La Iniciativa por una Ley que Garantice el Derecho a la Vivienda ha hecho públicas este jueves las 60 enmiendas que presentará al proyecto de ley de vivienda que presentó el Gobierno. Para ello, representantes de este movimiento que agrupa a unas 150 organizaciones sociales —desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) hasta sindicatos de inquilinos y de trabajadores (CC OO y UGT, entre otros)— se han concentrado a las puertas del Congreso, donde la citada norma se encuentra en tramitación y donde han recibido el apoyo de todos los grupos parlamentarios de la izquierda con la excepción del PSOE. Es decir, los mismos que en su día apoyaron la ley alternativa propuesta por el movimiento social.

Que el texto que presentó el Gobierno no gusta a los proponentes de la norma alternativa, que quedó sentenciada al no recibir el apoyo parlamentario del PSOE, es de sobra conocido. En su día dijeron que el proyecto que pactaron los socialistas y Unidas Podemos es poco ambicioso. “A día de hoy no sería útil ni para bajar los alquileres ni para parar los desahucios”, ha reiterado Carme Arcarazo, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Cataluña, a las puertas del Congreso. Detrás tiene el apoyo de representantes de Unidas Podemos, Más País, ERC, Compromís, Bildu y BNG. “Nos vamos a movilizar para tratar de incorporar al PSOE al consenso que logre el reconocimiento del derecho a la vivienda en España”, ha asegurado otro de los portavoces del movimiento, Paco Morote, de la PAH.

La iniciativa plantea 60 enmiendas con cambios de calado, cuyo debate ya se han asegurado porque este jueves Más País las ha asumido todas y las ha registrado. Como el plazo para presentarlas se ha extendido otra semana, otros partidos las están estudiando y también asumirán muchas como propias, aunque probablemente no todas. Es el caso de Unidas Podemos, socio de Gobierno y que ha estado presente en la foto a las puertas del Congreso a través de su diputada Pilar Garrido para mostrar su “apoyo” a la iniciativa. De aprobarse las 60 enmiendas, estas no afectarían solo a la futura ley de vivienda, sino que reformarían aspectos muy relevantes de otras normas de vivienda, como la Ley de Arrendamientos Urbanos, que regula los alquileres.

Una de las enmiendas pide, por ejemplo, que la actualización de las rentas se vincule para siempre al Índice de Garantía de Competitividad. Esta es una medida que el Ejecutivo acaba de aprobar temporalmente en el plan de choque económico por la guerra de Ucrania y que impide que los alquileres, cuando se revisan en cada anualidad dentro del mismo contrato, suban más de un 2%. Pero se reclaman muchos más cambios en relación con la regulación de los arrendamientos, como una extensión mínima de siete años cuando el casero es un particular y de 12 años si es una empresa (frente a los cinco y siete años, respectivamente, que contempla ahora la ley). Proponen, además, que incluso al acabar el contrato el propietario no pueda echar al inquilino sin causa justificada. Y que las prórrogas, en lugar de hacerse anualmente, se hagan también durante otros siete o 12 años.

Sobre la futura norma y una de las medidas que más controversia han provocado, la regulación de precios de los alquileres, piden un mecanismo más sencillo para declarar un área como tensionada. También que los ayuntamientos puedan llevar a cabo esa declaración (el texto del Gobierno solo lo contempla para las comunidades autónomas, por lo que no se aplicaría en las que gobierna el PP, contrario a la medida) y que en las mismas las bajadas de precio obligatorias afecten a todos los caseros, y no solo a las empresas propietarias de más de 10 viviendas.

Pero los alquileres son solo uno de los seis ejes básicos en los que piden intervenir a través de esas 60 enmiendas. Reclaman, además, la garantía de la vivienda como un derecho subjetivo, el fortalecimiento de los parques públicos de pisos de alquiler, nuevas normas que impidan los desahucios de familias vulnerables, nuevas regulaciones hipotecarias y medidas sobre los suministros básicos. Estos grandes bloques se concretan en medidas como la prohibición de cortar el gas, la luz o el agua a las familias vulnerables, la supresión de los beneficios fiscales a las socimis (empresas cotizadas cuyo negocio es arrendar cualquier tipo de inmueble) o la obligación a los bancos y grandes propietarios de ofrecer alquileres sociales.

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