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CÓRDOBA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) –

El coordinador provincial de IU en Córdoba, Sebastián Pérez, ha afirmado este lunes que los presupuestos del Gobierno andaluz del PP para 2023 «vuelven a negar a la provincia la transformación que necesita para generar empleo decente y calidad de vida», al tiempo que suponen «un ataque directo a los servicios públicos y a la clase trabajadora», pues solo son «un regalo del PP a los ricos y poderosos».

Por ello, según ha anunciado Pérez en rueda de prensa, IU planteará enmiendas a un proyecto de cuentas «pensado para los amiguetes del PP, los poderosos y los ricos de Andalucía, que recorta en políticas de empleo, que avanza en el proceso de privatización en servicios clave, como la sanidad, y que no plantea inversiones reales que propicien el fortalecimiento de su tejido productivo y económico».

Además, Pérez ha recordado que el incremento presupuestario del que presume el presiente andaluz, Juanma Moreno (PP), «se debe a las transferencias del Gobierno central», con lo que «no existe un aumento real de la inversión por parte del Ejecutivo autonómico».

Junto a ello, ha remarcado que «600 millones se van a la sanidad privada, una cifra récord que pone de manifiesto cuál es la política del PP con respecto a los servicios públicos que garantizan nuestros derechos», ya que «tampoco hay aumentos reales en educación ni en políticas sociales».

El coordinador provincial de IU ha desgranado «los recortes» que plantean los presupuestos del PP, que restan «368 millones en políticas de empleo, 281 millones a la actividad industrial para generar riqueza y empleo, 51 millones a inversiones hídricas y 78 millones a la economía social y el colectivo de trabajo autónomo».

Todo ello en unos presupuestos que contemplan «menos ingresos que nunca, gracias a una política fiscal diseñada para destrozar lo público», y que además «es continuista en el abandono al que condena a los ayuntamientos de Córdoba, a los que debe un acumulado de 120 millones de la Patrica».

Frente a este modelo, Pérez ha reivindicado «las políticas de protección social que está desarrollando el Gobierno de España, en favor de la gente corriente de nuestra tierra», y ha señalado que «la Junta debe hacer lo mismo para defender los intereses de la mayoría social y no de los ricos y poderosos», favoreciendo «la industrialización de nuestra tierra, para generar riqueza y empleo y garantizando el acceso a los servicios públicos para toda la ciudadanía».

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