La organización ultracatólica ejerce la acusación particular en una causa que se archivó en 2018 pero que terminó reabriéndose después de los recursos de la Fiscalía y de la propia HazteOir.

Después de que la Fiscalía de Sevilla pidiera un año y medio de cárcel para cada uno de los nueve jóvenes (dos mujeres y siete hombres) identificados por la Policía Nacional el 29 de marzo de 2017 en Sevilla por impedir junto a otras personas la circulación del autobús del HazteOir, la asociación ultracatólica solicita nada menos que doce años de cárcel para cada uno de ellos por delitos de coacciones, desórdenes públicos, discriminación y contra la integridad moral. Como acusación particular, pide también que se les juzgue por un delito de daños ocasionados al vehículo y que cuatro de ellos respondan de otro delito de lesiones leves, de los que deberían responder con sendas multas.

Esta causa se archivó en mayo de 2018 pero, hace dos años y medio, los recursos de la Fiscalía y de la organización ultracatólica consiguieron que la Audiencia de Sevilla lo reabriera por los daños materiales que se le imputan a los jóvenes, a los que la Policía puso en el punto de mira con un pormenorizado informe donde desgranaba, además de su supuesta actuación el día de autos, sus vinculaciones con diversos colectivos o asociaciones, clasificándolos como “activistas antifascistas de extrema izquierda”. Así los califica también HazteOir, como pertenecientes “todos ellos a grupos radicales de extrema izquierda”.

En su escrito de calificación de los hechos, HazteOir repasa sus campañas “de difusión y sensibilización social” como la del aborto de 2013, pero se centra en concreto la que arrancó en octubre de 2016 bajo el lema ‘Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen”, defendiendo que un juzgado de Madrid permitió la circulación de su autobús al archivar la denuncia de la Fiscalía. Pese a ello, acudieron a Sevilla con otro lema (‘Respeto para todos. No al bullying‘), disponiéndose a hacer un recorrido por la capital hispalense.

Según explica HazteOir, “un grupo de personas, debidamente concertados, y amparándose en su número, impidieron con violencia desarrollar su campaña y su derecho a la libre expresión y deambulación”. Las actuaciones de los acusados “fueron realizadas de manera pública motivados por la discrepancia ideológica” y “promovieron e incitaron directa e indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia”, tanto contra la organización como las personas que la componen o que iban en el autobús “por razón de su pertenencia a un grupo determinado por su ideología” mediante acciones “que entrañaban humillación, menosprecio o descrédito, como el lanzamiento de objetos e insultos”.

“Una constante lluvia de piedras y huevos”

Los jóvenes declararon el 26 de octubre de 2017. “¿Daños y coacciones al autobús de HazteOir? Yo sí que he recibido daños y coacciones por ser un joven transexual”, dijo uno de los jóvenes querellados antes de entrar a declarar. Desde el colectivo SOCORRE (Solidaridad Contra la Represión) y la Red de Maricones del Sur han lanzado una campaña en la plataforma ‘gofundme’ en apoyo y solidaridad a las personas encausadas con el objetivo de reunir el dinero con el que poder asumir con dignidad la defensa en el proceso penal para el abono de abogadas, procuradoras, fianzas, etc. Ya se han recaudado más de 3.000 euros.

Según la acusación, “alteraron el orden público por medio de actos de violencia física y psíquica” contra el vehículo y las personas, “lanzando objetos contundentes”, con “una constante lluvia de piedras y huevos” . “Estos agitadores repetían consignas violentas y discriminatorias mientras sacudían el autobús y le arrancaban el limpiaparabrisas”, relata el escrito, que detalla cómo se impidió la circulación del autobús hasta que la Policía tuvo que escoltarle hasta la salida de la ciudad. HazteOir apenas diferencia entre los nueve jóvenes las acciones que se le imputan, con algunas referencias específicas, señalando que cada uno de ellos “fomentó e incitó al odio, la hostilidad, la agresión simplemente por razones ideológicas”.

A cada joven se le piden tres años de cárcel por delito de coacciones, tres años por desórdenes públicos, cuatro años por discriminación y dos años por delito contra la integridad moral. Cuatro de ellos se enfrentan a multas por delitos de daños y lesiones leves, mientras que ocho de ellos suman solo el delito de daños. Los acusados deberán indemnizar solidariamente a Ignacio Arsuaga, presidente del grupo, por daños morales en 2.000 euros cada uno y a la asociación en 3.478 euros por los daños causados. HazteOir pide para el acto de juicio oral la hoja histórico criminal de los acusados, así como la prueba testifical de tres miembros de la asociación y de varios agentes de la Policía Nacional que actuaron durante los hechos.



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