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Redacción | Tras un año llega el balance de La Ley de Contención y Moderación del Precio del Alquiler (11/2020), es decir, la ley impulsada por el movimiento de vivienda en Catalunya para controlar la escalada de precios de la vivienda de alquiler. Y lo resultados son claros: los precios del alquiler se reducen en los 61 municipios que la aplican.
Los datos oficiales, publicados ayer por la Agencia Catalana de la vivienda, muestran como la ley ha permitido cumplir los dos objetivos por los que se impulsó: contener y minorar el precio de las viviendas de alquiler. Como señalan desde el Sindicat de Llogateres: “la eficacia de la regulación de alquileres se muestra en la bajada del alquiler un 5,5% la media de los precios del alquiler en los municipios en los que se aplica, sin reducir la oferta”. Los datos en este sentido son bastante claros pues se alcanza una reducción de hasta 44€ mensuales, para quienes firmaron el contrato después de la aprobación de dicha regulación, lo cual supone un ahorro anual de 528€ y hasta de 912€ en el caso de la ciudad de Barcelona.
Algunas voces consideran esta bajada fruto de la crisis económica desvelada por la pandemia del covid-19, pero como demuestran los datos es el impacto de la regulación la causa. Así podemos observarlo en la comparativa entre los siguientes municipios con regulación y no regulación del precio en relación al tercer trimestre de 2020: los precios han bajado un 7% en Blanes (regulado), pero han quedado iguales en Lloret de Mar (no regulado). En Pineda de Mar (regulado), la bajada es del 5%, pero en Calella (no regulado) se limita a 1%. La diferencia también es clara entre Manlleu (regulado, -5%) y Torelló (no regulado, 0%), y es incluso más pronunciado entre Olesa de Montserrat (regulado, -7%) y Esparraguera, donde se han incrementado un 4%.
El impacto de la medida es tal que son muchos los municipios que han solicitado ya que sea implementada en sus localidades, así como 57 que han solicitado explícitamente que se mantenga otros 5 años más.
Cabe recordar que antes de la pandemia el precio de los alquileres en Catalunya había crecido 30 veces lo que los salarios en los últimos 5 años. Como explican desde el Sindicat de Llogateres: En este contexto, la Ley 11/2020 ha funcionado para proteger a muchas familias ante subidas abusivas en una situación de emergencia habitacional. Una ley refrendada por más de 4.000 entidades sociales de Cataluña y cuatro grupos políticos del Parlament catalán. Una ley que nace de la legitimidad social que el movimiento de vivienda lleva construyendo desde hace años en cada barrio de Catalunya. Esta legitimidad radica en la utilidad social de un movimiento de vivienda que a la par que pelea cada desahucio y contra cada fondo buitre, ha construido un bloque capaz de imponer a las instituciones una ley que “da una mínima tranquilidad a la gente: ahora sabes a qué atenerte cuando se acaba el contrato, ya no te pueden hacer una subida abusiva y sin justificación” como califican desde el Sindicat de Llogateres.
Es cierto que no todo está cerrado, desde hace unos meses el Gobierno estatal del PSOE y Unidas Podemos anunció su intención de recurrir ante el Tribunal Constitucional la legalidad de dicha ley. Es por ello que desde el Sindicat de Llogateres junto con los Sindicatos de Inquilinas, “exigimos a Pedro Sánchez y a Raquel Sánchez que blinden la ley catalana de regulación de precios del alquiler frente a la amenaza del Tribunal Constitucional y que la extiendan al resto de territorios del Estado tal y como se comprometieron en el acuerdo de gobierno y en el acuerdo de Presupuestos Generales del Estado” como han hecho público desde el movimiento en un reciente comunicado.
Sin duda la implementación y desarrollo de esta ley es una gran noticia a todos los niveles. A corto plazo permite aliviar la situación de miles de personas, refuerza la confianza del movimiento de vivienda en sus propias capacidades y demuestra el potencial social de la lucha de las trabajadoras y trabajadores. Este camino abre la posibilidad de otras batallas para hacer de la vivienda un derecho, como son la puesta en marcha de un parque público de vivienda a partir de la recuperación de las viviendas públicas de la Sareb y la implementación de una Ley de Vivienda estatal
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