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Monseñor José Luis Escobar Alas pidió a los diputados de la Asamblea Legislativa aprobar la reforma a la Constitución de la República en el artículo 2 para reconocer el derecho humano al agua y saneamiento, ya que desde el pasado 7 de septiembre se comprometieron a tratar el tema en 15 días para pasarla al pleno y que fuera aprobada, pero ya ha pasado un mes y no han cumplido.
“El reconocimiento del derecho humano del agua y saneamiento, es un derecho humano universal, declarado por la ONU, no reconocerlo sería un absurdo y un defraudar al pueblo salvadoreño”, expresó Monseñor Alas.
El Arzobispo también pidió para que no se autorice la urbanización de Valle El Ángel, ya que causaría graves daños al medio ambiente y la pérdida de ese importante reservorio de agua, el río Chacalapa y demás fuentes de agua que abastecen a las comunidades de Apopa, Nejapa, Quezaltepeque y Mariona.
“El reconocimiento al derecho humano del agua y saneamiento, es un derecho humano universal, no reconocerlo sería defraudar al pueblo salvadoreño”.
Monseñor José Luis Escobar Alas, Arzobispo de San Salvador
En la misma línea, el religioso pidió a los funcionarios de los tres poderes para que no haya más tensión en torno a los problemas del país: “Estamos viviendo una grave situación política de violencia verbal y desprestigio mutuo entre los funcionarios, pedimos un espíritu de respeto mutuo, de dialogo y mucha cordura”. Además añadió que pronto puedan solucionar la falta de pago de algunos empleados públicos.
En cuanto al nombramiento de la nueva embajadora en Estados Unidos, Milena Mayorga, y las constantes criticas, el sacerdote pidió darle una oportunidad: “Son los hechos los que determinaran si lo hizo bien o no”.
En otro tema, el arzobispo también se refirió sobre la obstrucción militar al juez del caso El Mozote, asegurando que los archivos militares deben estar a disposición de las víctimas del conflicto armado para que haya “justicia y reparación”.
«Como iglesia quisiéramos que los archivos fueran abiertos para que se conozca la verdad, que es un derecho a las víctimas», manifestó.
De igual manera, asegura que como arquidiócesis desconoce de la existencia o inexistencia de los archivos, “si existen, en algún lugar deberían estar y si fueron destruidos se deben deducir responsabilidades”, afirmó.
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