Veinte años de lucha tendrán recompensa. El equipo multidisciplinar que desde el pasado 11 de junio trabaja en las criptas del Valle de Cuelgamuros para tratar de devolver a sus familias los restos de 133 personas enterradas allí sin su consentimiento ha identificado ya genéticamente, según ha sabido EL PAÍS, a cuatro víctimas: tres hombres (Valerico Canales, Emilio Caro y Román González) y una mujer (Flora Labajos). Se encontraban en la caja 198, donde el régimen franquista introdujo los cadáveres de 12 represaliados tras sacarlos, en plena dictadura, de dos fosas comunes de 1936 en Aldeaseca (Ávila) y Fuente el Saúz (Madrid). Fausto Canales reclamaba los restos de su padre desde el año 2003.

“Estoy muy emocionado, feliz”, explica Canales, de 90 años. “Llevo más de dos décadas esperando este momento. Desde que me jubilé, en 1999, y empecé a investigar el paradero de mi padre”. Él tenía solo 24 meses cuando un grupo de falangistas sacó de madrugada de su casa a Valerico Canales, jornalero de 29 años y miembro de UGT, para matarlo. En 2003, tras localizar la fosa común en la que había sido enterrado con otros cinco hombres y una mujer, los antropólogos forenses comprobaron que alguien habían removido los restos. Sin el conocimiento de sus familiares, el Régimen franquista había trasladado los cadáveres al Valle de los Caídos, ahora llamado de Cuelgamuros, y con las prisas, habían dejado en el terreno un cráneo, huesos de falanges, varias vértebras, piezas dentales y el dedal de Flora Labajos. Al enterarse de ese traslado, Fausto empezó a batallar para tratar de recuperar los restos. Acudió a todas las instancias judiciales, incluido el Tribunal de Estrasburgo y la justicia argentina, que en 2010 abrió una causa contra los crímenes del franquismo.

Este miércoles, resumía en su casa, rodeado de fotografías de sus padres, la satisfacción por el deber cumplido: “Sé que mi padre me dio caricias, pero no puedo recordarlas porque tenía solo dos años cuando lo mataron. No me dejaron conocerle, pero sé cómo era porque mi madre, que estuvo 30 años de luto y nunca se volvió a casar, me habló de él y a lo largo de toda mi vida he intentado imitarle, seguir su ejemplo. Cuando esta mañana me ha llamado el ministro [Félix Bolaños, titular de Presidencia] en nombre del presidente para contarme que lo habían identificado, me he acordado mucho de ella, que murió en 2005, a los 99 años, y de mi hermano, que falleció en 2021, el día que cumplía 90. No han podido llegar a ver esto, pero ellos sabían que yo he entregado mi vida a recuperar los restos y yo sé que hoy estarían muy orgullosos de mí. Por eso estoy tan emocionado”.

Fausto confía en que sean identificadas también el resto de víctimas de la misma fosa y le gustaría enterrarlos a todos juntos en el monolito que han levantado en su memoria en su pueblo. Cree que su tío también fue trasladado al Valle, pero de momento no ha podido ser identificado.

Además de a Valerico Canales, el equipo de expertos ha identificado también los restos de Emilio Caro, Flora Labajos y Román González, fusilados en 1936. El proceso es tremendamente complejo porque la humedad ha afectado a las cajas donde fueron inhumadas las víctimas y los especialistas tienen que proceder con sumo cuidado para que no se deshagan. Existe una fotografía, que ha sido clave para la localización de los restos, del momento en el que unos operarios introducen a finales de los años cincuenta la caja 198 en las criptas del Valle de Cuelgamuros. Queda pendiente una labor de meses y su continuidad dependerá del resultado electoral del próximo 23 de julio. La entrega de los restos ya identificados no se hará hasta después de los comicios. El próximo lunes, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, se reunirá en La Moncloa con las 133 familias que quieren recuperar los restos de sus seres queridos para informarles de la evolución de los trabajos.

En el interior de la basílica del Valle de Cuelgamuros se ha instalado un completo laboratorio forense, con aparato de rayos X, microscopios, herramientas de medición, mesas e iluminación especiales para que el equipo multidisciplinar de 15 expertos puedan trabajar. En la operación, impulsada por el Gobierno para cumplir la Ley de Memoria Democrática, participan, además de seis forenses, un grupo de arqueólogos, odontólogos, genetistas y cuatro miembros de la policía científica, cuya misión específica consiste en ayudar a identificar las cajas en las que están enterradas las víctimas si los números de inscripción no se aprecian bien a simple vista.