Advirtió que esta situación judicial no le afectará: «Soy candidata a la alcaldía de Més para 2023 y continuaremos en esta línea». En cuanto a la compatibilidad de su candidatura con el código ético de su partido, Neus Truyol explicó que no le impedirá optar a la alcaldía de Palma ya que «se debe dejar el cargo si son investigados por corrupción o en contra de los ideales políticos de Més per Mallorca. Precisamente somos un partido ecologista que ha llevado a cabo la protección del medio ambiente». Truyol mostró su sorpresa por la petición de cuatro años de cárcel por parte de la Fiscalía, «una acusación tan clara y rotunda hacia mi persona y hacia el equipo de Emaya» y aludió a «la politización de la justicia, no solo en Mallorca sino en todo el país».
La regidora señaló que «estamos en una causa judicial que mucha gente no entiende porque el trabajo hecho a partir de 2015 avala que puse en marcha todos los mecanismos para mejorar la situación y los frutos se recogerán en los próximos años». Además, estos vertidos «históricos» se llevaban produciendo desde mucho antes de que la regidora entrase en el Ajuntament. «Emaya llevaba un registro de vertidos diarios y en los diez años anteriores [a su entrada en la empresa pública] hubo vertidos y no se tomó ninguna medida». Truyol explicó que «sorprende que el problema de los vertidos solo se investigue y se considere delito a un equipo que solo llevaban gobernando dos años».
La presidenta de Emaya de la anterior legislatura se ha referido así a la próxima inauguración del tanque de laminación y el depósito de tormentas, que ya solucionarán el 90 por ciento de los vertidos que sufre la bahía de Palma y que están en la fase final de la obra, mientras que el Gobierno central ya ha destinado 142 millones a la licitación y ejecución de la nueva depuradora del municipio. A su llegada a la presidencia de Emaya, en 2015, Neus Truyol fue informada «por los técnicos de la situación del colapso y el envejecimiento de la depuradora. Es cuando se decidió el cierre de la playa y la búsqueda de financiación» para solucionar los problemas históricos de los vertidos de aguas sucias en la costa. Esta situación «era conocida por todas las administraciones», insistió Truyol, haciendo referencia al Gobierno central, al Govern balear y al Ajuntament de Palma. Al llevar a cabo los cierres de las playas, «actuábamos dentro de la normativa».
