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La polémica sobre la no vacunación de policías y guardias civiles en Cataluña ha abierto una auténtica guerra de relatos entre la Delegación del Gobierno y la Generalitat sobre quien es el responsable del retraso en la vacunación de este colectivo. Hasta ahora, el departamento de Salud había argumentado que no se inoculó antes a los cuerpos de seguridad del Estado porque no disponían de los censos.
«Queremos puntualizar que nosotros somos personal sanitario, como tal no discriminamos jamás por edad, creencia o profesión. Tanto nos da un guardia civil, un mosso, o un maestro, nos importa un rábano» argumentaba este martes el secretario de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, visiblemente ofendido por las acusaciones de discriminación hacia policías y guardias civiles.
Argimon advertía además que «si nos dedicamos a vacunar a personal esencial, sea guardias civiles, bomberos o farmacéuticos, dejaré de vacunar a gente de más de 60 y de 70» en una polémica contraposición entre franjas de riesgo y personal esencial.
Dos meses de reuniones para acordar la vacunación
La Delegación, sin embargo, responde con un exhaustivo cronograma, al que ha tenido acceso El Independiente.com, en el que relata los dos meses de encuentros que precedieron a la vacunación de agentes nacionales, mientras los mossos eran vacunados.
El diez de febrero, el cuerpo de Mossos d’Esquadra anunciaba el inicio de la vacunación para sus agentes. La delegada, Teresa Cunillera, remite una carta al conseller de Interior, Miquel Sàmper, en la que, textualmente, solicita «información de la fecha de inicio de la vacunación” de Policía, Guardia Civil y otros colectivos incluidos en el Grupo 6 de colectivos prioritarios para la vacunación establecidos por la Comisión de Salud Pública y el Consejo Interterritorial.
Dos días después llega, también por carta, la respuesta de Sàmper, emplazando al lunes siguiente para concretar la vacunación de los funcionarios del Estado incluidos en los grupos prioritarios. Nos vamos al lunes 15, cuando la Delegación traslada a la Generalitat las personas de contacto en cada uno de los cuerpos para organizar el dispositivo de vacunación.
La respuesta no llega hasta diez días después, el 24 de febrero. La Dirección de Servicios del Departamento de Interior les convoca entonces para una reunión el 4 de marzo con representantes de las consejerías de Salud e Interior. La primera reunión de planificación se producirá, por tanto, cuando la Generalitat lleva tres semanas vacunando a mossos y otros colectivos esenciales, como los maestros.
Empieza la planificación
En ese encuentro, y siempre según la Delegación, se ofrece por parte de Policía Nacional y Guardia Civil todo el personal e infraestructura necesarios para poder proceder a la vacunación, así como toda la colaboración posible. El Departament de Salut pide listados de personas a vacunarse, «que se facilitan por parte de todos los cuerpos».
Los departamentos de Interior y Salud de la Generalitat, por contra, insisten en que Policía y Guardia Civil se presentaron «sin el censo» en ese encuentro del 4 de marzo, y añaden que inicialmente se negaban a dar datos del personal a vacunar hasta dos días antes de la inoculación.
La polémica de los censos
Pero desde la Delegación afirman que todos los listados se facilitan «en base a las indicaciones previas del Departament de Salut», que solicitaba ordenar a los agentes en «grupos grandes» para poder hacer la vacunación.
Siguiendo esta petición, los casi 7.000 agentes por vacunar se organizan en nueve grupos, algunos con hasta 1.300 agentes, en un esfuerzo por agruparlos siguiendo indicaciones de la Generalitat. El grupo más reducido es de unos 70 agentes, en la zona del Pirineu, «donde la presencia es menor y debe reunirse en un mismo punto a todos los agentes allí dispersados» señala la Delegación.
Cita fijada… y suspendida
Tras numerosas reuniones para cerrar la planificación para policías y guardias civiles, finalmente se fijan los días 25, 26 y 26 de marzo para inocular a los agentes de ambos cuerpos. Los mossos llevan mes y medio siendo vacunados. Durante esos veinte días, la Delegación intenta avanzar la vacunación de los agentes que prestan servicio en puntos clave, como el Aeropuerto de Barcelona, pero Salud lo rechaza, “a la espera de la validación del plan”.
Sin embargo, 12 horas antes de empezar tanto Policía Nacional como Guardia Civil reciben órdenes del Departament de Salut para desprogramar toda la vacunación de los agentes menores de 60 años, «que son la inmensa mayoría, a pesar del esfuerzo ingente que ha supuesto la organización siguiendo los criterios reclamados».
La Delegación ha reclamado explicaciones desde entonces, sin demasiado resultado. La última vez, este martes, cuando requirió información a Salud sobre cómo se cumplirían las cautelares dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que se equipare la vacunación de todos los cuerpos policiales.
«Acusamos recibo de su comunicación y le informamos de que hemos dado traslado de su contenido a la Dirección correspondiente para que pueda hacer las gestiones que considere oportunas» fue la única respuesta de Salud.
Suspensión de las vacunación con AstraZeneca
El 8 de abril, el director de Serveis del Departament de Salut comunica oficialmente a Policía Nacional y Guardia Civil que se suspende la vacunación de menores de 60 años, coincidiendo con la decisión de la Comisión de Salud Pública.
Tras estallar la polémica, tanto la consellera de Salud, Alba Vergés, como Argimon han argumentado que el hecho de que solo el 10% de los policías nacionales y el 6% de los guardias civiles hayan sido vacunados en Cataluña respondía a la suspensión y posterior limitación del uso de AstraZeneca.
Pero lo cierto es que la suspensión se produjo entre el 15 y el 24 de marzo, cuando todavía no se había inoculado ni una vacuna a estos colectivos en España. Y la limitación posterior no impidió llegar al 80% de los mossos. Porque cuando se tomó esa decisión, los policías autonómicos llevaban dos meses siendo vacunados.
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