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SEVILLA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) –
La Red de Activistas de IU de Sevilla ha presentado este miércoles ante la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía un recurso contra la convocatoria urgente de 159 plazas para personal funcionario interino y laboral temporal que, «bajo el pretexto» de la emergencia sanitaria del COVID-19, pretende proveer de un refuerzo sanitario y entre cuyas plazas, por cierto, «no hay ni personal médico o de enfermería o ninguna otra plaza sanitaria».
«Por el contrario, se persigue una selección sin garantías, vulnerando cualquier principio elemental de igualdad, experiencia, mérito o capacidad y cuyo fin principal no es otro que sacar adelante con el personal técnico afín, el polémico Decreto Ley río 2/2020 de 9 de marzo, ya recurrido y por el que se daba barra libre a los ayuntamientos para la especulación urbanística», resume IU.
«Las numerosas irregularidades de la convocatoria, con un plazo de 24 horas, la directriz de escribir a una dirección de correo, no necesidad de presentar un curriculum, dar validez al orden de llegada, falta de publicidad o confirmar la aceptación del puesto mediante una llamada de teléfono, no hacen sino sonrojar ante el modo de enchufismo más descarado que incumple todas las formas de acceso reglado al sector público».
Además, la federación de izquierdas avisa de que la convocatoria «excluye a determinados colectivos sociales a quienes, precisamente la administración, debe favorecer para su inclusión de manera positiva, así como a los mayores de 60 años, requisito claramente anticonstitucional o lo que ya es el colmo, excluir a personas que tengan un listado de enfermedades (diabéticas, hipertensión, oncológicas y otras), vulnerandose claramente la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y otras normas internacionales, tanto europeas como internas», agrega la coalición.
«En definitiva, se trata de un proceso sin controles ni garantías, que pretende enchufar a comisarios políticos en ciertos puestos clave de los servicios de la administración autonómica, para conseguir reactivar la conocida como «Ley Aznar» que recupera la cultura del pelotazo urbanístico», concluye IU.
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