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OVIEDO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) –
El diputado y coordinador general de IU de Asturias, Ovidio Zapico, ha anunciado este viernes que su formación presentará una iniciativa parlamentaria en la Junta General para respaldar a los sindicatos CCOO y UGT en su exigencia de «revertir la decadencia» del servicio de Correos, con especial afectación en la zona rural de Asturias.
Según han explicado en rueda de prensa las secretarias provinciales de CCOO y UGT en Correos, María Victoria Zabaleta del Val y María Elena Roza Marina, la actual política organizativa de la empresa pública estatal ha supuesto la supresión de unos 60 puestos de trabajo en Asturias, así como la pérdida de servicios rurales, reducciones de jornada, reducciones de horarios de atención al cliente y el cierre de oficinas.
En ese sentido, Ovidio Zapico ha incidido en la necesidad de «revertir la decadencia» del servicio en los últimos años para contribuir, también, a fijar población en la zona rural. Para ello, sostiene que debe garantizarse la calidad del servicio en el mundo rural y evitar que continúen las externalizaciones y la amortización de plazas con la consiguiente acumulación de carga laboral para el resto de la plantilla.
Desde CCOO, Zabaleta incide en el sobreesfuerzo que está suponiendo para el personal la amortización de plazas y las externalizaciones, al tiempo que ha lamentado la merma de calidad que supone el cierre de oficinas en puntos «donde más son necesarias», como en el mundo rural.
Igualmente, ha alertado sobre las derivaciones hacia la filial ‘Correos Express’, advirtiendo de que la mayoría de trabajadores son autónomos y ponen sus propios vehículos a disposición del servicio, con lo que se precarizan las condiciones laborales en detrimento de la calidad del servicio postal.
Por su parte, Maria Elena Roza ha enfatizado en la trayectoria de más de 300 años de servicio público de la empresa estatal de Correos, para defender un modelo «eficaz, eficiente y con futuro» del servicio postal en toda España. La representante de UGT considera esencial un compromiso inversor del Gobierno central para frenar la deriva hacia «la privatización», aprovechando para criticar al actual equipo directivo que, dice, «solo busca la rentabilidad» frente a un derecho de la ciudadanía amparado por la ley.
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