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En noviembre de este año, desde ONU Mujeres celebramos, en coordinación y en el marco de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la XV Conferencia Regional sobre la Mujer, un mecanismo único en el mundo que, desde hace casi medio siglo, supervisa los avances en materia de género en América Latina y el Caribe.
En esta ocasión, los esfuerzos de este foro intergubernamental en Buenos Aires estarán centrados en la promoción y adopción de sistemas integrales de cuidados.
Ante esta aspiración, la respuesta de representantes de los gobiernos latinoamericanos y del Caribe suele ser que están de acuerdo, pero que les preocupan los costes que puede tener el desarrollo de un sistema de esas dimensiones y complejidad.
Es una preocupación legítima, aunque la verdad es que, si se implementa bien, una buena red de cuidados no solo garantiza la recuperación de la inversión, sino que además dejará grandes dividendos a la sociedad.
En cuanto a la financiación, está claro que, al menos en una fase inicial, se requeriría una importante inversión pública, lo que no deja de ser un desafío. Pero, si existe la voluntad política, esto podría resolverse con ingeniería fiscal mediante impuestos asociados a cuidados, contribuciones que vengan de cánones o royalties a actividades específicas. Y, lógicamente, también el apoyo de organismos multilaterales.
Para el financiamiento a largo plazo, existen varias opciones que se pueden agrupar en estas tres o diseñar una combinación de ellas:
- A través del aporte del presupuesto, por medio de impuestos generales recaudados por el Estado en rentas generales.
- Seguros individuales contra el riesgo de “estar en situación de dependencia”. Pueden ser seguros públicos de aporte obligatorio o seguros privados.
- Fondos de cuidados que podrían constituir una alternativa solidaria de financiación basándose en contribuciones a la seguridad social o de impuestos directamente asociados a este fondo. Una posibilidad es establecer aportes (desde un enfoque progresivo) de lo trabajadores que contribuyen a la seguridad social o crear un impuesto que tenga como destino este fondo. Contar con un fondo puede evitar problemas posteriores de desmantelamiento de la política ante un cambio de gobierno, pero pone sobre la mesa las dificultades que tienen los países con altas tasas de informalidad, especialmente de mujeres, en el caso que el aporte venga exclusivamente de la seguridad social.
¿Qué ganan las sociedades con hacer esta inversión?
El aporte económico del trabajo no remunerado en América Latina equivale de media a un 20% del producto interior bruto (PIB) y las mujeres hacen un 70% de este aporte, según un estudio de la CEPAL. Si este trabajo se remunera y se reconoce, estaríamos liberando un enorme potencial económico que puede sacar de la pobreza a millones de personas.
La educación preescolar y el cuidado infantil mejoran el desarrollo físico, especialmente en entornos muy pobres. Los efectos perduran hasta la edad adulta, e inciden positivamente en las perspectivas de ingresos y empleo.
Varios estudios recientes indican que invertir en infraestructura y servicios de cuidados infantil podría genera hasta tres veces más puestos de trabajo que el sector de la construcción.
El tiempo dedicado al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado es el principal obstáculo para que las mujeres participen de manera plena en el mercado laboral. Una buena inversión en sistemas de cuidados facilitaría su incorporación a la fuerza de trabajo.
La asistencia a personas mayores, con discapacidad, o en situación de dependencia, reduce las hospitalizaciones, evita la sobrecarga de los sistemas de salud y permite hacer inversiones más eficientes, algo particularmente relevante en el contexto de envejecimiento poblacional.
La inversión en políticas de cuidado genera una economía de servicios que produce retornos a la sociedad, dinamizando las economías locales a partir de la mejora de ingresos de los hogares. Tras los impactos financieros de la pandemia en Latinoamérica, esto puede ser un motor de la recuperación.
Estos argumentos constituyen, en mi opinión, evidencia suficiente para dejar de lado aquellas perspectivas unilaterales que solo identifican los costes de una política y no evalúan los beneficios sociales y económicos que se desprenden de los sistemas de cuidados.
Por eso, cuando hablamos de sistemas de cuidados nos gusta decir que generan un triple dividendo:
- Mejoran las condiciones sociales y económicas de niñas, niños y personas en situación de dependencia,
- Reducen las brechas de género en materia salariales y de participación de las mujeres en el mercado laboral, formalizando buena parte del trabajo informal de cuidados y
- Tiene efectos positivos en el PIB, el empleo y los ingresos fiscales.
Dicho de otro modo: invertir en cuidados beneficia a toda la sociedad.
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