascendió que los familiares de Primo de Rivera habían solicitado su exhumación con discreción, manifestó a EL PAÍS que era contrario a seguir ese mismo camino.
Las asociaciones memorialistas consultadas no confían en que la hermandad lleve la iniciativa en este asunto. “Intenta evitar así un conflicto interno”, indica José Barragán, portavoz de la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática. Ese conflicto se deja notar a las puertas de la basílica. Pasan unos minutos de las cinco y Manuel Jesús Elvira, de 29 años y hermano de La Macarena desde 2008, se dispone a enseñarle el templo a un par de amigas que han venido desde Barcelona. “Sé lo que hizo y que pueda molestar a muchas personas que esté enterrado aquí, pero creo que eso debería desvincularse de lo que es la propia hermandad. Si lo sacan bien, pero si lo dejan, tampoco me parecería mal”, explica. Daiana Moreno, su compañera catalana, discrepa. “Yo no sabía quién era este señor hasta que Manuel me lo ha contado, y me sorprende que alguien que hizo lo que hizo esté enterrado en un sitio así, aunque lo justifiquen porque ayudó a la Hermandad”, sostiene.
Expertos consultados han explicado a este diario que, además de la hermandad, que es la titular de la basílica donde está enterrado Queipo de Llano, cualquier administración, asociación o particular puede pedir la exhumación de sus restos, una vez la ley ha entrado en vigor.
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“La presencia y exhibición de la tumba de Queipo de Llano en un lugar privado como es la basílica de la Macarena pero con gran proyección pública, conlleva un insulto para las familias de las víctimas del Franquismo y una mofa de la Iglesia española hacia la ciudadanía y los derechos y libertades de las que disfrutamos en periodo democrático”, indica la carta, que concluye: “Exigimos a la Hermandad de la Macarena y a su Hermano Mayor que de manera inmediata cumpla la Ley de Memoria Democrática y no contribuya con su actitud e inacción con una ilegalidad”.
El artículo 38.3 de la nueva ley establece que: “Los restos mortales de dirigentes del golpe militar de 1936 no podrán ser ni permanecer inhumados en un lugar preeminente de acceso público, distinto a un cementerio” y el 35.5 señala que “Cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén ubicados en edificios de carácter privado o religioso, pero con proyección a un espacio o uso público, las personas o instituciones titulares o propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos”, una disposición que mandata a la Hermandad de La Macarena.
La redacción del artículo 35.5 es similar a la que recoge la Ley de Memoria Histórica y Democrática de la Junta de Andalucía, aprobada en 2017 sin ningún voto en contra y con la abstención de PP y Cs, que, sin embargo, nunca pudo aplicarse porque dependía del desarrollo del Decreto sobre símbolos y actos contrarios a la memoria histórica y democrática de Andalucía, que el último Gobierno socialista dejó listo a falta del visto bueno del Consejo Consultivo. Las asociaciones memorialistas esperaban entonces con impaciencia la normativa para conseguir la ansiada exhumación del general, pero la llegada al poder del PP y Cs —que claudicó a la imposición de Vox que crear una ley de Concordia que sustituyera a la actual en vigor— supuso el abandono de ese decreto.
En su lugar, y alegando que permitiría una ejecución más rápida de la ley, el Gobierno del popular Juan Manuel Moreno aprobó el 27 de julio de 2020 una orden para crear el Comité Técnico sobre símbolos contrarios a la memoria democrática de Andalucía. Un organismo que nunca ha llegado a nombrarse ni a constituirse.
Eliminación paulatina de la simbología franquista
La lápida que indica el punto donde está sepultado Queipo de Llano —junto a su mujer, Genoveva Martí― ha sufrido varios cambios a lo largo de los años en los que se ha ido eliminando la simbología franquista que la adornaba. Cuando fue enterrado, además de la fecha de su nacimiento y muerte, estaba inscrita la del golpe de Estado, 18 de julio de 1936, junto con su cargo dentro del aparato militar franquista —”excelentísimo teniente general”— y la gran cruz laureada de San Fernando, que le otorgó el propio Franco, entre otra parafernalia del régimen grabada en la losa.
En la actualidad, solo quedan su nombre y el escudo de la Hermandad, de la que es hermano honorario. Ese título es el argumento que esgrime la entidad para justificar que esté enterrado en ese templo.
No han pasado ni cinco minutos desde que la basílica ha abierto sus puertas por la tarde y el templo se ha llenado de fieles y turistas, es uno de los lugares más visitados de Sevilla. La Virgen de la Macarena es la que atrae toda la atención. En la capilla de la salida está la lápida de Queipo. Es de las menos concurridas. Una mujer la pisa, se detiene, la mira y levanta su móvil hacia la imagen de San José y el Niño que preside el altar. Fuera esperan más visitantes. Todos desconocen que en su interior yace la persona que, a escasos metros, en la muralla almohade, ordenó fusilar a 3.000 personas.
Francisco Bohórquez, el auditor de guerra, también fuera de basílica
La Plataforma Gambogaz no solo ha exigido la exhumación de Queipo de Llano. También ha pedido que se retiren los restos de Francisco Bohórquez Vecina, “auditor de guerra, menos mediático que Queipo, pero no por ello menos responsable”. Bohórquez, que se encuentra enterrado en el antepresbisterio de la basílica, y cuya lápida se encuentra siempre tapada por una alfombra, era el encargado de firmar cada una de las sentencias de muerte. Falleció el 10 de noviembre de 1955, casi cuatro años después del general golpista, y es uno de los hermanos mayores perpetuos de la hermandad. En su epitafio se destaca “la firmeza de su carácter y exacto cumplimiento de sus deberes”. Contribuyó a la muerte de 45.000 españoles, las víctimas del sur de España en la Guerra Civil, de acuerdo con las cifras que manera Paul Preston.
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