Las subvenciones para la memoria histórica vuelven al BOE nueve años después | España

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles la orden ministerial que regula las subvenciones para actividades relacionadas con la memoria histórica, paralizadas desde 2011, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy derogó de facto la ley de memoria al dejarla sin financiación. La convocatoria de las ayudas se formalizará en septiembre, según la previsión del Gobierno, y contará con un presupuesto de 750.000 euros. El 60% (algo más de 400.000 euros) será para la apertura de fosas comunes y la exhumación de fusilados, como adelantó EL PAÍS.

El Ejecutivo señala, además, que las labores de búsqueda de los desaparecidos del franquismo se verán reforzadas con un programa específico de apoyo a los Ayuntamientos a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) entre 2021 y 2024.

La orden ministerial establece cuatro tipo de actividades que pueden recibir estas ayudas. Las dirigidas a localizar, exhumar e identificar a fusilados en fosas podrán recibir hasta 16.000 euros que pueden subir hasta un máximo de 30.000 cuando se trate de intervenciones en enterramientos clandestinos donde yazcan más de 10 víctimas. Las tareas de estudio e investigación relativos a la memoria democrática y el reconocimiento moral de los represaliados podrán percibir hasta 12.000 euros. Las publicaciones, jornadas, conferencias, cursos y exposiciones, hasta 5.000 y la recopilación, estudio y difusión del patrimonio documental, oral, audiovisual de la Guerra Civil y la dictadura, hasta 10.000 euros.

El Ministerio de la Presidencia establece un sistema de “concurrencia competitiva”, por puntos, para valorar la viabilidad del proyecto, su “incidencia en la sociedad”, y la experiencia de los solicitantes, entre otros aspectos. Todas las solicitudes relacionadas con las mujeres víctimas de la represión recibirán una puntuación extra.

El Ejecutivo ultima el borrador de la nueva ley de memoria histórica, que incluye un banco de ADN para las víctimas y la elaboración de un censo oficial de víctimas de la Guerra Civil. El Gobierno incorporará a la nueva ley las recomendaciones hechas en los últimos años por la ONU e incidirá en el aspecto pedagógico para transmitir “el aprendizaje de la memoria democrática en las escuelas”, según fuentes conocedoras del texto. El forense Francisco Etxeberria, que asesora al Gobierno en la elaboración de la ley, calcula entre 20.000 y 25.000 las víctimas que se podrían recuperar en fosas comunes en cuatro o cinco años. La ley de 2007 establecía un sistema de subvenciones de forma que eran las asociaciones de familiares las que asumían todo el proceso. Esa ha sido la principal crítica de Naciones Unidas, que hablaba de “privatización” de las exhumaciones y “abandono” de las víctimas. La Moncloa pretende corregir eso involucrando a todas las administraciones y al Ministerio Fiscal.