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El Gobierno no va a dejar pasar sin más las concentraciones con gritos y cánticos de homenaje a la dictadura que se vivieron este domingo con motivo del 20-N, la fecha simbólica para los franquistas porque coincide con la muerte del dictador Francisco Franco y de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange. “Ante las imágenes que se han podido ver de manifestaciones durante el día de ayer, con gritos, gestos y cánticos que enaltecen el golpe militar, la dictadura y a sus protagonistas, el Gobierno abrirá expedientes sancionadores a las personas y/o organizaciones que protagonizaron estos actos”, señalan fuentes del Ministerio de la Presidencia, dirigido por Félix Bolaños, el máximo responsable de la nueva Ley de Memoria Democrática. Esta norma prohíbe expresamente ese tipo de actos de exaltación de la dictadura. El Ministerio apunta en especial a la concentración que se produjo en la plaza de Oriente de Madrid este domingo, organizada por el Movimiento Católico Español, a la que asistió un centenar de personas. El acto en sí había sido autorizado por la Delegación del Gobierno, pero los gestos de exaltación del franquismo que se produjeron están prohibidos por la nueva ley de memoria. No se tiene constancia de actos similares en la Comunidad Valenciana, ni en el País Vasco, según fuentes consultadas.
“En el marco de los expedientes sancionadores, se ha solicitado a todas las delegaciones de Gobierno los vídeos, atestados y pruebas que puedan acreditar el enaltecimiento de la dictadura y los responsables de esas conductas contrarias a la Ley de Memoria Democrática”, señalan desde el Gobierno. El Ejecutivo recuerda que con la nueva ley las cosas ya no son como antes para quien haga este tipo de manifestaciones, especialmente para el que las organiza. Durante muchos años, este tipo de actos, que no suelen ser nada multitudinarios ―este año tampoco lo han sido―, simplemente suponían un momento de tensión. Pero ahora las posibles sanciones son elevadas. Preguntado por esas multas por las exaltaciones franquistas del 20-N, el número tres del PP, Elías Bendodo ha respondido: “Una vez más las prioridades del Gobierno no coinciden con las prioridades de los españoles. No coinciden. Esto de cortinas de humo, y más cortinas de humo está muy bien”, informa Elsa G. Blas.
“La sanción máxima a la que se enfrentan los autores del homenaje al golpe de Estado de 1936, la dictadura o sus protagonistas es de 150.000 euros, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran concurrir”, recuerdan en el Ejecutivo. “La España actual se basa en nuestra Constitución y en los valores democráticos que garantizan la convivencia en libertad y rechaza, como los países europeos de nuestro entorno, cualquier enaltecimiento de un régimen autoritario o de sus figuras principales”, rematan en Presidencia.
El Gobierno está especialmente activo en este tipo de cuestiones desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Memoria Democrática, que es uno de los grandes hitos del departamento que dirige Bolaños. El ministro estuvo muy encima de otro momento muy simbólico que viene marcado por la nueva ley: la exhumación de los restos de Queipo de Llano, que abandonaron hace tres semanas el lugar preeminente que tenían en la conocida iglesia de la Macarena, en Sevilla. Esa exhumación del cuerpo de Queipo de Llano, considerado por muchos historiadores el mayor responsable de la brutal represión en Andalucía durante la guerra y la posguerra, era una de las reclamaciones históricas de las víctimas del franquismo y de las asociaciones de memoria, pero no se logró hasta que la ley obligó a hacerlo.
La delegación del gobierno de Madrid autorizó la concentración del domingo del Movimiento Católico español frente al Palacio de Oriente al no apreciar elementos previos para su prohibición, señala el documento de autorización. Desde la Delegación del Gobierno, señalaron a este periódico que salvo riesgo de violencia se aprueban por defecto todas las manifestaciones al estar amparadas por un derecho fundamental a la libertad de expresión protegido en la Constitución. No obstante, la Delegación tomó tres prevenciones: pidió un informe a la abogacía del Estado que dio el visto bueno a la concentración, recibió el compromiso de los organizadores de que no se infringiría la ley actual y se advirtió expresamente que cualquier violación a la Ley de memoria democrática tendría consecuencias a pesar de que el motivo argumentado por el Movimiento Católico para la concentración fue precisamente ese: protestar por la ley de memoria Democrática.
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Según el presidente del Movimiento Católico Español y organizador del acto, José Luis Corral, “la ambigüedad de la actual ley no deja claro lo que se puede o no hacer”. Y rechazó haber incumplido la autorización ya que, según él, no hubo exaltación del franquismo ni humillación a las “supuestas” víctimas del franquismo”, explicó a este periódico. Su discurso frente al Palacio Real, sin embargo, fue un rosario de loas a Franco que incluyeron desde el agua que sale del grifo “y que llega del embalse del Atazar construido por Franco”, a la sanidad pública “que puso en marcha el caudillo”. Durante su intervención, citó el Alcázar de Toledo o el testamento de Franco ante un pequeño grupo de simpatizantes con banderas preconstitucionales y que terminó con el brazo en alto al grito de “Viva España y viva Cristo Rey”. Durante la concentración, Corral dijo que sintió una señal cuando la autorización de la Delegación del Gobierno llegó el miércoles 17 a las 17. “Fue la misma señal que recibieron los militares para iniciar el alzamiento nacional el 18 de julio”, dijo.
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