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Enrique Menéndez cree que en algunos puntos la ley olvida a las víctimas de la represión republicana y «da preferencia» a las del Franquismo

SANTANDER, 17 Mar. (EUROPA PRESS) –

El abogado y político socialista Juan Andrés Perelló, actualmente embajador delegado permanente de España en la UNESCO, se ha felicitado del «buen» proyecto de ley de Memoria Histórica de Cantabria que se está tramitando en el Parlamento regional; lo ve «bastante acertado», y «trabajado» y cree que ofrece una «visión más completa» que otros textos legislativos que hay en esta materia en el país.

Así se ha pronunciado este miércoles Perelló en el Parlamento de Cantabria, donde, como experto en la materia, ha sido el encargado de abrir las comparecencias para informar sobre el proyecto de ley de Memoria Histórica de Cantabria.

El coautor de varios proyectos legislativos de Memoria, entre ellos la proposición de ley que el PSOE registró en el Congreso en 2017 para reformar la actual Ley de Memoria Histórica de 2007 ha destacado, entre otros aspectos del texto cántabro, que, a diferencia de otros, «incorpora la actualidad del Derecho Humanitario a nivel internacional», algo que ha resaltado.

Y es que aunque el exdiputado socialista en las Cortes Valencianas, exsenador y exeurodiputado y actual secretario del Área de Justicia, Nuevos Derechos y Libertades del PSOE no niega que los proyectos autonómicos y estatal tengan «carga política», cree que este tipo de texto, y más ya en estos momentos, «deben enmarcarse» en el ámbito del Derecho Humanitario Internacional y en los Derechos Humanos en general.

«Ya no estamos haciendo con estas leyes un análisis de la Historia que cada cual puede contar como quiera, sino intentando resolver las consencuencias de un periodo en la Historia que tienen como resultado que hay compatriotas indignamente tratados por la Historia, que todavía no han merecido una sepultura digna, algo que es un derecho humano», ha apuntado.

Por otra parte, también ha opinado que en el proyecto de ley cántabro los principios de «verdad, justicia, reparación y no repetición» están «suficientemente recogidos».

Un aspecto que le ha «llamado la atención» a Perelló del proyecto de ley de Memoria Histórica de Cantabria, y que, según ha dicho, es una «singularidad» respecto a otros que hay en España, es que el ámbito temporal que aborda la norma es más amplio que en los de otras comunidades autónomas, pues no solo llega del 18 de julio de 1936, día del golpe de Estado militar contra el Gobierno de la II República, hasta que se aprueba la Constitución Española de 1978 sino que se alarga hasta el Estatuto de Autonomía de Cantabria, aprobado en diciembre de 1981 y que entró en vigor el 1 de febrero de 1982. Según ha dicho, esto no hace al texto «ni mejor ni peor» que otros pero sí lo «distingue».

LAS CRÍTICAS DEL PP

De todos los portavoces de los grupos que han intervenido –el de Vox solo lo ha hecho para agradecer su comparecencia a Perelló–, el más crítico ha sido el del PP, Íñigo Fernández, que ha opinado que este proyecto de ley «no busca quitar carga o intensidad política» a la cuestión «sino al revés».

El diputado del PP considera que en esta ley, que a su juicio tiene un lenguaje y una retórica «sectarista» y «marxista-estalinista», no se aprecia «ninguna voluntad de pasar página» de este capítulo de la Historia sino «el deseo de mantener abiertas las heridas».

Fernández ha asegurado que el PP estaría dispuesto a sentarse a hablar de una ley que favoreciera la búsqueda de los restos de las víctimas, de los dos bandos, para darles una sepultura digna –algo en lo que a su juicio deberían centrarse «casi esencialmente este tipo de leyes»–, pero no está de acuerdo con una ley que, en su opinión, pretende «reabrir heridas» y «alejar» a a sociedad de los «puentes» y «puntos de encuentro» establecidos en la Transición.

Además, ha manifestado que esta ley tiene algunos aspectos que al PP le generan «mucho miedo» y que, en algunos casos, son para «echarse a temblar», como la previsión de creación de órganos como la Comisión de la Verdad.

Así, Fernández se ha preguntado quiénes la van a integrar y se va a encargar de decir «qué es y no es verdad». «Esto es muy peligroso y muy estalinista», ha afirmado el diputado, que tambien cree que esta ley puede traducirse en «adoctrinamiento escolar».

También ha expresado su preocupación por el uso que se va a dar a los recursos públicos dirigidos a los grupos memorialistas. Así, se ha mostrado de acuerdo en que se destinen fondos a ayudar a las familias a buscar los restos de sus seres queridos pero ha advertido que a veces estos recursos públicos solo acaban sirviendo para crear «chiringuitos» que son «agencias de colocación» de «amigos» y «afines».

Por su parte, Cs ha considerado «enriquecedora» la comparecencia de Perelló y PRC y PSOE han defendido a la norma que se está tramitando y a su necesidad.

ENRIQUE MENÉNDEZ

A la comparecencia de Perelló, le ha seguido la de Enrique Menéndez, licenciado en Derecho y doctor en Historia y autor e investigador en trabajos sobre la represión republicada y franquistas, que ha opinado que el proyecto de ley de Memoria Histórica de Cantabria «aporta cosas» pero cree que al mismo «le faltan» otras.

En este sentido, sí ha afirmado la ley «ayuda a rehabilitar la memoria» y los derechos de «miles y miles» de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura de Franco pero ha opinado que, en algunos aspectos de la norma, el legislador «parece abstraerse» de la Historia de Cantabria en este periodo.

Ha opinado que la ley, en algunos de los artículos, se olvida de las víctimas de la represión republicana y «da preferencia» a las que se produjeron durante la Dictadura franquista. «La ley tiene que recoger todas y cada una de las víctimas», ha defendido.

También cree que debe ser «más clara y precisa» puesto que ve «confusión» en algunas «definiciones» y considera que hay cuestiones temporales que deben «matizarse».

También ha opinado que algunos de los aspectos que podrían considerarse sancionables en esta ley cántabra, como por ejemplo los que tienen que ver con la apología del Franquismo, podrían entrar «en contradicción» con los límites del derecho a la libertad de expresión que emanan de la Constitución.

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