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Pablo de Greiff, durante su visita a España en marzo de 2014.
Pablo de Greiff, durante su visita a España en marzo de 2014.

Su nombre se repitió el martes en multitud de ocasiones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, presentó la nueva ley de memoria. La razón es que el demoledor informe que Pablo de Greiff redactó en 2014 tras visitar España como relator especial de la ONU ha sido fundamental en la redacción de la norma que el Gobierno llevará a las Cortes. En los últimos meses, De Greiff ha sido consultado en varias ocasiones por el secretario de Estado para la memoria democrática, Fernando Martínez, y ha ido recibiendo los borradores del texto. El martes, tras la presentación del documento, el experto en derechos humanos charló con EL PAÍS desde Nueva York, donde es profesor de Derecho en la NYU.

Pregunta. ¿Cuáles eran las principales carencias o defectos de la ley de memoria de 2007?

Respuesta. España podía haber hecho mucho más en ese momento. La interpretación de la ley de amnistía hacía al sistema judicial completamente inaccesible a los ciudadanos y creo que eso era un error. La ley privatizaba la búsqueda de restos y hacía que toda la carga recayera en los familiares de las víctimas, cuando era el Estado quien debía asumirla, y permitía que no hubiera equidad dependiendo del territorio donde se encontraran las fosas. La anulación de las sentencias era algo fundamental y al Gobierno le faltó determinación. Uno siempre vuelve de estas misiones con una imagen particularmente dolorosa. La mía en España fue la de una mujer que tenía la misma edad de mi madre y que me explicó que a ella le habían dicho que a sus padres los habían fusilado por ser asesinos. Ella, que tenía cinco años cuando ocurrió, lloraba diciéndome que lo había creído hasta que supo que los habían matado por ser maestros y pertenecer a un sindicato de maestros. Esa carga sobre los ciudadanos es cruel. Siempre pensé que la anulación de las sentencias era un tema relativamente fácil de solucionar. Varios países que pasaron por ese mismo proceso lo habían hecho. Para las familias era crucial sobre todo en un contexto en el que las víctimas del otro lado han sido homenajeadas y beneficiadas económicamente mientras ellos eran olvidados y represaliados. Ha habido una asimetría brutal en el tratamiento de las víctimas, y la ley no hacía lo suficiente para restablecer ese balance.

P. ¿Qué cambios de la nueva ley le parecen más importantes?

R. La ley expresa la voluntad del Gobierno de hacerse cargo de las exhumaciones y centralizar el proceso. Y que se cree un fiscal especial también es muy importante porque abre posibilidades que hasta ahora las víctimas no tenían. Veremos qué atribuciones y recursos se le da.

P. Otra de las novedades de la norma es que prevé la extinción de fundaciones como la que lleva el nombre de Franco. ¿Es su existencia una anomalía en Europa?

R. Absoluta. En el entorno europeo no hay nada parecido y existe una legislación que impide la apología del odio y criminaliza el negacionismo. La nueva ley acerca a España en este sentido al contexto europeo, donde no cabe una Fundación Hitler o una Fundación Mussolini.

P. El líder de la oposición en España, Pablo Casado, ha sugerido en el Parlamento que la Guerra Civil no comenzó por un golpe de Estado.

R. Wow. La democracia necesita tener respeto por la verdad. Nada me aterra más en este momento que la forma en que se está manipulado la Historia a nivel político en tantos lugares del mundo. Es una amenaza brutal. Y es especialmente triste porque están utilizando métodos democráticos para socavar la democracia. Nos debe preocupar a todos, independientemente de si uno es de izquierdas o de derechas.

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