El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, presentó ayer una demanda de inconstitucionalidad contra la omisión de la actual de la Asamblea Legislativa al no regular el derecho humano al agua y decidir archivar el proyecto de la Ley General del Agua que había sido trabajado por varios años y en legislaturas anteriores.

Tobar acudió a la Sala de lo Constitucional de la Asamblea Legislativa, como Órgano del Estado, para pedir que se regule el acceso al agua como bien público. “Una vez sea declarada la Constitución también pido que se le ponga a la actual Asamblea un plazo perentorio razonable para que puedan emitir una ley que respete los estándares internacionales de derechos humanos”, explicó.

“Al no existir una norma que regule el derecho de la población al vital liquido se genera una violación a los derechos que los salvadoreños tienen en la misma Constitución y en varios compromisos asumidos internacionalmente”, añadió Tobar.

El procurador dejó entrever que no le preocupa la aparente relación política que actualmente existe entre la Asamblea Legislativa y los magistrados de la Sala de lo Constitucional que fueron impuestos por el mismo Legislativo el pasado 1 de mayo, en un acto que ha sido criticado ampliamente por varios defensores de derechos humanos y por varios países.

“Creo que esta es una buena oportunidad para demostrar cómo abordarán este tipo de temas. Lo que hay que ver es cómo trabajarán el derecho al agua. En el proyecto de ley que se archivó habían propuestas de la sociedad civil y hay varios insumos sobre los cuales se puede generar una ley que regule el acceso al agua. Esperamos que los magistrados asuman un rol de defensa del derecho al agua que tenemos todos”, declaró.

La Ley General de Agua que fue enviada al archivo a mediados de mayo ya estaba avanzada en 111 artículos, ya se había establecido el agua como bien público y que solo el sector público podía administrarla. La primera propuesta había sido presentada hace 15 años.

El Foro del Agua, que había presentado la propuesta inicial, y el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, también se pronunciaron recientemente contra la decisión legislativa de archivar el trabajo.

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